El Ministerio Público Fiscal porteño, que encabeza Juan Bautista Mahiques, puso en marcha y difundió hoy una “Guía de Actuación” que establece el protocolo para la identificación, tramitación e investigación de los casos de violencia institucional de su competencia y prevé dar intervención a una Fiscalía Especializada en Violencia Institucional (FEVI) creada con el propósito de investigar especialmente estos delitos.
La Guía de Actuación, según se informó en un comunicado oficial, “se nutre de los estándares internacionales y mejores prácticas vinculadas a la investigación judicial de esta problemática, y los presenta en forma sistemática y clara para contribuir a garantizar un adecuado acceso a la Justicia, el pleno respeto de los derechos humanos y la realización de una investigación seria, objetiva y efectiva”.
Entre los puntos destacados por las autoridades del protocolo se encuentra “la incorporación del Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, como parte integrante de la Guía, así como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la materia”.
A partir de esta resolución, las fiscalías con competencia general deberán remitir el caso a ser investigado a la unidad especializada en violencia institucional para su análisis. Asimismo, en el supuesto que la FEVI discrepare con el encuadre propuesto, devolverá el caso a la dependencia de origen y en caso de que esta última mantenga su criterio, la controversia será resuelta por la Fiscalía General Adjunta.
Desde el organismo se aclaró que el giro a la dependencia especializada podrá hacerse “en cualquier momento de la investigación (cuando surjan) los elementos constitutivos de la violencia institucional”.
“Siguiendo la política de especialización llevada a cabo por el Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad, la Fiscalía 11, a cargo de Valeria Massaglia, asume la competencia especial en toda la ciudad de Buenos Aires para intervenir específicamente en los casos de violencia institucional, entendiendo por ésta los hechos cometidos por funcionarios/as públicos/as en ejercicio de sus funciones y en un contexto de restricción de la autonomía o de la libertad de la víctima”, se informó.
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