ARA San Juan: Aguad buscó aliviar la situación judicial de Macri, pero los familiares no le creyeron

También declaró el ex secretario de la Presidencia Fernando De Andreis, que dio detalles sobre la seguridad de Macri

Macri y Aguad, ambos imputados en la causa del Correo Argentino (Adrián Escandar)
Macri y Aguad, ambos imputados en la causa del Correo Argentino (Adrián Escandar)

El ex ministro de Defensa macrista Oscar Aguad y el ex secretario de la Presidencia Fernando De Andreis buscaron hoy acompañar la estrategia judicial de Mauricio Macri en la causa en la que se lo investiga por espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan. Aguad sostuvo que el ex presidente estaba al tanto de los reclamos de las víctimas porque él mismo se los había informado y entregó dos escritos, uno de los cuales era un punteo de esos pedidos que él había escrito y remitido al ex mandatario, indicaron fuentes judiciales.

Según explicó, él había encabezado una reunión con un grupo de familiares en la base naval de Mar del Plata el 25 de enero de 2018. La reunión con Macri en Casa Rosada tuvo lugar el 4 de febrero. En esa oportunidad, Macri les anunció que se ofrecería una recompensa para quien aportara datos que permitieran localizar al submarino. Hacia más de 80 días que la nave estaba desaparecida.

El escrito, que para la defensa de Macri podría tener valor, tiene el punteo que armó el Ministerio de Defensa tras la reunión del 25 de enero en donde se planteaba la necesidad de no abandonar la búsqueda del submarino, contratar equipamiento para rastrillarlo, asistir a los hijos de los marinos desaparecidos, instrumentar el pago de una recompensa y concretar un reconocimiento a las víctimas. Hay agregados de puño y letra de Aguad, que él mismo pidió peritar para corroborar no sólo su grafía sino que afirmó que podrían autentificarse que fueron hechos en aquella fecha.

Los familiares pusieron dudas sobre sus dichos, hablaron de “contradicciones” e incluso no descartaban denunciar a Aguad por falso testimonio luego de estudiar la declaración, según adelantó a Infobae el querellante Luis Tagliapietra, padre de uno de los marinos fallecidos. La sospecha para los familiares está en cuándo el ex ministro dijo haberle informado a Macri de sus reclamos y el pedido de recompensa.

No obstante, Tagliapietra señaló: “A Aguad lo aprovechamos para preguntarle muchas cosas, pero respecto del espionaje ilegal dijo que no sabía absolutamente nada”. Fue la primera vez que los familiares querellantes lograron verse cara a cara con el ex encargado de Defensa. En la causa por la desaparición del submarino, que tramita ante la justicia de Caleta Olivia, Aguad había declarado por escrito. Aquí, el ex funcionario había intentado declarar por zoom porque estaba en Córdoba al momento de la citación, pero el juez Bava no lo autorizó.

Fernando De Andreis, ex Secretario General de la Presidencia (archivo/Nicolás Stulberg)
Fernando De Andreis, ex Secretario General de la Presidencia (archivo/Nicolás Stulberg)

Por su parte, De Andreis afirmó que la Casa Militar, que estaba bajo su órbita, no ordena tareas de inteligencia ni investigación respecto de las personas con las que se reúne el presidente. Subrayó que Macri y su familia recibían amenazas permanentemente. Pero tanto él como Aguad coincidieron en señalar que los familiares de las víctimas del submarino hundido no podían representar un peligro para el entonces jefe de Estado.

Los testimonios de los ex funcionarios habían sido solicitados por el abogado Pablo Lanusse, defensor de Macri, en el marco de la indagatoria que tuvo lugar hace una semana en Dolores. El juez Martín Bava, cuestionado por Macri, lo dispuso al día siguiente. El ex presidente asegura que nunca espió a nadie y que esta es una causa política. Además, enmarcó varios de los hechos que se investigan en cuestiones de seguridad presidencial que estaba en manos de la Casa Militar y la AFI.

Mañana esta previsto que también declaren Alejandro Cecati, ex jefe de la custodia de Macri y José Luis Yofre, ex jefe de la Casa Militar. En tanto, los testimonios previstos de la interventora de la AFI Cristina Caamaño -denunciante en esa causa-, y el diputado del PRO Cristian Ritondo -integrante de la comisión de seguimiento a los organismos de inteligencia- podían concretarse por escrito a través de un pliego de preguntas. Para todos, el presidente Alberto Fernández dispuso el levantamiento del secreto de Estado en el marco de la ley de inteligencia.

El juez Martín Bava (Franco Fafasuli)
El juez Martín Bava (Franco Fafasuli)

La expectativa de la defensa está puesta en la audiencia que se sustanciará el viernes próximo en Mar del Plata ante la Cámara Federal. Allí buscan exhibir las pruebas para apartar al juez Bava, poniendo el foco en lo que sucedió el jueves 28 de octubre, cuando Macri se presentó por primera vez en el juzgado y, tras escuchar la acusación, pidió suspender la audiencia porque no se había solicitado el relevamiento del secreto de Estado. A criterio de la defensa, esto demostraba el apuro del juez en tiempos electorales.

Cuando finalmente la indagatoria se concretó el 3 de noviembre, Macri afirmó: “Queda claro que usted está muy apurado para procesarme antes del 14 (de noviembre, día de las elecciones), con lo cual yo no le quiero demorar más el tiempo”. En un escrito, acusó al juez de no tener “independencia frente al poder político” y afirmó que jamás espió ni ordenó espiar a nadie, ni recibió informes de inteligencia de las víctimas del Ara San Juan, tras considerar a la causa como una “parodia descabellada”.

En febrero de 2018, familiares de los tripulantes del ARA San Juan fueron recibidos por primera vez por el entonces Presidente de la Nación, Mauricio Macri (archivo)
En febrero de 2018, familiares de los tripulantes del ARA San Juan fueron recibidos por primera vez por el entonces Presidente de la Nación, Mauricio Macri (archivo)

El pasado 1 de octubre, Macri fue llamado a indagatoria sobre seis hechos en donde se lo acusa de haber espiado a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, el submarino que se hundió en las aguas del Océano Atlántico en 2017 y que recién fue localizado un año y dos días después en un lugar cercano a donde había desaparecido. La acusación sostiene que, desde la AFI, se espió a los familiares para controlar sus reclamos ante la opinión pública. Por el caso ya están procesados los ex directivos de la central de espías Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, junto a un grupo de funcionarios y agentes.

“Desde su cargo de Presidente de la Nación, por lo menos en el período comprendido entre el mes de diciembre del año 2017 y finales del año 2018, ordenó y posibilitó la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias, consistentes en la obtención de información, producción de inteligencia, y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos”, dijo el juez al describir la imputación a Macri.

Las pruebas que pidió la defensa de Macri, en marcha, hacen creer que el juez Bava no tendrá una definición procesal sobre Macri antes de las elecciones. Las opciones son tres: procesarlo, sobreseerlo o dictarla falta de mérito. Cualquier decisión, se estima, será apelada por las partes que no queden conformes con la resolución.

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