Con cruces por los ataques mapuches, el Senado prorrogó la suspensión de desalojos a comunidades indígenas

La presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma, abrió esta tarde la segunda sesión con presencialidad plena desde que comenzaron a distenderse las restricciones adoptadas por la pandemia de coronavirus con una agenda de temas sociales y económicos.

Aunque era una sesión presencial, y era algo que venía reclamando la bancada de Juntos por el Cambio, al abrirse la sesión la bancada opositora no estaba en sus lugares. En este caso no tuvo nada que ver con la generación del quórum, ya que el oficialismo cuenta con el número necesario, sino que parte de los senadores habían viajado a la ciudad de Dolores para acompañar al ex presidente Mauricio Macri en su indagatoria por la causa del ARA San Juan.

La sesión contó con un temario de acuerdo, tanto que se sumó sobre tablas -sin pasar por comisiones- el proyecto de alivio fiscal que fue aprobado hace pocos días en Diputados. Pero los cruces llegaron cuando comenzó a discutirse la prórroga de la emergencia territorial indígena, que recibió dictamen de comisión a fines de septiembre y cuyo vencimiento opera el 23 de noviembre.

El proyecto buscaba prorrogar por cuatro años más la Ley 26.160 de emergencia sobre las tierras que habitan las comunidades indígenas y dispone que en los cuatro ejercicios presupuestarios que se aprueben con posterioridad se deberá asignar al Fondo Especial creado por la ley una suma de 290 millones de pesos.

Luego de que el oficialismo presentara la norma, y de algunos discursos de legisladores provinciales, se pudo observar que en la oposición no había un posición unánime. Mientras los senadores radicales anunciaron que iban a apoyar la iniciativa, los del PRO -salvo Gladys González- dijeron que se iban a abstener. El punto fundamental de la abstención de ese sector se debió a que pidieron una modificación del artículo primero para establecer que las tierras que se iban a respetar y no se iban a desalojar eran las que las comunidades tenían hasta la fecha en que se aprobó la ley. La intención era bloquear cualquier tipo de toma de tierras bajo el amparo de esta norma que prohíbe los desalojos.

Aunque hubo modificaciones, no fueron todas las que pedía la oposición y finalmente se aprobó por 43 votos afirmativos, 2 votos negativos y 7 abstenciones.

En el oficialismo explicaron que las modificaciones pedidas no eran válidas porque la norma establece que son las tierras “ancestrales” y las organizaciones indígenas con personería jurídica las que están protegidas y que eso excluía a la RAM. “Con esto ya quedaba establecido y salvada la discusión”, dijo el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans.

Esto no conformó a cierto sector de la oposición, que cuando se suscitó el debate apuntó a la complicidad del Frente de Todos respecto a los conflictos y la violencia que se viven en el sur respecto de la agrupación RAM, lo que elevó el tono del debate.

El primero en hacer referencia al conflicto fue el senador radical de Juntos por el Cambio de Córdoba, Ernesto Martínez, quien luego de asegurar que era “la tercera vez” que le tocaba votar la prórroga y que, aunque las veces anteriores acompañó, en esta no lo haría “porque no se puede dejar esta ley así como está porque se le da a la RAM la posibilidad de tener la excusa de toma de tierra y que no se los pueda sacar”.

Para el senador cordobés, que en el medio de su discurso se cruzó con varios de sus colegas del oficialismo y que calificó los hechos de violencia como actos “terroristas” llevados a cabo por “subversivos”, “si se pudiera excluir de la norma a Río Negro y Chubut, se podría votar favorablemente, pero esto no es posible y frente al desafío de la RAM, votar esta prórroga es un desafío institucional”.

En la misma línea, la senadora cordobesa Laura Rodríguez Machado pidió al oficialismo el cambio: “Si no lo hacen por convencimiento ideológico, háganlo por los votos en contra que van a tener el 14 de noviembre”.

“Están permitiendo que se produzcan usurpaciones, toma de propiedades y la Justicia no va a poder actuar. Con esta norma impiden que la justicia pueda intervenir en estas nuevas comunidades que aparecen ahora y se hacen de pueblos originarios, si no lo cambian, me voy a abstener porque en el sur hay mucha gente que la está pasando muy mal y si continua así van a perder sus bienes”, sentenció.

Pero Rodríguez Machado, que es considerada como una “halcón”, fue un poco más lejos y teniendo en cuenta que se vive un proceso electoral, avanzó y dijo: “Si ustedes votan esta norma yo me voy a encargar de hacer llegar el video a todo el sur”.

La respuesta llegó de parte del senador por el Frente de Todos de la provincia de Santa Cruz Alfredo Luenzo, quien primero dijo que Martínez hablaba “desde el desconocimiento” y que para entender lo que sucede en esa parte del país “se informa por algunos medios”.

“Es grave en este recinto emplear la palabra terrorismo, subversivo. Lo que se observa es que se vuelve a reeditar una necesidad que tiene la derecha de encontrar un enemigo interno como ya lo encontró el gobierno anterior con el caso Santiago Maldonado y Rafael Nahuel”.

Respecto a la RAM y la disputa que se generó por la negativa del Gobierno de apoyar el pedido de Río Negro, Luenzo dijo que “hay un grupo reducido que comete delitos que son delincuentes” y que la respuesta “la tiene que dar la justicia y no el poder político”.

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