El fiscal federal de Dolores Juan Pablo Curi solicitó que convoque a declarar como testigos a todos los directores y subdirectores de la ex SIDE y AFI desde el 2001 a la fecha, salvo -claro- Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, que estuvieron al frente de la central de espías en el macrismo y se encuentran procesados. Para ello, también reclamó relevarlos de la obligación de guardar secreto. Curi incluyó en su planteo la citación a los responsables de la Casa Militar de Presidencia de la Nación desde la misma fecha hasta la actualidad.
El dato, revelado esta mañana por Infobae, se concretó en el marco de uno de los legajos reservados que se analizan en el marco de la causa por la que el ex presidente Mauricio Macri fue convocado a declarar en indagatoria este jueves, sospechados del espionaje que se le hizo a los familiares de las víctimas del submarino Ara San Juan, desaparecido en 2017. Ahora debe resolverlo el juez Martín Bava.
Se trata de esclarecer cómo se manejaba históricamente la seguridad presidencial. El planteo surgió a raíz de “las diferencias y contradicciones advertidas en relación a los diversos descargos efectuados por los imputados (ya sea en forma verbal al prestar declaración indagatoria o, bien, a través de los escritos acompañados”.
En declaraciones públicas, el ex jefe de Estado también afirmó que involucrarlo en este tipo de maniobras de espionaje ilegal “es desconocer cómo funciona la Casa Militar y la custodia del Presidente, que a cada lugar que va tiene que naturalmente saber con quién se va a reunir”.
El fiscal Curi hizo hincapié en que “las diligencias que se detallarán no sólo permitirán la evacuación de citas de las personas sometidas a proceso” y reunir información clave no solo para esta causa del Ara San Juan sino también para la causa de las bases AMBA. A criterio del Ministerio Público, estos datos permitirán además evaluar “comprobar la extensión del daño causado y, en su caso, individualizar otros autores, partícipes, encubridores o instigadores que pudieran haber tenido algún tipo de intervención.
En ese contexto, Curi solicitó que el jefe a cargo de la Casa Militar de Presidencia de la Nación “tenga a bien remitir toda normativa que regule la vinculación de ese organismo con la Agencia Federal de Inteligencia y, de modo específico, se brinden las explicaciones del caso -en la medida que no existan obstáculos para ello- respecto al modo en el que se operativiza la coordinación entre la referida Casa Militar y el organismo de inteligencia nacional”. Quiere también “un informe detallado con la nómina de quienes revistieron como máximas autoridades de tal dependencia desde el año 2001 a la actualidad[1], con especificación de sus datos personales y de contacto”.
A la interventora de la AFI Cristina Caamaño, le solicitó que detalle qué lugar ocupa jerárquicamente, desde cuándo existe y qué hace el área identificada como “Avanzada Presidencial”. También que dependencias y departamentos tiene; qué misiones lleva adelante cada sector y quienes cumplieron servicios allí desde 2001 hasta ahora.
Aunque la información sea pública, Curi quiere los datos sobre “las máximas autoridades (Directores y Subdirectores) de la Agencia Federal de Inteligencia o de la anterior Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE)” desde 2001. “Una vez que se obtengan los datos vinculados a las autoridades del organismo de inteligencia, se convoque a prestar declaración testimonial a esas personas (a excepción, por supuesto, de quienes se encuentran actualmente imputados en autos) a los efectos de que se explayen sobre las funciones del organismo, dependencias que los conformaban y, en particular, al modo en el que se producía inteligencia nacional en los términos de la ley 25.520″, se señaló.
Lo mismo solicitó para quienes fueron “máximas autoridades de la Casa Militar de Presidencia de la Nación” para tener “un panorama más específico y detallado sobre el modo en el que se interrelacionó históricamente esa dependencia con el organismo nacional de inteligencia.” La diligencia busca saber “cuál es la normativa interna que regula cómo se debe materializar la articulación entre ese organismo de inteligencia con la Casa Militar de Presidencia de la Nación, como así también con las fuerzas de seguridad en relación a todo lo atinente a la seguridad presidencial (tal como la Dirección General de Protección de Estado de la Policía Federal Argentina)”.
“La proposición de esta medida no es a los efectos de conocer detalles sobre el funcionamiento del organismo durante sus gestiones o cuestiones que podrían revestir carácter secreto o confidencial, sino obtener un panorama más generalizado sobre el modo en el que se produjo históricamente la inteligencia nacional (ciclo de inteligencia); ello así, en base a sus trayectorias y conocimientos en la materia”, se añadió.
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