
Las autoridades de los distritos del conurbano afines al Gobierno comenzaron hoy con las inspecciones militantes para controlar que se cumpla la polémica resolución 1050 de la Secretaría de Comercio que retrotrae los valores de 1.432 productos al 1 de octubre y los fija durante tres meses. Los inspectores se enfocaron principalmente en los grandes supermercados, con un relevamiento que no incluyó multas pero que podría desembocar en sanciones futuras de parte de la Nación en caso de que se hayan detectado infracciones.
Distintas fuentes del sector de los supermercadistas revelaron en diálogo con Infobae que el avance de los inspectores se produjo desde la mañana en los principales comercios del conurbano y en algunas provincias, como Córdoba y Chubut.
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“Los controles ya empezaron en muchos lugares, prácticamente en todo el Gran Buenos Aires. Han sido muy tranquilos, lo hicieron con conciencia de que esto está empezando y se encuentra en proceso de consolidación”, dijo un importante referente del sector, que consideró que los controles se realizaron como una forma de advertir y mostrar músculo. “Se empezaron a tirar los cambios de precios recién ayer. A pesar de que existe la fantasía de que uno aprieta un botón y se cambian los precios, en el Gobierno saben que no es así”, agregó. Por el momento, no hubo registro de controles en autoservicios y almacenes.
Las inspecciones se realizaron “en paz”, dijo un referente del sector, excepto por algunos casos puntuales donde militantes realizaron pintadas en comercios. Fueron “situaciones aisladas”, dijeron los supermercadistas. Y reconocieron que, por el momento, no hubo registro de infracciones.
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Sin embargo, no se descartó que después del relevamiento puedan emitirse multas, en caso de detectarse incumplimiento de la resolución que estableció la “fijación temporal de precios máximos de venta al consumidor para todos los productores, comercializadores y distribuidores” de 1.432 productos de consumo masivo en todo el territorio nacional. De todas formas, en el sector aseguraron que todos los precios “están fijados conforme a la resolución”.
“Por ahora no hay multas. Al ser una norma federal que se efectuó con un acto administrativo, ni las provincias ni las municipalidades tienen la potestad de imponer sanciones. Sí pueden relevar, y si resulta que hubo una infracción, se eleva el expediente a la Secretaría de Comercio, que decidirá qué hacer”, agregó una fuente.
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La polémica decisión de imponer controles de precios fue tomada cuando promediaba esta semana por la Secretaría de Comercio, que conduce desde hace dos semanas Roberto Feletti. Se aplicó después de una ronda de negociaciones impulsada por el área con todos los actores que integran la cadena de producción y comercialización de los diversos rubros que conforman la canasta. Pero no hubo acuerdo con todos, en los últimos días se alzaron distintas voces críticas de la medida.
La más resonante fue la del presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, quien consideró el miércoles que la nueva normativa, recién emitida, provocará “desabastecimiento”. “Cuando a un productor se le termine el producto que ya tiene fabricado, si eso le provoca pérdida, no lo va a volver a fabricar, no hay manera”, sostuvo el empresario el miércoles en diálogo con radio LT9, y agregó que este tipo de medidas “nunca funcionó”. “Es una aspirina que calma el dolor de una enfermedad muy difícil de manera momentánea”, sostuvo. En el mismo sentido se expresó el jefe de gobierno porteño y principal referente de la oposición de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta.
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En el Gobierno recibieron los cuestionamientos de empresarios y líderes opositores como una “amenaza”, según dijeron el secretario Feletti, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, uno de los jefes provinciales que mostró mayor compromiso con la medida nacional y que en los últimos días mantuvo varias reuniones de coordinación con los intendentes para hacerla de efectivo cumplimiento.
El último de esos encuentros tuvo lugar ayer, en Olivos, encabezado por el presidente Alberto Fernández, quien hizo una arenga a los jefes municipales para que redoblen esfuerzos en las elecciones y lleven a cabo con fuerza los controles de precios.
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