La Cámara Nacional Electoral creó a principio de mes una Secretaría especial que se encargará de tramitar las causas por delitos, faltas o infracciones que se cometen en los contextos de comicios. Son los delitos electorales que van desde falsificar documentos oficiales de una elección, incumplir con las funciones de ser autoridad de mesa o hacer fraude.
Se trata de la Secretaría Penal Electoral que los jueces Santiago Corcuera, Daniel Bejas y Alberto Dalla Vía pusieron en marcha con la acordada 112 y que tendrá el control y la revisión de todas las causas por delitos electorales que se tramitan en el país.
“El Código Electoral Nacional sanciona las infracciones, delitos electorales y delitos conexos y además presenta un proceso sancionador con una regulación específica para las sanciones pecuniarias a personas físicas y jurídicas; de inhabilitación a las personas físicas frente la no justificación debida del origen y/o fondos recibidos para financiamiento de los partidos políticos”, le explicó a Infobae Marcela Cabrera de la Rosa, encargada de la nueva Secretaría Penal.
Una reforma a la ley de los partidos políticos estableció en 2019 que los delitos electorales debían tener como tribunal de revisión a la Cámara Electoral. Hasta entonces, quien intervenía era la Cámara Federal de cada provincia donde se investigaba el hecho. “El inicio y tramitación de todos estos procesos se encuentra a cargo de los juzgados federales electorales en su calidad de jurisdicciones de grado, siendo competencia de esta Cámara Nacional Electoral solo la apelación frente a las decisiones judiciales cuestionadas por las partes”, detalló la secretaria.
Las infracciones electorales están establecidas en el Código Nacional Electoral. “Los delitos objeto de investigación son múltiples: la no concurrencia o abandono de funciones electorales; la retención de documentos y/o inscripciones múltiples; falsificación de documentos y formularios; compeler a un elector a votar de manera determinada; sustraer, destruir o sustituir boletas del cuarto oscuro desde que fueron depositadas hasta el escrutinio; sustraer, destruir o sustituir las urnas utilizadas en el acto eleccionario; falsear el resultado del escrutinio, etc”, enumeró Cabrera de la Rosa.
“Una causa por un delito electoral se inicia como cualquier otro expediente. Por una denuncia que presenta una persona, por la actuación de la policía o por oficio de parte de la justicia. El delito que más se repite es el de no concurrencia o abandono de funciones electorales”, agregó la funcionaria, que llegó a la Cámara Electoral en julio del año pasado luego de trabajar en la justicia federal de Tucumán junto con Bejas, uno de los camaristas, quien asumió en diciembre del 2020.
La sanción para los delitos electorales va desde multas hasta condenas de prisión que nunca son en una cárcel porque tienen una escala penal baja. Muchas de las causas pueden terminar en una conciliación o en una probation donde el acusado hace tareas comunitarias para evitar la sanción penal.
“En las últimas PASO se establecieron seguimientos permanentes por parte de la Cámara Nacional Electoral para su posterior remisión a las jurisdicciones electorales competentes. El día de la elección, el equipo de trabajo efectuó ese seguimiento y además desde líneas de whatsapp y centros de monitoreo se efectuó su inmediata derivación a las jurisdicciones correspondientes, al igual que se informaba al ciudadano lugar de radicación de la denuncia”, explicó Cabrera.
Uno de los objetivos de la nueva Secretaría Penal será la creación de un registro de delitos y faltas electorales de todo el país. “Será nacional y la idea es establecer este registro para conocer el estado de todas las causas y hacer un seguimiento”, señaló la funcionaria.
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