Inhibidores de celulares, más requisas y menos beneficios: las propuestas para controlar a las bandas narcos en las cárceles

El procurador general interino, Eduardo Casal, le envió al gobierno nacional una serie de propuestas para controlar el accionar de las bandas de narcotráfico que continúan con sus negocios ilegales desde las cárceles. Ya no solo para la venta de drogas, sino para otros delitos como secuestros, amenazas y ataques a funcionarios judiciales. Así lo detectó un informe de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) sobre 19 casos de jefes narcos que operan desde sus lugares de detención.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que Casal le remitió las recomendaciones al ministro de Justicia, Martín Soria, de quien depende el Servicio Penitenciario Federal (SPF), que está a cargo de la ex jueza María Laura Garrigós de Rébori. Allí propone, en base a un trabajo que hicieron fiscales federales: que se instalen en los pabellones inhibidores de celulares, que los lugares de detención tengan requisas más periódicas, que se controle la complicidad de agentes penitenciarios y que haya más rigor en los beneficios que puedan obtener los presos de un perfil de mayor riesgo.

La PROCUNAR, a cargo del fiscal Diego Iglesias, elaboró el informe “Narcocriminalidad en establecimientos penitenciarios” con 19 casos en los que se detectó que jefes de organizaciones criminales ya condenados continuaron con sus negocios ilegales desde sus lugares de detención, tanto cárceles federales como provinciales. Se trata de los casos que están bajo la órbita de la PROCUNAR. Pero las fuentes destacaron que puede haber más en todo el país.

Entre ellos hay nombres conocidos como el de Ariel “Guille” Cantero, jefe de la banda de Rosario “Los Monos”, Mario Segovia, conocido como el “rey de la efedrina” y Marco Estrada González, jefe de la droga en la villa 1-11-14 del bajo Flores.

“Se viene advirtiendo, con gran preocupación, el avance de una manifestación criminal que trae aparejadas serias amenazas contra la seguridad de la población, en general, y de los operadores del sistema de administración de justicia, en particular. Este es el caso del incremento de las maniobras de tráfico, transporte y comercialización de estupefacientes y de otros delitos vinculados (lavado de activos, homicidios, secuestros extorsivos o amenazas), planificadas o llevadas a cabo desde los establecimientos penitenciarios”, destacó el trabajo que destaca también que “estas personas representan una proporción ínfima en relación con la población penitenciaria total”.

El informe presenta ejemplos de cómo los detenidos siguieron planificando delitos desde sus lugares de detención a pesar de los controles que deberían tener. Cantero ordenó el ataque a jueces, fiscales y edificios judiciales desde la cárcel (por esos hechos fue condenado a fines de septiembre a 22 años de prisión); a Segovia de le encontró una tablet donde se halló información sobre cómo comprar y armas materiales explosivos. Otro caso fue el de Néstor Rojas que desde la cárcel federal de Ezeiza contrató dos sicarios brasileros para matar al juez de que lo detuvo.

¿Por qué los jefes de las bandas continúan operando desde sus lugares de detención? “Por varios motivos”, le dijo a Infobae uno de los fiscales que trabajó en los casos. “Primero porque hay complicidad de agentes penitenciarios. También porque deben mantener su estructura criminal y porque a pesar que ya tienen condenas saben que van a pasar muchos años en prisión y una, dos o tres condenas más no les va a cambiar su situación”, explicó.

El informe fue enviado a Casal que creó una mesa de trabajo con fiscales federales de distintos puntos del país -Carlos Rívolo, Cecilia Incardona, Diego Velasco, Eduardo Villalba, Andrés Heim, Sergio Mola, entre otros, coordinados por Juan Manuel Olima- para que elaboren propuestas.

Los fiscales establecieron cómo los jefes de las bandas operan desde las cárceles. El principal factor es el uso de celulares. Aunque están prohibidos es habitual que los internos los tengan. También el uso de los teléfonos públicos que hay en los pabellones. En la intercepción de esos comunicaciones se detectó el tráfico de drogas y la planificación de esos otros delitos. De allí también surgió que mantienen relación con presos de otras cárceles y con integrantes de las bandas que están en libertad.

“En algunos casos, no puede dejar de suponerse una posible connivencia de parte de los agentes del servicio penitenciario, tanto para facilitar, como para permitir el ingreso de dispositivos de telefonía celular a los establecimientos penitenciaros. Al respecto, en uno de los casos analizados se investigó la conformación de una organización integrada por personal penitenciario que habría provisto a los internos de teléfonos celulares”, reseña el informe.

Hubo una causa judicial en la que se investigó a penitenciarios de la cárcel federal de Salta que le proveían celulares a los presos. Y en una escucha se detectó que a una unidad de máxima seguridad se iban a ingresar teléfonos escondidos en una heladera.

Otro punto es que destacaron los fiscales es que hay deficiencias en la clasificación de los internos que forman parte de bandas de crimen organizado para su alojamiento y para el tratamiento interno. También que existen pocos controles sobre las visitas que estos detenidos reciben, muchas de los cuáles forman parte de sus bandas o hacen de nexo.

Hubo un caso sobre el que se tomaron medidas. Fue el de Roberto Verón Aguinagalde, preso y enviado a juicio oral por narcotráfico, que desde la cárcel de Gualeguaychú se detectó que continuaba con la venta de drogas. A través de una escucha se logró interceptar un cargamento de cocaína escondido en la rueda de un auto.

El juez federal de Campana, Adrián Charvay, ordenó mayores controles sobre sus condiciones de detención. Dispuso requisas en su celda cada 15 días en busca de teléfonos, autorizó que sea visitado solo por familiares y sus abogados y el traslado a una cárcel del SPF de máxima seguridad sin contacto con otras personas detenidos por narcotráfico o delitos de crimen organizado.

“El problema no es de ahora. Viene de hace muchos años pero es un problema que crece y hay que tomar medidas”, explicó un funcionario. Los fiscales federales hicieron una serie de propuestas que Casal envió al gobierno nacional. El punto central es el uso de celulares. Una de las recomendaciones es un “estricto cumplimiento a la prohibición” de los teléfonos. También la Instalación de inhibidores de celulares en los pabellones donde estén alojados los presos de crimen organizado, lo que está establecido en la ley 24.660 de ejecución de la pena de los detenidos. Sin embargo, nunca se pusieron. Es una medida para que si tienen teléfonos no los puedan usar. En esa línea también “asegurar un estricto cumplimiento de las medidas de tenencia y custodia de objetos no permitidos” y hacer requisas en los pabellones con más asiduidad.

También propusieron hacer estudios del perfil de las personas detenidas que pertenecen a bandas de crimen organizado “como la pertenencia y posición de los condenados en esas organizaciones, la clase, gravedad, peligrosidad y reiteración de los delitos cometidos, o la existencia de otros antecedentes penales”. Eso permitirá elegir mejor el lugar de alojamiento y el tratamiento dentro de las cárceles.

Otro punto es el de “extremar los recaudos para el otorgamiento de los estímulos”. La ley de ejecución de la pena de condenas le permiten a los detenidos obtener beneficios. Para los casos de acusados de narcotráfico o contrabando los fiscales propusieron que se haga un análisis más riguroso.

“Mantener el riguroso y efectivo control previsto por la reglamentación vigente sobre procesos de registro para el ingreso de visitas, agentes y funcionarios del Servicio Penitenciario del Servicio Penitenciario, y garantizar los mismos estándares de seguridad, calidad y efectividad para el ingreso de sustancias y otros objetos por parte de terceros ajenos a los establecimientos penitenciarios como, por ejemplo, personal de los servicios de alimentación, limpieza, o mantenimiento”, es otra de las propuestas.

En su trabajo, los fiscales aclararon que las medidas “deberán salvaguardar el respeto por la dignidad de las personas privadas de su libertad”.

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