
El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, se reunió con el juez federal Daniel Rafecas, quien fuera nombrado por Alberto Fernández como candidato a ocupar la Procuración General de la Nación en diciembre de 2019. Desde entonces hasta ahora no se movió el pliego de Rafecas en el Senado de la Nación donde hacen falta los dos tercios de los votos para la aprobación. La reunión con Soria es la primera aparición pública de un funcionario de alto rango del gobierno nacional con Rafecas desde que se anunció que el juez era el elegido por Fernández para ser el jefe de los fiscales nacionales y federales.
Rafecas está al frente desde 2004 del juzgado federal 3 de la Capital. Pero el 22 de septiembre pasado salió sorteado para subrogar el juzgado federal 6 que está vacante desde la renuncia de Rodolfo Canicoba Corral producida en julio de 2020. Hasta el 4 de octubre subroga el juzgado 6 la jueza María Eugenia Capuchetti. En ese juzgado está radicada la causa en la que se investiga el atentado producido en 1994 contra la AMIA. La investigación está delegada en una fiscalía especial - UFI-AMIA, bajo la órbita de la Procuración General de la Nación- que está a cargo del fiscal Sebastián Basso. Se estima que la subrogancia de Rafecas -que comienza el 5 de octubre- será por unos pocos meses debido a que el concurso para la designación del juez titular está avanzado.
Según difundió Soria a través de un comunicado oficial, “durante la reunión, de la que también participó Juan Martín Mena (Secretario de Justicia), Soria y Rafecas abordaron la rejerarquización de la unidad AMIA, que fuera degradada durante el gobierno anterior, así como también las refacciones de las instalaciones del edificio Barolo, dependientes del Ministerio de Justicia, que sirven como archivo general para toda la documentación obrante en el Estado vinculada a la causa AMIA”.

El ministerio de Justicia y Derechos Humanos explicó que “en el encuentro, Soria y Rafecas analizaron las líneas de trabajo que realizará la Unidad Ministerial creada en el 2000 –Decreto Nº 452– y rejerarquizada en junio de este año por decisión del Ministro. La Unidad Especial del Ministerio de Justicia fue creada con el objetivo de colaborar en el esclarecimiento del atentado terrorista perpetrado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994. En el 2006, por decisión del entonces Presidente Néstor Kirchner, se ampliaron las funciones de la Unidad para que también impulse las investigaciones sobre las irregularidades cometidas en el curso de la investigación del atentado contra la sede de la AMIA”.
El comunicado agregó que: “Sin embargo, por decisión del gobierno anterior, la Unidad fue degradada en 2018 mediante un decreto presidencial que eliminó el cargo de su titular, quedando desde entonces desconcentradas sus funciones entre distintas dependencias del Ministerio. Esa desarticulación obstaculizó su desempeño e impidió continuar con el objetivo central de colaborar con el Poder Judicial respecto del esclarecimiento de uno de los hechos más trágicos de la historia de nuestro país”.

“En el marco de la rejerarquización de la Unidad AMIA, en los últimos meses el Ministerio de Justicia realizó las obras comprometidas hace varios años en el Palacio Barolo para readecuar las instalaciones en donde se conservan los archivos sensibles de la investigación judicial. Las refacciones dan cumplimiento al decreto de 2017, por el cual esas instalaciones quedaron a cargo de la Unidad Ministerial. Tras el desmantelamiento de la Unidad en 2018, las obras necesarias para la conservación de la documentación quedaron paralizadas. En julio de 2021, se reanudaron las obras, que finalizarán en las próximas semanas. De esta manera, se podrá acelerar la digitalización y sistematización de esos documentos, para poder cumplir con el objetivo de asistir a los requerimientos judiciales y a los de la UFI-AMIA que depende de la Procuración General de la Nación”, finalizó el comunicado del ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
La foto de Rafecas junto a Soria y Mena, dos hombres que responden a la vicepresidente Cristina Kirchner, tal vez indique un descongelamiento del pliego del candidato a procurador elegido por el presidente, que había sido puesto en el freezer desde diciembre de 2019 producto de la discusión interna en el gobierno sobre política judicial.
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