Stornelli impulsó una causa contra Migraciones y funcionarios de Axel Kicillof por aislar a viajeros en hoteles al regresar al país

El fiscal federal Carlos Stornelli impulsó una causa que apunta a la directora de Migraciones Florencia Carignano, el ex ministro de Salud bonaerense y candidato a diputado Daniel Gollán y el jefe de Gabinete de Axel Kicillof, Carlos Bianco. Todos fueron denunciados por los delitos de “abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad”, indicaron a Infobae fuentes judiciales. Es por la disposición que ordenó que los residentes en la provincia de Buenos Aires estaban obligados a permanecer durante cuatro días en un hotel si volvían del exterior. Stornelli abrió la investigar para esclarecer la responsabilidad de los funcionarios provinciales y nacionales y pidió una serie de diligencias al juez federal Ariel Lijo.

El expediente nació con la denuncia del abogado Mariano Silvestroni. El letrado se presentó en el expediente por el Olivos Gate, en donde está investigado el presidente Alberto Fernández por el cumpleaños de su pareja en plena pandemia, buscando ser “amicus curie”. La denuncia se radicó para investigar por “abuso de autoridad y/u otras posibles conductas ilícitas en que pudieran haber incurrido funcionarios públicos nacionales y provinciales, ello en el marco del dictado de la resolución conjunta 192-MJGM-2021 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Salud, ambos de la Provincia de Buenos Aires, y su posterior aplicación y/o ejecución con intervención de la Dirección Nacional de Migraciones”.

La denuncia se amplió más tarde sobre el caso del abogado Julio Virgolini, su pareja y una menor que habían regresado al país el 10 de agosto y fueron “conminados” a permanecer en un hotel. Ello, dice la denuncia, “pudo también haber implicado una privación ilegal de la libertad personal”. Hubo incluso un habeas corpus presentado. Virgolini es uno de los penalistas más reconocidos del país: fue juez en los años 80, profesor en la UBA y escribió libros con el ex juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni y el juez de Casación Alejandro Slokar. Su estudio “Virgolini, Maloneay y Asociados”, que también integra Silvestroni, tuvo diferentes clientes famosos, entre ellos el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido en los años del kirchnerismo.

Todo versa sobre la orden que entró en vigencia el 1 de julio pasado, cuando los bonaerenses que habían viajado al exterior debían hacer a su regreso un aislamiento obligatorio durante cuatro días en un hotel, con costo a cargo del turista y, luego, completar el período de siete días en su domicilio, de acuerdo con una resolución que fue oficializada por el Poder Ejecutivo provincial. La decisión tenía como objetivo retrasar el ingreso de la variante Delta del coronavirus. Menos de dos semanas después ya había 300 viajeros que no habían cumplido con esas imposiciones. Quienes no acataban, se exponían a una denuncia penal y a una multa de hasta $4.300.000. La cocinera Maru Botana fue una de las sancionadas.

Precisamente, la denuncia que se abrió ahora en Comodoro Py apunta a esa resolución. “Señala el denunciante que la norma provincial en cuestión fue dictada por el Jefe de Gabinete de Ministros y por el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en presunto exceso de las facultades legales que incumbirían a dichos funcionarios, quienes no tienen potestades para limitar las libertades personales, que no ha sido dictada o ratificadas por los órganos legislativos con competencia para tratar dicha materia, que se fundaría normativamente en un decreto-ley tachado de inconstitucional, y que no tendría fundamento racional en cuestiones legítimas de política sanitaria”, repasa el dictamen de Stornellil, al que accedió Infobae.

El objetivo es determinar si, como dijo el denunciante, “la decisión de los ministros provinciales que imponen la privación de libertad compulsiva en un hotel por el término de cuatro días, se erigen en un acto de poder de arbitrariedad manifiesta”. Ello “incumbiría a funcionarios de la Dirección Nacional de Migraciones”, quienes impondrían acatar esta disposición a través de la implementación de declaraciones juradas para egresar y regresar al país. “Declarar compulsivamente ese acatamiento habría sido la única alternativa para ejercer el derecho constitucional de salir y regresar al país”, señaló. “Estamos, en suma, ante una decisión inconstitucional de dos empleados provinciales, que es ejecutada servilmente por un órgano del Poder Ejecutivo Nacional que se materializa en una privación de la libertad o en la privación del derecho a salir y regresar al país; y en el agravio a los derechos de la infancia”, se añadió.

En ese contexto, Stornelli impulsó la acción penal y reclamó los expedientes administrativos en cuyo marco hubiera tramitado el proyecto y el dictado de la resolución conjunta 192/2021 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Salud, ambos de la Provincia de Buenos Aires, como así toda otra actuación vinculada a su ejecución o aplicación. También solicitó adjuntar toda normativa de la cual surjan las funciones y misiones asignadas a ambas carteras de Gobierno, “sea por Ley o por delegación, como así sus respectivos organigramas con indicación de autoridades”.

El fiscal también solicitó “todo expediente administrativo concerniente a la Dirección Nacional de Migraciones, relacionado con las declaraciones juradas y actos administrativos vinculados a las condiciones para el egreso y/o regreso al país, en el contexto de la emergencia sanitaria vigente, y que guardaren relación con normas dictadas por la Provincia de Buenos Aires y, en particular, la Resolución conjunta 192/2021. Asimismo se recabe el organigrama de dicha Dirección Nacional con indicación de autoridades”. Y por último pidió el expediente donde se tramitó el habeas corpus de ese abogado y su familia en torno a su regreso al país.

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