
El medio de las fiestas por la Navidad y Año Nuevo, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, dispuso una serie de vetos a leyes impulsadas por el peronismo y el radicalismo y aprobadas por la Legislatura porteña en las últimas sesiones. Los vetos —que incluyen objeciones totales y parciales— abarcan iniciativas vinculadas a la salud mental, los hogares de niños y adolescentes, la coordinación metropolitana y el uso de inmuebles públicos, entre otras. La medida generó malestar en la oposición, que acusó al mandatario porteño de gobernar “en minoría sin respetar los consensos construidos”.
Ante la consulta de Infobae, el Gobierno de la Ciudad justificó las decisiones y argumentó falta de presupuesto, superposición de organismos y creación de estructuras sin financiamiento, mientras que desde Fuerza por Buenos Aires (ex Unión por la Patria) cuestionaron el “desconocimiento” de los acuerdos legislativos y denunciaron una ruptura del diálogo político en el Parlamento. “Sí, habrá problemas en la Legislatura; no podés discutir más nada con ellos porque no tienen palabra“, sostuvo a este medio Claudia Neira, presidenta del bloque peronista.
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Uno de los vetos se publicó ayer, martes, en el Boletín Oficial. Es un rechazo parcial al Proyecto 6.859, presentado por UCR Evolución, que buscaba consolidar una mirada metropolitana para coordinar políticas públicas entre la Ciudad y los municipios del conurbano. De manera puntual, el Ejecutivo objetó el artículo 8°, que creaba un Consejo Consultivo Metropolitano —de carácter honorario— para emitir recomendaciones sobre la política metropolitana. Para el GCBA, esa figura se superpone con organismos ya existentes dentro de la estructura del Ejecutivo y cuya adecuación puede lograrse por vía administrativa.
El gobierno porteño, además, tiene planificado el veto total al proyecto 6.900, también del peronismo, que establecía estándares de calidad de cuidado para los 54 hogares de niños que funcionan en la Ciudad —ocho gestionados por el GCBA y 46 conveniados—. En su argumentación, el Gobierno afirmó que no existe presupuesto asignado para implementar los estándares previstos.
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Neira, autora del proyecto, lanzó una dura réplica en sus redes: “Quería mejorar la vida de los niños que tienen que ir a un hogar, quería que fuera posible el cumplimiento de la ley. Acordé el texto y se aprobó. Pero a Jorge Macri le importan una mierda (sic) sus funcionarios, los consensos y parece que no le importan nada los niños. Hoy la vetó. Gobiernan en minoría y rompen los acuerdos”.
Consultada por Infobae, la legisladora peronista agregó: “Para la sesión de fin de año se necesitaban consensos para determinadas leyes, eso se construyó durante meses, hicimos una agenda de bloques, y si antes teníamos 18 y ahora tenemos 20 legisladores, yo tengo una agenda, y acompaño al Ejecutivo siempre que acompañe mi agenda. Presenté el proyecto y lo discutí con dos funcionarios, que me pidieron revisiones; qué nivel de consenso podés tener con un Ejecutivo que funciona de esa manera, si discutís el texto de una ley para que sea viable, te piden modificaciones, se consensúa y a nivel ejecutivo te lo vetan”.
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Otro veto parcial es al proyecto 6.880, también impulsado por el kirchnerismo, que proponía un estudio epidemiológico extraordinario de salud mental en la Ciudad, con foco en los efectos post pandemia. El Gobierno porteño aplicó un veto parcial a los artículos 4, 5 y 7, que creaban y regulaban una Comisión Especial integrada por asociaciones profesionales, organizaciones de usuarios, colectivos de salud mental y espacios académicos. Según el Ejecutivo, la conformación de esa comisión generaba nuevas obligaciones sin partida presupuestaria y duplicaba funciones ya existentes.

La administración de Jorge Macri también vetó de manera parcial el proyecto 6.912, de Higiene y Seguridad en el Trabajo, impulsado en este caso por el oficialista Vamos por Más. El Ejecutivo argumentó que la ley replicaba un viejo proyecto ya vetado en 2007 y que la expansión de asesorías no resulta viable.
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Por último, se veta de manera total el proyecto 6.939, también del peronismo, sobre la renovación del permiso de uso del inmueble del Mercado de Flores, que es utilizado por la cooperativa “Libertadores de América”, cuyo permiso venció y —según el GCBA— continúa ocupando el espacio sin autorización vigente.
“Varios proyectos crean comisiones, consejos u órganos paralelos que interfieren con funciones que la Constitución y las leyes ya asignan a ministerios y áreas técnicas. Resultado: más ruido, menos responsabilidad clara”, informaron desde la sede de Gobierno de la calle Uspallata. Y completaron: “Se proponen estándares, estructuras u obligaciones sin sustento metodológico sólido, sin financiamiento definido o desconociendo realidades operativas existentes, lo que pone en riesgo la eficacia de las políticas públicas”.
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