La Unidad de Información Financiera reclamó, en su rol de querellante en la causa de los cuadernos, que siga abierta la investigación penal para el CEO de Techint, Paolo Rocca, el director de la compañía Luis Betnaza, y el supuesto encargado de entregar el dinero a funcionarios kirchneristas Héctor Zabaleta. Todos ellos habían sido sobreseídos hace dos semanas por el juez Julián Ercolini.

Aún habiendo reconocido que los pagos se hicieron, el fallo planteó que el caso de Techint era diferente al del resto de los empresarios involucrados en la causa porque el dinero que se entregó tenían que ver con ayuda humanitaria para una de sus empresas en Venezuela.

Lo que llamó la atención en tribunales de la presentación de la UIF es que se hiciera apoyando la apelación de la defensa de Roberto Baratta, el ex número dos del Ministerio de Planificación, quien sí fue procesado por haber recibido dinero de Techint.

Ahora, en Comodoro Py se tendrá que evaluar si se concede el recurso de la UIF sobre todo por una “cuestión técnica”. Según explicaron a Infobae tres penalistas vinculados a la causa que no tienen relación con Techint, el procesamiento de Baratta no le causaría “agravio” a la querella de la UIF y el organismo no hizo presentación individual contra los sobreseimientos sino que se apoyó en el recurso presentado por Alejandro Rúa, defensor de Baratta. Sin embargo, la UIF se basó en el artículo. 439.del Código Procesal Penal que sostiene que “el que tenga derecho a recurrir podrá adherir al recurso concedido a otro siempre que exprese, bajo pena de inadmisibilidad, los motivos en que se funda”. El fiscal Carlos Stornelli, en tanto, no apeló la resolución de Ercolini.

“Rocca, junto a Betnaza y Zabaleta, son investigados por el pago de dádivas. Resulta cuestionable que en un ilícito de estas características en que intervienen necesariamente dos partes se sobresea a una de ellas mientras se procesa a la otra. Por ello sorprende que el Fiscal que investiga la causa -Carlos Stornelli- no haya apelado. Resta conocer la decisión que tomará al respecto el fiscal de Cámara”, dijo la UIF, que conduce Carlos Cruz, en un comunicado. La revisión de la causa esta en manos de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, de la Sala I de la Cámara Federal, que habían promovido profundizar la investigación.

Todo se enmarca en la causa de los cuadernos, el expediente en donde la vicepresidenta Cristina Kirchner y varios de sus ex funcionarios están acusados de haber integrado una asociación ilícita que recaudó dinero entre los empresarios con los que hacían negocios durante la gestión K.

La revelación surgió de los cuadernos escritos por el chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno, que llegaron a manos del periodista de La Nación Diego Cabot y que se los entregó al fiscal Carlos Stornelli. Infobae detectó en agosto de 2018 el nombre de Techint entre esas anotaciones. El caso, en manos del fallecido juez Claudio Bonadio, sacudió los pasillos de Comodoro Py en 2018, con una seguidilla de detenciones y declaraciones de empresarios y ex funcionarios que buscaban arrepentirse para evitar la cárcel o salir de ella. Zabaleta, de Techint, fue uno de ellos.

La causa de los cuadernos, que agrupó varios expedientes conexos, pasó a juicio oral. El Tribunal Oral Federal 7 aún no decidió avanzar en el proceso porque sostiene que le falta personal. No obstante, algunos hechos no fueron elevados a esa instancia. El caso de Techint fue uno de ellos. La firma es la que más suerte tuvo en el marco de la causa de los cuadernos, algo que recalcan cada vez que pueden el resto de los acusados.

Paolo Rocca había sido inicialmente procesado por Bonadio, pero la Cámara Federal entendió que, tal como decía el empresario más poderoso del país, él podía no saber el manejo del dinero que hacían sus subordinados. Sí quedaron procesados Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, quienes aseguraron que desde el entonces Ministerio de Planificación Federal les habían pedido dinero para que el gobierno argentino intercediera ante Hugo Chávez por la delicada situación del personal de las empresas que el grupo tenía en Venezuela. Pero al momento de pedir la elevación a juicio, Stornelli entendió que aún quedaban cuestiones por investigar en instrucción y no los incluyó en la elevación a juicio.

El 10 de agosto pasado, el juez Ercolini, a cargo interinamente del juzgado que perteneció a Bonadio, dictó los sobreseimientos de los hombres de Techint, luego de un planteo de su defensor, y procesó a Baratta por dádivas. “La ausencia de responsabilidad en los sucesos de los empresarios a los cuales se les atribuyó la entrega del dinero -la cual tuvo como origen la exigencia del funcionario ante una situación de emergencia-, no obsta a que la recepción de dinero por parte del funcionario público implicado, resulte ser una conducta que se subsume directamente bajo el tipo penal analizado”, dijo Ercolini.

La defensa de Baratta, a cargo de Alejandro Rúa, apeló su procesamiento. Y ahora la UIF -querellante en la causa- decidió sumarse a la apelación del ex funcionario “y solicitar que se revoque el resolutorio apelado en orden a poder continuar la investigación de autos conforme a derecho”.

En el escrito al que accedió Infobae, los abogados de la UIF explicaron que el fallo “trasunta graves afectaciones al debido proceso legal, al efectuar un análisis parcial a partir de recortar las pruebas”, evita la producción de otras y desoye lo ordenado por la Cámara Federal cuando instó a profundizar la investigación. “Se ideó un argumento forzado para recurrir a posteriori a un armado de recortes probatorios que pudieran ajustarse al mismo, en lugar de analizar el conjunto de probanzas y deducir luego, conforme a derecho, el real cuadro fáctico”, aseguraron los letrados de la UIF.

Hablaron de una decisión prematura, “contraria a la averiguación de la verdad material que debe guiar toda investigación penal” y que derivó en “erróneos sobreseimientos que sólo se hallan respaldados por las subjetivas, e interesadas, alegaciones de los imputados Betnaza, Zabaleta y Rocca, sin ninguna otra prueba objetiva que permita sostenerlas”.

“La prueba producida sólo acreditaría que existieron amenazas y presuntos hechos de violencia en las instalaciones de Sidor. Pero, las circunstancias esgrimidas no alcanzan para configurar el estado de necesidad en el caso que nos ocupa -se sostuvo-. De los propios dichos del señor Juez se desprende: que no pudo probarse en esta etapa que Baratta haya recibido ese dinero con el fin de hacer, dejar hacer o retardar algo relativo a sus funciones, siendo que no tenía injerencia alguna en los sucesos que habrían acontecido en la firma SIDOR”, se argumenta, y añadió aquí que “no se agotaron los medios de prueba que permitan concluir con certeza -al menos por ahora- que el delito no fue cometido por el imputado Rocca”.

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