El sábado 22 de agosto de 2020, Alberto Fernández y Fabiola Yañez recibieron a Hugo Moyano y su familia en Olivos. Almorzaron lomo con ensalada, analizaron la crisis económica y la situación judicial de Pablo Moyano, investigado por la presunta compra y reventa ilegal de entradas en Independiente. El líder sindical llegó a la quinta presidencial junto a su esposa Liliana Zulet y su hijo menor Jerónimo, y a los postres se sumaron Daniel Llermanos -su abogado- y el ministro del Interior, Wado de Pedro.
La reunión en Olivos fue conocida por un tuit de Pablo Moyano, que incluyó una foto controvertida: en plena ola del COVID-19, con un DNU que prohibía las reuniones sociales, aparecían Zulet, Yáñez, Alberto Fernández, Hugo Moyano y Jerónimo Moyano sin barbijo y sin distanciamiento social frente al chalet presidencial.
La foto extraoficial que selló una jornada inolvidable entre amigos y aliados políticos, causó tres denuncias por violación del Código Penal -artículo 205- y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 641/2020, que había sido firmado por Alberto Fernández y sus 21 ministros. El presunto ilícito había sido cometido en Olivos (provincia de Buenos Aires), y las tres denuncias fueron presentadas en los tribunales porteños de Comodoro Py.
El cónclave del Presidente, el sindicalista, la familia de ambos, el consigliere Llermanos y el ministro De Pedro, ocurrió casi seis semanas después del cumpleaños de Fabiola Yañez. Pero aún seguía vigente la prohibición de todas las reuniones sociales en Buenos Aires, y el lugar fue el mismo: la quinta de Olivos.
La causa que investiga la fiesta de Yañez, el jefe de Estado y nueve invitados está en manos del fiscal federal Ramiro González. González recibió la pesquisa del juez federal Sebastián Casanello, que en definitiva toma las decisiones procesales.
La fiesta de Olivos también fue denunciada ante la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien recibió la denuncia cuando estaba de turno. Sucedió durante este mes, y ya le pidió la causa a González-Casanello para determinar si tiene competencia o no.
La competencia de la denuncia contra Alberto Fernández, Yañez y sus nueve amigos es clave para la estrategia de defensa que ejecuta el abogado presidencial Gregorio Dalbón. El defensor del jefe de Estado apuesta a cerrar la causa y evitar una sentencia condenatoria por medio de una conciliación que pretende negociar con el fiscal González.
Al margen de la endeblez jurídica de los argumentos de Dalbón para lograr la conciliación a favor del Presidente, si la causa sale de Comodoro Py y llega a los Tribunales de San Isidro, Alberto Fernández y su abogado deberán buscar otra estrategia para enfrentar las consecuencias penales de la fiesta ocurrida el 14 de julio de 2020.
Y es verosímil que esta situación suceda acorde a los antecedentes del propio juez Casanello.
La denuncia por la visita de la familia Moyano a Olivos cayó en los juzgados de Casanello, María Romilda Servini y Marcelo Martínez De Georgi. En esta oportunidad, Casanello tenía como fiscal federal a Carlos Rívolo, que le presentó un escrito asegurando que la competencia del caso pertenecía a los tribunales de San Isidro.
Casanello no dudó: si los hechos investigados ocurrieron en Olivos, la competencia era de San Isidro. Y en menos de 24 horas declinó la competencia en manos de Lino Mirabelli, que está a cargo del juzgado federal número 2. En igual sentido resolvieron Servini y Martínez De Georgi.
Ahora Casanello deberá decidir si respeta su decisión anterior, o alega otra razones para que la causa permanezca en su juzgado. Ya no está Rívolo para fijar posición, y su colega González aún no emitió su parecer.
La jueza Arroyo Salgado siempre consideró que los tribunales de San Isidro tienen competencia sobre los hechos ocurridos en la quinta de Olivos. En coincidencia con sus colegas Casanello, Servini y Martínez De Georgi.
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