El ex jefe de Gabinete del gobierno de Mauricio Macri, Marcos Peña, el ex canciller Jorge Faurie y el ex secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo quedaron imputados hoy en la causa en la se investiga el envío de pertrechos de seguridad a Bolivia en los primeros días del golpe de Estado que derrocó a Evo Morales.
El fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial agrandó la lista de imputados en el caso por contrabando agravado luego de que el gobierno hiciera una ampliación de la denuncia original. La última presentación la habían realizado en conjunto la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.
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La imputación fue difundida esta tarde en el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación (www.fiscales.gob.ar). Allí se reseñó la presentación hecha por el gobierno. Frederic, Soria y Marcó del Pont habían señalado la existencia de dos reuniones realizadas el 12 de noviembre de 2019 en la Casa Rosada. En la primera de ellas, según describierno, el ex presidente Macri se habría reunido en privado con Faurie, quien tras el encuentro habría suscripto una “sospechosa nota, hasta ahora desconocida” mediante la cual solicitaba -por fuera del sistema electrónico y obligatorio de comunicaciones oficiales-, el envío de personal de la Gendarmería Nacional a Bolivia, con el supuesto fin de defender la embajada argentina en ese país, que por entonces estaba a cargo de Normando Álvarez García.
Según la reseña, los funcionarios denunciaron la existencia de una segunda reunión celebrada en el despacho de Peña, en la que estuvieron presentes la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ex jefe de la Gendarmería Nacional Gerardo Otero -entre otros-, y que en aquellos encuentros se habría ordenado y organizado la maniobra de contrabando del material de seguridad que fue entregado por las fuerzas nacionales a la Policía y la Fuerza Aérea bolivianas el 13 de noviembre de 2019.
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Peña, Faurie y Pompeo se suman así a los primeros imputados que son Macri, Álvarez García, Bullrich, Otero y el ex ministro de Defensa Oscar Aguad. En su primera intervención Navas Rial había imputado también a los entonces directores de Logística y Operaciones de la Gendamería, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde. En una segunda intervención fue imputado el comandante de Gendarmería, Adolfo Héctor Caliba.
En su dictamen Navas Rial señaló: ”Los elementos arrimados por los denunciantes en esta oportunidad permiten robustecer preliminarmente la hipótesis del caso originalmente trazada, a la vez que justifican dirigir la atención de la pesquisa a la conducta atribuida a los entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, al canciller, Jorge Faurie, y al secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Fulvio Pompeo en cuanto a una supuesta participación en la organización y desarrollo de las condiciones necesarias para el envío de los gendarmes y del material armamentístico antes aludido, al Estado Plurinacional de Bolivia vulnerando el adecuado ejercicio de control del servicio aduanero”. Y agregó que dado que los hechos descriptos en sus dictámenes anteriores son los mismos, pero que ahora se revelarían con más detalle y nuevas pruebas, “la acción penal se encuentra debidamente instada y está vigente”. También estimó que las medidas de prueba solicitadas por los denunciantes -que se suman a las ya solicitadas por la fiscalía- resultaban “conducentes para la averiguación de la verdad”. Navas Rial le solicitó medidas de pruebas al juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart quien está a cargo del caso. Hay sin embargo una disputa de competencia entre el juzgado de López Biscayart y de Alejandro Catania, que deberá resolver la Cámara en lo Penal Económico para definir qué juez queda a cargo del expediente.
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