La Cámara Federal revocó el procesamiento de un ex secretario de Finanzas del macrismo en el “Megacanje II”

La Cámara Federal revocó el procesamiento del ex secretario de Finanzas del macrismo Santiago Bausili, en una causa en la que se investiga si la negociación, coordinación y pagos a los holdouts durante el macrismo, en un expediente conocido como “Megacanje II”. En un fallo dividido, los jueces Martín Irurzun y Eduerdo Farah entendieron que faltaban elementos para poder resolver sobre su presunta responsabilidad en los hechos y determinar si hubo un interés especial en el resultado de la operación. En cambio, el juez Roberto Boico se inclinó en minoría por confirmar la decisión del juez Sebastián Casanello.

En la causa se investiga a Bausili, y los ex funcionarios Luis Caputo y Mario Quintana. Bausili había sido procesado por Casanello por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. La causa investiga si Bausili, que había trabajado para el Deutsche Bank antes de ingresar a la función pública, percibió un bono del Deutsche Bank en 2016 y 2017 mientras se desempeñaba como funcionario público. Era un incentivo diferido del banco internacional en el que trabajó hasta un mes antes de ingresar al Gobierno, y que asciende a 100.000 euros, en cuotas, explicaron fuentes de esa cartera. Más tarde, Bausili avaló que el Deutsche Bank hiciera colocaciones de deuda pública por lo que obtuvo de entre el 0,12 y el 0,18 por ciento.

En su resolución, Casanello había asegurado que “se pudo acreditar que el imputado se ‘interesó', mientras se desempeñaba primero como Subsecretario de Financiamiento y después como Secretario de Finanzas, en los expedientes que tenían como oferente al Deutsche Bank con la intención de beneficiarlo y beneficiarse”. “No es relevante que se haya producido efectivamente el ‘beneficio’ -que en este caso se encuentra comprobado- o un perjuicio patrimonial al Estado (...) Él conocía sus incompatibilidades personales para intervenir en asuntos vinculados al Deutsche Bank, por su pasado y por ser accionista de la persona jurídica”, sostuvo el juez.

Sin embargo, la defensa, a cargo de Matías Cúneo Libarona, apeló al sostener que se acreditaba “la intervención de Bausili en diversos expedientes y su participación en reuniones, pero nada analiza en torno a qué grado de influencia, de decisión, de proyección o de competencia volitiva estatal pudo haber tenido o torcido en dichos trámites o encuentros, ni cuál fue su interés en miras a la obtención del beneficio indebido”. Se sostuvo así que la “actuación” no es la “actuación interesada” que exige la norma penal, y que Bausili no tenía injerencia en el dictado de leyes ni en la Oficina Nacional de Crédito Público y en la Subsecretaría de Financiamiento.

Los jueces Irurzun y Farah plantearon que la investigación debía profundizarse. “A fin de acreditar dicho supuesto, resulte necesario identificar hechos o circunstancias concretas que permitan presumir que, en el proceso de formación de la voluntad estatal -que, como indica el a quo, puede darse al inicio, durante el trámite o en la ejecución de una contratación-, el funcionario actuó subjetivado por la obtención de un beneficio personal (propio y ajeno, según la imputación)”, sostuvo el fallo al que accedió Infobae.

Según se destacó, el examen de las constancias relevadas por el juez “no permite sostener la hipótesis delictiva reprochada, pues el análisis de cada uno de los actos administrativos detallados en el apartado precedente -tomados aisladamente o en su conjunto- no evidencian, por su tenor o implicancias, que Bausili haya tenido incidencia en la selección, alcances o condiciones de las operaciones de las que participó el Deutsche Bank, elementos necesarios para afirmar que su actuación fue la exteriorización del interés que exige la norma penal”.

El voto mayoritario señaló que “la circunstancia de haber firmado la providencia 2017-01085935 a través de la cual prestó conformidad al proyecto de Resolución -uno de los principales fundamentos de la imputación-, no puede ser sacada del contexto que la rodeó: el dictamen favorable a la contratación del consorcio de bancos provino de la Oficina Nacional de Crédito Público y los alcances y términos de aquél fueron examinados previamente por la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Procuración del Tesoro de la Nación, siendo que la decisión final estuvo en manos del Ministro de Finanzas”.

Y se añadió: “ello, además, sin perder de vista que la propuesta había sido presentada por un consorcio de bancos integrado por seis entidades financieras, sin que haya logrado identificarse elemento alguno que permita presumir que Bausili bregó por su inclusión o modificó los alcances de las operaciones a favor de uno de ellos -el Deutsche Bank-”. Se destacó que “el registro público de audiencias no sólo da cuenta de las fechas y participantes sino también del contenido de cada una de ellas” y no surge de su lectura “-más allá de los obvios contenidos financieros de una conversación entre una entidad bancaria y los representantes de la cartera económica- vínculo concreto alguno con el devenir de las gestiones atinentes a la emisión o renegociación de la deuda pública”.

En minoría, el juez Boico hizo un raconto de las pruebas analizadas en el expediente, y afirmó que “se ha relevado con acierto la constatación del desvío de la voluntad de la Administración Pública, se han dado razones plausibles del interés evidenciado por Bausili en favor de una persona jurídica particular, y ese dato se corrobora en la relación estrecha – y de carácter económica - que tenía aquél con el banco involucrado (en especial referencia a las relaciones que mantenía con los ejecutivos del Deutsche Bank y de la tenencia accionaria que mantuvo hasta agosto de 2018)”.

La causa se inició cuando Rodolfo Tailhade, diputado nacional del Frente para la Victoria (FpV), denunció en abril de 2018 a Bausili para que se investigue si obtuvo beneficios indebidos ya que a principios del año 2016 habría recibido una serie de cuotas en euros y en acciones por parte del banco. En ese momento, el juez Claudio Bonadio lo llamó a indagatoria y lo sobreseyó. La fiscal Alejandra Mangano apeló esa decisión y, en la Cámara Federal, los jueces Martin Irurzun y Leopoldo Bruglia revocaron la decisión y ordenaron hacer lugar a una serie de medidas de prueba. También dijeron que se analizara que la causa pasara a manos del juez Casanello que tenía una denuncia contra el mismo ex funcionario.

Es que Casanello y el fiscal Federico Delgado tenían en sus manos una investigación contra los ex funcionarios Mario Quintana (exvicejefe de Gabinete) y Bausili por haber comprado bonos BONAR mientras se desempeñaban como funcionarios. La causa se había iniciado en 2016 para que se investigara si hubo irregularidades en las negociaciones y pagos que que llevaron adelante los funcionarios públicos que representaron los intereses del Estado Nacional, con los denominados “holdsouts” tras la sanción de la ley 27.249 el 31 de marzo de 2016.

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