A menos de dos meses de las próximas elecciones legislativas, en el Gobierno surgió una nueva interna en torno a una iniciativa que circula cada vez con más fuerza entre el oficialismo y que tiene que ver con la creación de un “salario universal básico” para los sectores más vulnerables.
Se trata de una idea que todavía está siendo analizada entre movimientos sociales -que son los que más impulsan esta medida- funcionarios nacionales y provinciales, y legisladores del Frente de Todos, aunque entre las partes aún hay algunas diferencias en cuanto a su implementación.
Es que, mientras algunos miembros del Gabinete sostienen que este beneficio tendría que otorgarse de manera “incondicional”, es decir, que no exigiría una contraprestación laboral, los principales referentes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), donde habita el dirigente social Juan Grabois, creen lo contrario.
El martes pasado, el presidente Alberto Fernández se reunió con el director del Banco Nación, Claudio Lozano, con quien estuvo conversando sobre este asunto y, tras el encuentro, se mostró cauteloso al señalar que es algo que “debe discutirse a la luz de la disponibilidad de recursos”, según contó Grabois a la prensa.
En tanto, en el Ministerio de Economía, que conduce Martín Guzmán, aclararon que no tienen en carpeta una política en este sentido, aunque aclararon que están al tanto de los debates al respecto.
Quien se refirió este domingo al tema en cuestión fue el titular de la cartera de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, quien, si bien reconoció que “hoy no hay condiciones fiscales para hacerlo”, opinó que se debería tomar una medida de este tipo en el futuro, “que establezca un criterio, que tenga contraprestación laboral y que también empiece a mover la economía desde abajo”.
“A mí me parece que, para adelante, hay que discutir un ingreso universal de base. Yo creo que tenemos que ir en la Argentina a un ingreso universal de base que contemple, al menos, a 3 millones de personas, siempre con contraprestaciones laborales”, manifestó de manera tajante.
Durante una entrevista en Crónica TV, el funcionario explicó que, si se avanza con este proyecto, “aquel que reciba el 50% del salario mínimo tendría que trabajar, ya sea en una empresa o en el sector público, o montar su propia actividad productiva, o tiene que capacitarse”.
De esta manera, Arroyo se mostró alineado con lo que plantean los movimientos sociales, quienes vienen planteando desde hace un tiempo la necesidad de avanzar con políticas que sirvan como un viraje “hacia el trabajo” en las ayudas sociales que otorga el Estado.
“Más allá de lo que me parezca a mí, es lo que dice la CEPAL y las Naciones Unidas, y lo que están haciendo en España, en Alemania y en Israel. Es el debate en América Latina: yo tengo debate con ministros de diferentes países de la región varias veces y siempre el debate está ahí”, destacó el ministro.
Estas mismas organizaciones son las que vieron en la política de restricción fiscal de Guzmán del año pasado un freno para impulsar este “ingreso universal”. El presupuesto que se estableció para 2021 tampoco lo permitiría en lo inmediato.
Por el contrario, el Instituto Patria ve el freno al gasto público como un problema, en especial en el año electoral, y es por esa razón que quienes están más cerca de la vicepresidenta Cristina Kirchner no descartan que una “primera experiencia” de esta medida se impulse durante los comicios.
En paralelo, toda esta discusión se da mientras los movimientos sociales más afines al Gobierno presionan por lugares en las listas del oficialismo que van a competir en estas legislativas, cuando solamente quedan menos de dos semanas antes de la fecha límite para presentar a los candidatos.
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