El juez federal de Campana, Adrían González Charvay procesó hoy sin prisión preventiva al Nicolás Ducoté, ex intendente de Pilar, elegido por las boletas de Cambiemos, por sospechas de corrupción en la utilización de fondos nacionales para obras públicas en el municipio bonaerense.
El juez dictó la prohibición de salida del país para Ducoté, le fijó un embargo de $100.000.000 y le decretó la inhibición general de bienes. Ducoté y varios ex funcionarios de la municipalidad de Pilar fueron procesados por el delito de defraudación contra la administración pública.
Por el mismo caso también habían sido indagados Iván Kerr, ex secretario de Vivienda y Mariana Klemensiewicz, ex secretaria de Infraestructura Urbana del ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda que durante la gestión de Mauricio Macri encabezó Rogelio Frigerio. El juez dictó una falta de mérito para los ex funcionarios nacionales.
El procesamiento dictado por González Charvay es por las irregularidades cometidas en tres convenios diferentes firmados en 2016 por el ministerio que estaba a cargo de Frigerio y la municipalidad que conducía Ducoté.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) analizó los contratos cuestionados. La PIA que encabeza el fiscal Sergio Rodríguez - y se especializa en casos de corrupción- emitió dictámenes con las irregularidades detectadas en los tres casos bajo sospecha. Luego de eso, González Charvay formuló en junio pasado la citación a declarar en indagatoria y hoy firmó los procesamientos.
Al presentar sus dictámenes el fiscal Rodríguez había señalado que: “Nos encontramos ante un caso de presunta corrupción definido como aquella práctica desarrollada en las organizaciones, especialmente en las públicas, consistente en la utilización de funciones y medios de aquéllas en provecho, económico o de otra índole de sus gestores”.
Ducoté declaró en indagatoria el 23 de junio pasado y según consta en el procesamiento al que accedió Infobae a través de fuentes judiciales, exl ex intendente señaló que “... la PIA realizó una investigación parcial omitiendo considerar las cuestiones técnicas y las normas de procedimientos administrativos de la provincia de Buenos Aires”. Y agregó que:”...su gestión como Intendente del partido del Pilar fue correcta y, en un todo, de acuerdo con la legislación vigente. Fundamentalmente, rechazó categóricamente que no se haya realizado una correcta distribución de los recursos girados por Nación y manifestó que se ejecutaron las acciones necesarias para el cumplimiento del mejoramiento habitacional de los vecinos de Pilar, objetivo del convenio suscripto”. Además explicó que: “... la lógica utilizada por el Ministerio Público Fiscal para analizar los procesos de la administración pública provincial era errada por no utilizar parámetros que se condigan con la ejecución de los procesos administrativos avalados por la normativa provincial”.
En la causa que está a cargo del juez González Charvay y el fiscal federal Sebastián Bringas se analizaron tres obras públicas para las que se derivaron fondos nacionales a la intendencia de Pilar. A uno de los convenios se lo denomina “Microcréditos”. El gobierno nacional envió dinero al municipio de Pilar para asistir con fondos a vecinos de bajos recursos y en situación de vulnerabilidad social para que hicieran mejoras en casas precarias y además pudieran acceder a servicios básicos de infraestructura como agua potable, cloacas, gas y electricidad.
El segundo convenio fue denominado “Monterrey”. Y tenía como objeto urbanizar y mejorar el barrio pilarense de Derqui, llamado Monterrey. La propuesta era para renovar un corredor central del barrio, proveer agua corriente y cloacas, construir plazas y adecuar veredas, entre otras cosas. La obra afectaba a 141 lotes y sería financiada con fondos nacionales: se destinarían $145.733.567.
En el procesamiento el juez González Charvay explicó la actuación del ex intendente y de los ex funcionarios municipales: “Nicolás José Ducoté, Juan Pablo Martignone, Federico Leonhardt, Guillermo Horacio Iglesias, Osvaldo Nicolás Caccaviello, Sandra Sosa, Miguel Sergio Russo, Norberto Giulianelli, Gabriel Adrián Lucero y Fernando María Bonafede, actuaron en forma mancomunada, coordinada y funcionalmente, en la continuación y concreción de una serie de actos jurídicos que, violando los deberes a su cargo, obligaron y comprometieron abusivamente al erario cuya administración le fuera confiada al primero de los nombrados, generándole en forma directa un grave e irreversible perjuicio patrimonial”. El juez procesó a todos los ex funcionarios municipales a los que consideró involucrados en la maniobra. Y a a los empresarios que recibieron algunos de los contratos.
El juez les dictó la falta de mérito a Marina Klemensiewicz, Federico Matías Bustelo, Fabián Osvaldo Arias, Cecilia Irene Cabrera, María Natalia Toso, Ignacio Luis María Azarola, Marcelo Alberto Sfeir, Iván Carlos Dagoberto Kerr, Gustavo Alberto Queralt, Agustin Baldo y Tomas Bibiloni quienes habían sido indagados.
En la misma resolución en la que dictó los procesamientos y las faltas de mérito, González Charvay comenzó el proceso de elevación a juicio del caso.
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