Sandinismo familiar: ¿Cómo Ortega convirtió la revolución en un régimen de pareja?

Nicaragua, la tierra de lagos y volcanes, vive hoy sumida en el miedo bajo la autocracia matrimonial de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El país, que una vez luchó por liberarse de la opresión, enfrenta ahora un régimen que utiliza la violencia, la persecución de sus antiguos aliados y el desmantelamiento de las instituciones para perpetuarse en el poder absoluto.

La información recogida por DW Español, menciona que la dictadura convirtió al país en el único Estado soberano con dos presidentes, persiguió a antiguos aliados sandinistas y cerró el sistema político con exilios, encarcelamientos y retiro de nacionalidad a disidentes.

En el último tramo de ese proceso, la pareja presidencial extendió su control sobre el territorio y los recursos. En octubre de 2025 entregó 62 mil hectáreas adicionales a la empresa china Thomas Metal, que ya operaba casi 200 mil hectáreas para extracción minera, mientras ocho firmas chinas recibieron concesiones sobre más de 565 mil hectáreas en el Pacífico Norte y el Caribe, según la publicación nicaragüense Confidencial Digital.

La escritora Gioconda Belli, exmilitante sandinista y luego perseguida por el régimen, describió el alcance de la represión en términos personales y legales: “Nos han mandado al exilio, nos han quitado la nacionalidad, nos han confiscado todo, nuestras casas, hasta la pensión de jubilación”.

Añadió que en el país hay “detenciones ilegales, sin ninguna presencia de la ley, sin debido proceso”.

El ascenso de Ortega se apoyó en la crisis del somocismo y en la promesa de cambio social

Para entender el recorrido de Ortega, el punto de partida que reconstruye el medio está en el terremoto de Managua del 24 de diciembre de 1972.

El sismo, de 6.2 en la escala de Richter, destruyó el centro de la capital: el 75 % de las viviendas y edificios de esa zona se derrumbó, los incendios se prolongaron hasta el 6 de enero de 1973 y se habló de más de 10 mil muertos y casi 20 mil heridos.

La devastación quedó bajo una dictadura iniciada en 1937, cuando Anastasio Somoza García formalizó su toma del poder tras un golpe de Estado. Después gobernaron sus hijos, Luis Somoza Debayle y luego Anastasio Somoza Debayle, que asumió el control del reparto de la ayuda tras el terremoto.

Cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional llegó al poder en 1979, impulsó un programa de transformación social inmediato. Entre sus iniciativas más recordadas estuvieron la campaña de alfabetización, que llevó a jóvenes de zonas urbanas al campo para enseñar a leer y escribir, y las campañas de vacunación que, según el reporte, mejoraron las condiciones sanitarias y redujeron la distancia entre el mundo urbano y el rural.

Ese ciclo derivó luego en una negociación de paz y en elecciones libres en 1990. Contra las expectativas sandinistas, Violeta Barrios de Chamorro ganó con 54 % de los votos al frente de la Unión Nacional Opositora.

Belli mencionó que Ortega reconoció la derrota con “el mejor discurso de su vida”, pero poco después anunció: “Vamos a gobernar desde abajo”. Para la escritora, ese viraje marcó el inicio de una estrategia destinada a socavar al nuevo gobierno y a reintroducir la violencia como herramienta política.

La vuelta al poder en 2007 abrió el desmantelamiento de los contrapesos

Durante el gobierno de Chamorro se anularon expropiaciones sandinistas, se terminó la censura a la prensa y avanzó la democratización, aunque también se eliminaron programas sociales y la enseñanza básica gratuita. Entre 1990 y 2007, el analfabetismo subió del 13 al 22 %, de acuerdo con el relato difundido por DW Español.

Belli situó después el desgaste de la derecha en la presidencia de Arnoldo Alemán, a quien definió como “un tipo nefasto” y vinculó con una “orgía de corrupción”. Esa erosión política, sumada a la división opositora, facilitó el regreso de Ortega en las presidenciales de 2006.

Desde 2007, el dirigente sandinista avanzó sobre los poderes del Estado. Según el medio, fue atrayendo a diputados de la Asamblea Nacional mediante sobornos o amenazas, desactivó el Poder Legislativo, reemplazó a jueces que lo desafiaban y sometió también al Consejo Supremo Electoral.

Belli sostuvo que Ortega impugnó la Constitución para volver a presentarse y que pudo hacerlo porque ya controlaba el organismo electoral y había colocado a sus leales en puestos decisivos. A partir de allí se aprobaron medidas que, según la escritora, fueron “lesivas para el país y para la población”.

El financiamiento político de esa etapa recibió un apoyo decisivo desde Venezuela. El gobierno de Hugo Chávez suministró petróleo barato que Managua revendía a precio de mercado, lo que permitió restablecer programas sociales; pero cuando la crisis venezolana se agravó desde 2014 y se redujo ese flujo, las finanzas públicas nicaragüenses entraron en dificultades.

La represión de 2018 dejó cientos de muertos y más de 100 mil exiliados

La crisis estalló en 2018, cuando el régimen elevó las contribuciones al Seguro Social e impuso un gravamen del 5 % sobre las pensiones de jubilación. La protesta comenzó con jubilados y jóvenes, y Belli relató que grupos ligados a la Juventud Sandinista agredieron a manifestantes con palos y piedras, escenas que se difundieron por teléfonos móviles y multiplicaron la indignación.

Una historiadora citada por el reportaje contó que vio en Managua a estudiantes que salían a la calle aun sabiendo el riesgo que corrían. También advirtió una comparación creciente entre Ortega y Somoza, como si una nueva generación se pensara a sí misma luchando contra una dictadura de signo distinto, pero con reflejos similares.

La respuesta estatal fue todavía más dura. Otra voz citada por el medio afirmó que el régimen envió a la policía y a supuestos simpatizantes que golpeaban a los manifestantes con cadenas y barras de hierro, en un contexto de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas; añadió que Human Rights Watch denunció reportes de violencia sexual, arrancamiento de uñas y descargas eléctricas contra detenidos.

La represión de 2018 dejó entre 350 y 500 muertos, cerca de 2 mil heridos y otros tantos detenidos. Desde entonces, los exiliados nicaragüenses superan los 100 mil, mientras quienes siguen en el país enfrentan vigilancia barrial, persecución y cárcel por cualquier disidencia.

Ni siquiera figuras históricas del sandinismo quedaron a salvo. Humberto Ortega, hermano del presidente y pieza clave en su ascenso en 1979, fue puesto bajo arresto domiciliario en 2024 después de llamarlo dictador; Sergio Ramírez, vicepresidente entre 1985 y 1990, fue acusado en 2021 de incitación al odio y en 2023 perdió la nacionalidad junto con Belli y otros cientos de opositores.

En paralelo, Murillo reforzó su posición ante los problemas de salud de Ortega. Para 2025 ya se había convertido en copresidenta y jefa suprema de las Fuerzas Armadas de Nicaragua, mientras la fortuna personal atribuida a la pareja por distintos medios y economistas superaba los USD 2,500 millones.