El Gobierno de Estados Unidos busca cobrar multas migratorias a personas deportadas o que salieron voluntariamente del país y planea contratar una empresa privada para localizarlas en Guatemala, México y Honduras, una medida con la que la administración de Donald Trump intenta ampliar fuera de sus fronteras una capacidad de cobranza que hasta julio no había logrado ubicar a ningún deudor en el extranjero, según información de EFE replicada por medios guatemaltecos.
Según EFE, la deuda acumulada por estas sanciones asciende a USD 423 millones, de acuerdo con una estimación de julio del Departamento de Seguridad Nacional. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza calcula, además, que 66.387 inmigrantes expulsados o que abandonaron voluntariamente Estados Unidos mantienen multas civiles sin saldar.
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La información se conoció por una convocatoria de contratación publicada por la CBP, sigla en inglés de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. El documento plantea la búsqueda de una compañía registrada en Estados Unidos que pueda ubicar a deudores fuera del territorio estadounidense, notificarles el monto pendiente y gestionar el cobro.
La principal sanción que la administración de Trump busca recuperar corresponde al incumplimiento de una orden de expulsión. Se trata de la multa que recibe un migrante en situación irregular por cada día que permanece en Estados Unidos después de la fecha en que se le ordenó salir del país.
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La multa por incumplir una orden de expulsión llega a USD 998 por día
Esa penalidad fue fijada en 1996 por la Ley de Inmigración y Nacionalidad en USD 500 diarios. Tras los ajustes por inflación, actualmente asciende a USD 998 por día.
El gobierno estadounidense reactivó el año pasado el cobro de multas civiles por distintas infracciones migratorias, entre ellas esa permanencia posterior a una orden definitiva de deportación. El nuevo contrato apunta a personas que ya no están en Estados Unidos, pero conservan deudas abiertas con las autoridades migratorias.
La convocatoria establece que la empresa deberá prestar servicios de localización de deudores, como mínimo, en México, Guatemala y Honduras. El documento también indica que la estrategia forma parte de un esfuerzo dirigido a ciudadanos de otros países con sanciones pendientes, aunque esos tres mercados son los mencionados de forma expresa.
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Una vez identificada la persona, la compañía tendrá que comunicarle cuánto debe y ofrecerle vías para resolver la obligación. Entre esas opciones figuran el pago total, un acuerdo para cancelar la deuda en cuotas u otro mecanismo autorizado por las autoridades estadounidenses.
El dinero podrá ser entregado por el propio migrante o por un tercero. Esa posibilidad aparece de manera explícita en la convocatoria federal conocida por la agencia.
La empresa deberá probar que identificó al deudor correcto
El contrato no se limita a encontrar a la persona y reclamarle el pago. La empresa también tendrá que demostrar ante las autoridades que localizó al deudor correcto.
Para ello, podrá reunir pruebas como fotografías de la vivienda, facturas de servicios públicos o registros laborales. Si la persona hubiera fallecido, deberá presentar un certificado de defunción, según el documento citado por EFE.
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La publicación de la convocatoria muestra un cambio operativo en el alcance de la cobranza. Hasta ahora, la CBP ya trabajaba con compañías privadas encargadas de recuperar multas y otros cargos impuestos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Patrulla Fronteriza, pero esas firmas actúan desde territorio estadounidense.
Cuando los deudores están fuera de Estados Unidos, esas empresas solo realizan intentos de localización mediante llamadas telefónicas o cartas. De acuerdo con la oficina federal, ninguna había conseguido ubicar a un deudor en el extranjero hasta julio pasado.
Ese dato explica el objetivo central de la nueva contratación: ampliar la capacidad de cobro fuera de Estados Unidos y permitir que una empresa localice directamente a las personas en los países donde residen actualmente. Según la convocatoria, la agencia no tiene por ahora ninguna compañía contratada para operar la cobranza desde el exterior.
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El texto fuente no precisa cuántos de los deudores identificados por las autoridades estadounidenses son guatemaltecos. Lo que sí detalla es que Guatemala figura entre los países donde la futura contratista deberá tener capacidad efectiva para encontrar personas, verificar su identidad y avanzar con la gestión de cobro de sanciones migratorias pendientes.
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