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Panamá mantiene en prisión preventiva a exdirector de Innovación por presunto enriquecimiento injustificado

Una auditoría forense de la Contraloría detectó un incremento patrimonial superior a $937.000.

Luis Oliva dirigió la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental desde 2019 durante la administración del expresidente Laurentino Cortizo. Tomada de Instagram
Luis Oliva dirigió la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental desde 2019 durante la administración del expresidente Laurentino Cortizo. Tomada de Instagram
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La detención provisional del exdirector de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, continuará vigente mientras avanza la investigación por presunto enriquecimiento injustificado agravado.

La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Marisol Ortiz, rechazó modificar la medida cautelar al considerar que todavía subsisten los riesgos procesales que justificaron mantenerlo privado de libertad.

La decisión fue adoptada durante una audiencia de revisión solicitada por la defensa del exfuncionario, quien estuvo al frente de la AIG durante la administración del expresidente Laurentino Cortizo.

Ortiz determinó que la detención continúa siendo necesaria y proporcional, tomando en consideración la naturaleza del caso y las circunstancias particulares de la investigación que desarrolla la Fiscalía Anticorrupción.

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Durante la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Jenisbeth Malek, mientras que Oliva fue asistido por su abogado Carlos Eugenio Carrillo Villarreal.

Manos de una persona esposadas por la espalda, con las palmas abiertas, usando una sudadera gris y pantalón oscuro.
El exdirector de la AIG continuará bajo detención provisional mientras la Fiscalía Anticorrupción avanza con la investigación por presunto enriquecimiento injustificado agravado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez conocida la decisión, la defensa anunció que presentará un recurso de apelación para intentar modificar la medida cautelar impuesta al exfuncionario.

La audiencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial fue programada para el próximo 25 de agosto, a las 8:30 a.m., en el edificio Plaza Fortuna. Los magistrados deberán determinar entonces si confirman la resolución adoptada por Ortiz o sustituyen la detención provisional por una medida menos severa.

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El expediente que mantiene actualmente a Oliva detenido es desarrollado por la Fiscalía Anticorrupción y se originó a partir de una auditoría forense realizada por la Contraloría General de la República.

Las pesquisas se concentran en un presunto incremento patrimonial injustificado superior a los $937.000 atribuido al exdirector de la AIG.

La situación judicial de Oliva se complicó después de que fuera detenido mientras se encontraba en una zona de playa de la provincia de Coclé, aproximadamente a dos horas de la ciudad de Panamá.

Vale Digital fue utilizado durante la pandemia para canalizar subsidios a personas afectadas por las restricciones y suspensiones de contratos laborales.  Archivo
Vale Digital fue utilizado durante la pandemia para canalizar subsidios a personas afectadas por las restricciones y suspensiones de contratos laborales. Archivo

Su aprehensión volvió a colocar bajo escrutinio la gestión de quien dirigió una de las instituciones responsables de la infraestructura tecnológica y la transformación digital del Estado panameño.

Este proceso por enriquecimiento injustificado no es el único expediente en el que aparece el nombre del exdirector de la AIG. Oliva ya enfrentaba otra investigación relacionada con su gestión en la institución y mantenía desde septiembre de 2025 medidas cautelares menos severas que la detención provisional que cumple actualmente.

En ese proceso anterior, Oliva debía reportarse periódicamente los días 14 y 28 de cada mes y tenía impedimento de salida del país.

La investigación está relacionada con presuntos delitos de peculado, corrupción de servidores públicos y asociación ilícita para delinquir vinculados con supuestas irregularidades alrededor de la plataforma Vale Digital.

Vale Digital fue implementada durante la pandemia de Covid-19 como una de las principales herramientas utilizadas por el Gobierno para distribuir asistencia económica a personas afectadas por la suspensión de contratos laborales y las restricciones sanitarias.

Un mazo de juez de madera brillante sobre su base de madera oscura, con el mango hacia la izquierda. Al fondo, se distingue una balanza dorada y un libro.
El Tribunal Superior de Apelaciones deberá decidir el 25 de agosto si mantiene la detención provisional de Oliva o modifica la medida cautelar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mecanismo permitía a los beneficiarios utilizar su cédula de identidad para adquirir alimentos y otros productos en establecimientos habilitados.

En 2020, mientras Oliva dirigía la AIG, el Gobierno comenzó a ampliar el uso del Vale Digital hacia abarroterías, con el propósito de acercar los puntos de canje a las comunidades y reducir los desplazamientos durante las restricciones. Posteriormente, en 2022 fue creada Listo Wallet, plataforma utilizada para canalizar el Vale Digital y otros desembolsos como el PASE-U.

Los cuestionamientos relacionados con ese sistema adquirieron mayor relevancia después de que Luis Carlos Stoute, entonces subdirector de la AIG, presentara una denuncia ante el Ministerio Público a finales de 2023.

Los señalamientos estaban relacionados con la presunta cesión indebida de derechos exclusivos a dos empresas para obtener beneficios económicos de la plataforma Vale Digital.

Según la información conocida sobre aquella denuncia, Stoute cuestionó actuaciones relacionadas con el manejo de la plataforma durante la administración anterior.

Oficina futurista dividida: a la izquierda, equipo diverso interactúa con interfaces digitales luminosas; a la derecha, un consultor de traje observa una pantalla con vistas a la ciudad.
La AIG tiene entre sus responsabilidades liderar la transformación digital del Estado y desarrollar herramientas tecnológicas para los servicios gubernamentales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entonces funcionario fue posteriormente separado de su cargo en febrero de 2024, mientras las presuntas irregularidades quedaron bajo conocimiento de las autoridades encargadas de investigar posibles delitos contra la administración pública.

Para ese momento, Oliva ya había abandonado la dirección de la AIG. En octubre de 2023 presentó su renuncia irrevocable para buscar una candidatura a diputado, luego de haber encabezado la institución desde 2019. Su aspiración política finalmente no prosperó y los cuestionamientos relacionados con su gestión continuaron posteriormente en el ámbito judicial.

La AIG fue establecida mediante la Ley 65 del 30 de octubre de 2009 y tiene entre sus responsabilidades liderar la transformación digital del Estado, además de impulsar la modernización de los servicios públicos.

Durante la pandemia adquirió especial protagonismo debido a la utilización de herramientas tecnológicas para administrar programas gubernamentales y facilitar trámites a distancia.

Aunque ambos expedientes tienen como elemento común el paso de Oliva por la administración pública, se trata de investigaciones distintas. El proceso que mantiene actualmente al exfuncionario bajo detención provisional corresponde específicamente al presunto enriquecimiento injustificado agravado surgido de la auditoría forense practicada por la Contraloría.

La próxima decisión relevante se producirá el 25 de agosto. La defensa buscará que el Tribunal Superior de Apelaciones revoque la detención provisional confirmada por la jueza Marisol Ortiz, mientras la Fiscalía Anticorrupción continuará las diligencias destinadas a establecer el origen del incremento patrimonial superior a $937.000 atribuido al exdirector de la AIG.

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