La jueza María Eugenia Capuchetti decidió hoy dictar la falta de mérito de los ex funcionarios macristas Guillermo Dietrich, Nicolás Dujovne, Bernardo Saravia Frias y Javier Iguacel, y ordenó una serie de medidas de prueba para reactivar la causa que investiga las presuntas maniobras fraudulentas que beneficiaron a Abertis, una corporación ligada a las concesiones viales en todo el mundo, y al Grupo Macri en los peajes de los principales accesos a Buenos Aires, indicaron a Infobae fuentes judiciales.
La magistrada dispuso un examen pericial interdisciplinario que quedó en manos del Cuerpo de Peritos Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Se trata de un requisito esencial en esta investigación y resulta relevante para la acreditación de la hipótesis que sostienen los acusadores la determinación del supuesto perjuicio económico que los hechos objeto de estudio habría generado a las arcas del Estado. Es fundamental contar con un estudio contable que permita comprender las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos para corroborar la existencia de uno de los extremos esenciales de la plataforma fáctica”, sostuvo la magistrada.
En el tercer punto de la resolución, la jueza se dispuso la extracción de testimonios para que sea otro juzgado el que investigue la hipótesis de lavado de dinero que planteó la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante, indicaron las fuentes consultadas a Infobae.
Capuchetti tenía pendiente la revisión de los ex funcionarios macristas que habían sido indagados hace un año. En septiembre pasado, los jueces de la Cámara Federal Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, habían anulado los procesamientos dictados por Canicoba Corral porque al haber sido indagados las defensas no tuvieron acceso a toda la documentación del expediente.
La causa tiene la carátula “Macri, Mauricio y otros sobre abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios público”.
El expediente se abrió por la denuncia de los diputados kirchneristas Rodolfo Tailhade, Adrián Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau, quienes afirmaron que el 7 de diciembre de 2015, tres días antes de la asunción de Cambiemos en el poder, la firma Abertis presentó un reclamo por USD 1.100 millones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones que depende del Banco Mundial (CIADI). Esa demanda, dijeron, fue utilizada luego como argumento por el gobierno nacional para renegociar la concesión, que le costó su cargo en Vialidad Nacional a la abogada Julieta Ripolli, quien se opuso a avalar la prórroga del contrato y denunció públicamente las presuntas irregularidades.
Al intervenir en la causa, Canicoba Corral sostuvo que existió “un complejo engranaje de maniobras que arribaron en la firma de un Acuerdo de Renegociación que a todas luces tuvo como única motivación los intereses particulares de las empresas concesionarias intervinientes (entre las que se encontraba la firma SIDECO AMERICANA S.A. en la que el Presidente Macri y su familia tenían acciones), incumpliendo de este modo los funcionarios intervinientes
el deber de resguardar y proteger los intereses del Estado Nacional y de los usuarios, función que les competía conforme el cargo público que desempeñaban”.
Y agregó: “Para estos fines, los funcionarios de mayor rango, que fueron indagados, se ocuparon de nombrar a personas de su confianza o personas que por su conveniencia aceptaran estas reglas (aunque dejaran de lado los intereses que debían resguardar) y apartaron de sus cargos a los que no acompañaran estas operaciones”. El fallo de Canicoba decía que “los imputados actuaron con intención de perseguir una finalidad: beneficiar a las mencionadas empresas en sus contrataciones, para ello actuaron con desvío de poder, según un interés no administrativo”.
Los ex funcionarios fueron a indagatorias en medio de protestas y sabiéndose procesados. Aseguraron que no pudieron ver toda la prueba del expediente, algo que se complicó por la pandemia. Pero además intentaron, en vano, recusar a Canicoba Corral. Es que el juez había anunciado su renuncia por cumplir 75 años diciendo que durante el gobierno de Cambiemos había sido “hostigado” para que renunciara. Los procesamientos fueron anulados por la Cámara Federal.
Con la salida de Canicoba, su juzgado quedó a cargo de Julián Ercolini hasta que renunció a esa subrogancia y fue reemplazado por Capuchetti. Con la situación procesal de los imputados sin definir, la jueza hoy resolvió un falta de mérito. Un juez dispone una falta de mérito cuando interpreta que no tiene suficientes elementos ni para procesar o para sobreseer.
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