El Tribunal Superior de Justicia porteño intervino en la causa Correo Argentino y generó un conflicto de competencias

El Tribunal Superior de Justicia porteño anuló la resolución de la Cámara Nacional en lo Comercial, que rechazó un recurso de la principal accionista de Correo Argentino S.A. contra la negativa de apartar a Marta Cirulli, la magistrada que tramita el concurso preventivo de la empresa de la familia de Mauricio Macri. La decisión abrió un conflicto de competencias entre el ámbito comercial nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires.

La resolución del máximo tribunal porteño ocurrió a pocos días de que la fiscal ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, denunciara que la firma del Grupo Macri estaba buscando “un tribunal amigo” -maniobra que se conoce como “forum shopping”- para, a su juicio, revertir el trámite del concurso de la firma postal. La defensa de la empresa se presentó ante ese tribunal de alzada para rechazar el argumento y planteó que la acusación “tiñe nuestro legítimo intento recursivo en una suerte de maniobra fraudulenta que implica la manipulación de las disposiciones procesales para designar al juez más conveniente para nuestra causa”.

El titular de la sociedad controlante de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, en la última presentación cuestiona a la fiscal Boquín porque “se nos imputa la comisión de un ilícito, y ello por el ejercicio legítimo de un derecho que está amparado en normas constitucionales, en la doctrina, en fallos vigentes y en los propios dichos de la Corte Suprema de Justicia”. Según el escrito que lleva la firma de Jaime Kleidermacher, “la elección de este título anticipa nuevamente una faz persecutoria, apuntando al oído sensible y susceptible de la opinión pública que, en la amplificación de los medios, entenderá que el ejercicio de nuestro legítimo derecho a la protección jurisdiccional que nos corresponde puede ser leída por una Fiscalía de Cámara como un acto delictual”.

El fallo de la Corte porteña

La decisión que tomó el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad por una mayoría de tres a dos dejó “sin efecto” el rechazo del recurso de inconstitucionalidad de Socma Americana SA por parte de la Sala B de la Cámara y dispuso remitir el expediente a ese tribunal para que vuelva a pronunciarse sobre la admisibilidad del planteo.

Los jueces Inés Weinberg, candidata de Mauricio Macri para la Procuración General; Santiago Otamendi, ex secretario de Justicia de Macri; y Marcela De Langhe cuestionaron que el tribunal nacional no tuviera en cuenta precedentes de casos similares ni efectuó el “juicio de admisibilidad” del recurso, sus pares Luis Francisco Lozano y Alicia Ruiz consideraron que el planteo de la empresa de la familia Macri no reunía los requisitos para habilitar su intervención.

La cuestión que llegó a la máxima instancia de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires se suscitó en febrero último, cuando la Sala B de la Cámara Nacional en lo Comercial rechazó, por tardía, el pedido de Socma para que la juez Marta Cirulli sea apartada del proceso sobre el concurso preventivo del Correo Argentino. Días antes, la misma Sala de la Cámara había desestimado un planteo de Socma, que, como accionista de la concursada, pedía que se diera intervención al Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires en el trámite de recusación de la fiscal Gabriela Boquin, que también le resultó adverso.

Socma sostuvo que la magistrada de primera instancia había incurrido en prejuzgamiento y, al igual que en caso de la fiscal de cámara, actuaba con “parcialidad” y evidente animosidad, lo que fue negado por Cirulli al momento de producir su “informe” sobre su recusación.

Hace un par de semanas, la Sala B de la Cámara, integrada por Matilde Ballerini y María Gómez Alonso dispuso que continuara la intervención judicial a la empresa, medida que Cirulli había tomado en marzo de 2020 cuando, para evitar “potenciales perjuicios a acreedores”, ordenó el “desplazamiento total” de sus directivos.

Esa medida, dictada en el marco del proceso de “salvataje” de la empresa, había sido ordenada a requerimiento de Boquin, que contó con la adhesión del Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, quien rechazó la propuesta del pago de 1.100 millones de pesos en una sola cuota o la cifra que decidiera la Justicia. Esa decisión de no aceptar ninguna oferta de cancelación de la deuda fue el último argumento que presentó Correo Argentino como prueba de que se trata de que la causa es parte de una “persecución política” contra la familia del ex presidente Macri.

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