El presidente del Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, se presentó ante la Justicia para cuestionar el aval de la AFIP a la propuesta de la petrolera Oil Combustibles para levantar la quiebra y denunció que hubo un “tratamiento dispar” del Estado nacional en ambos procesos judiciales.
“La contradicción del Estado Nacional es evidente. Por un lado, presta conformidad sobre la cancelación de una significativa deuda de Oil Combustibles, mediante un Plan de Facilidades de Pagos que prevé hasta 120 cuotas y una reconocida condonación directa de intereses y multas y también una condonación indirecta teniendo en cuenta la tasa de interés fija allí prevista. Ello, sin realizar ninguna objeción. Por otro lado, en las presentes actuaciones se niega rotundamente a aceptar el pago íntegro que ofrece Correo Argentino”, dice la presentación a la que tuvo acceso Infobae.
A fines de marzo, la empresa SOCMA, controlante del Correo Argentino, presentó ante la jueza comercial Marta Cirulli, que sigue el largo concurso preventivo de acreedores de la compañía, una oferta de pago de 1.011 millones de pesos, de una vez y al contado, por el total de la deuda.
La oferta fue muy superior a los 300 millones de pesos y en cuotas que había propuesto la empresa en 2016 y que el gobierno de Mauricio Macri aceptó -y luego anuló- pero está lejos de lo que estima la fiscal que interviene en el caso, Gabriela Boquín.
Dos semanas después, la Procuración del Tesoro, con la firma de Carlos Zannini y del subprocurador Horacio Pedro Diez, rechazó la propuesta de pago y acusó a Correo Argentino de tener “mala fe” y buscar “dilatar el proceso” del concurso abierto desde 2001.
“Frente al atropello al margen de la ley del PTN (NdR: Procurador del Tesoro de la Nación) Zannini, espero que la jueza Cirulli rechace ese abuso militante y acepte la propuesta del pago del 100%. Se evitará un perjuicio al Estado y la persecución ilícita a mis hermanos e hijos, que es su plan de venganza”, respondió en ese momento Mauricio Macri.
La “causa Correo” es la principal preocupación judicial que tiene el ex presidente, al punto que en su primer reportaje luego de la presentación de su libro “Primer Tiempo”, afirmó: “La fiscal Boquín, que es una fiscal militante, escribió que quiere extender la quiebra al Correo a la controlante, que es SOCMA, y a los accionistas, donde están mis hijos, y ese es el plan. A mis hijos les dije que si esto pasa es que la Argentina se quebró institucionalmente y el país está en una situación más grave que lo que les pasa a ustedes”.
En el caso de Oil Combustibles, la AFIP, otro organismo del Estado, dio el visto bueno para que se evite la liquidación de los bienes de la firma.
Robirosa sostiene ahora que esa moratoria “importa un tratamiento absolutamente beneficioso para la fallida, en detrimento del Estado Nacional”. “Tratándose la Administración Federal de Ingresos Públicos de un este estatal, ha llamado la atención de mi parte el evidente tratamiento dispar que ha realizado el Estado Nacional en dicho proceso, en relación al concurso preventivo de Correo Argentino”, agrega la presentación con la firma del abogado Jaime Kleidermacher.
Aunque critica el accionar de la AFIP en la causa Oil, la presentación del Correo le pide a la jueza que “tenga especial consideración en la conducta asumida por el Estado Nacional” en ese expediente y que “se aparte de toda petición que ha sido formulada con una evidente motivación política”.
La fiscal Boquin solicitó que se investigue el rol de un banco en el caso Correo
La fiscal Gabriela Boquin presentó este jueves un nuevo dictamen en el que analiza la relación de Correo Argentino SA y el banco austríaco Meinl Bank, una entidad acusada de presunto lavado de dinero y corrupción, y remite la documentación a la Justicia penal “a los fines de investigar la posible comisión de delitos”.
Según publicó el sitio El Diario AR, Boquin también pidió exhortos internacionales y envió copia de su dictamen, de los balances de Correo Argentino SA y de una pericia contable de los libros de la compañía al organismo antilavado, la Unidad de Información Financiera (UIF); y a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
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