
“¿Por qué este proyecto de reforma del Ministerio Público es malo?...Bueno es malo porque atenta clarísimamente contra la independencia de los fiscales” afirmó Juan Vaquer, uno de los expositores, y advirtió que un país donde un Ministerio Público está controlado por el poder político es un país donde los inversores que no hacen aquello que el poder quiere corren el riesgo de que el Poder Judicial y el sistema acusatorio sea utilizado para perseguirlos.
Organizado por la Red de Entidades por la Justicia Independiente en la Argentina (REJIA) se realizó una videoconferencia sobre cómo impactará en las empresas la reforma del Ministerio Público Fiscal impulsada por el kirchnerismo y que ya cuenta con media sanción del Senado. En el encuentro disertaron María Adela Nores, directora de la Sociedad Rural Argentina, referente de la mujer rural en la Argentina, productora agropecuaria del partido de Puán en la provincia de Buenos Aires, directora para América Latina de la Organización Mundial de Agricultores; Miguel Blanco, contador, director general de Swiss Medical Group, profesor universitario, ex presidente de IDEA, coordinador del Foro de Convergencia Empresaria; y Juan Vaquer, abogado, ex presidente de AmCham, ex director de IDEA, productor agropecuario y consultor del estudio jurídico J.P. O’Farrell.
En primer término expuso María Adela Nores quien expresó que la reforma del Ministerio Público avanza en el debilitamiento de la independencia judicial otorgándole al oficialismo un poder de decisión e incidencia en la conformación de la Justicia Federal que es prácticamente una intervención. Remarcó como puntos negativos de la iniciativa la eliminación de la mayoría agravada de dos tercios para la designación del Procurador General de la Nación, la modificación del jury de enjuiciamiento de los fiscales facilitando su remoción y la ampliación de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público. “Esto significa un cogobierno y la Constitución establece que el Ministerio Público debe ser independiente”, dijo Nores.
Advirtió además que genera impunidad en los delitos de las corporaciones, del narcotráfico y sobre todo pone su acento en la actividad privada. “Es una amenaza para todo el orden constitucional y significa una amenaza directa a las empresas agropecuarias” sostuvo Nores y agregó “la única manera de hacer productivas todas las hectáreas del país es generar reglas claras y estables, y el respeto a la propiedad privada es la base de una sociedad, está en nuestra Constitución bien expresado.”
Nores destacó que el proyecto del oficialismo afecta mucho al campo porque si se aprueba la iniciativa podrá condicionar y disciplinar a los gobernadores. Explicó que en caso de que se convierta en ley la reforma, el gobierno nacional podrá controlar a los fiscales lo que le permitirá tener facultades para intervenir en la Justicia federal con asiento en las provincias y presionar a los mandatarios del interior. “Así los gobernadores provinciales estarán a tiro de cañón de la Casa Rosada”, afirmó Nores.
El segundo expositor fue Miguel Blanco quien comenzó su disertación resaltando que el principal problema de Argentina es la decadencia que viene atravesando desde hace varias décadas cuya consecuencia más importante y más lacerante para la sociedad es el aumento de la pobreza y de la indigencia que afecta a gran parte de la población. Indicó que para disminuir la pobreza al 10 por ciento de la población la Argentina necesita crecer durante 20 años a una tasa del 4 y medio por ciento anual. “Esto sólo es posible con un aumento sostenido de la inversión privada y la generación de empleo en el sector formal de la economía” dijo Blanco y agregó que el Estado no puede reemplazar al sector privado en esta tarea porque no tiene los recursos y por su mala gestión. “La seguridad jurídica es fundamental al momento de decidir una inversión”, afirmó el ejecutivo y añadió que “es indispensable que las decisiones de los actores políticos se tomen según las lógicas de las reglas y no según la lógica de la discrecionalidad del funcionario de turno y el garante para que esto ocurra es un Poder Judicial independiente.”
Blanco dijo que la reforma del Ministerio Público Fiscal menoscaba la independencia del organismo y adquiere fundamental importancia ya que con el nuevo Código Procesal Penal Federal los fiscales son los que van a impulsar o desestimar las causas. Contó que por ese motivo le hicieron conocer la opinión de los empresarios a través de cartas enviadas a los diputados solicitándoles que no se apruebe la reforma, que se rechace el proyecto en su totalidad. “Son tantas y tan severas las deficiencias que no pueden subsanarse sus defectos mediante modificaciones al texto aprobado en el Senado, que si se hicieran el Senado tendría la posibilidad del volver al texto original”, remarcó Miguel Blanco.
Por último disertó Juan Vaquer quien advirtió que el proyecto del oficialismo no sólo atenta contra el aumento de las inversiones sino que también va a ahuyentar posibles inversiones. “Argentina es un país que no se puede dar el lujo de ahuyentar más inversiones” dijo Vaquer y agregó “hoy tenemos menos inversiones que las necesarias para mantener el capital que ya tenemos, ni siquiera nos alcanzan las inversiones para compensar el capital que se va amortizando, esas máquinas que se van desgastando, ni siquiera invertimos lo suficiente para reemplazarlas por máquinas que funcionen bien, por eso tenemos los niveles de pobreza que tenemos.”
Asimismo remarcó que si la Argentina quiere tener inversiones de calidad es necesario contar seguridad jurídica. “Si no tenemos instituciones de calidad no vamos a tener inversiones de calidad. ¿Qué son inversiones de calidad? Son inversiones productivas, inversiones que están para quedarse, inversiones que están para crear trabajo, inversiones que están para traer tecnología” señaló el ejecutivo. En ese sentido explicó que con instituciones de baja calidad también las inversiones serán de baja calidad, es decir, que los inversores serán los amigos del poder, los inescrupulosos, “los que se manejan bien en la ciénaga y eso es lo que no necesitamos” alertó Vaquer.
También destacó la necesidad de tener inversión no sólo privada sino inversión pública de calidad, que para las obras públicas se seleccione siempre al mejor y al precio más económico. “Si esta ley, como está planteada es aprobada, es muy difícil que el Ministerio Público se anime a combatir la corrupción”, dijo Vaquer. Esto perjudicaría a todos los ciudadanos, especialmente los que menos tienen y agregó “recordemos que tenemos 50 por ciento de pobreza y yo les aseguro que si esta ley se aprueba vamos a tener todavía más pobreza.”
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