El Presidente cede frente a la ofensiva kirchnerista sobre el sistema de fiscales y deja sin aire la postulación de Rafecas

Santiago Cafiero subordinó la designación del jefe de los fiscales a la reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal. Ese proyecto tiene el sello de CFK, fue aprobado en el Senado hace rato y sigue trabado en Diputados. No es sólo una cuestión de nombres: va en contra del sentido de la Constitución

La foto de la postulación: Alberto Fernández con Daniel Rafecas, en el paso previo a candidatearlo como Procurador General
La foto de la postulación: Alberto Fernández con Daniel Rafecas, en el paso previo a candidatearlo como Procurador General

Santiago Cafiero hizo el intento de presentar como un gesto de firmeza la adecuación del Gobierno a los planes del kirchnerismo duro para avanzar sobre la estructura de los fiscales. Repitió recientemente y con cierto énfasis que el candidato presidencial como Procudador General “sigue siendo” Daniel Rafecas, pero aclaró que su pliego deberá esperar a la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, que lleva el sello de Cristina Fernández de Kirchner y está trabada en Diputados. Es decir: ató todo a un proyecto que el propio Rafecas considera inaceptable para sí mismo y que en rigor y más allá de los nombres, degrada el cargo y sus niveles de autonomía.

La reforma nacida en el Senado había sorprendido en su momento en Olivos, cuyos voceros decían entonces que era un tema del Congreso y no una iniciativa del Ejecutivo. La respuesta fue práctica: el bloque oficialista, que responde sin escalas a la ex presidente, avanzó con el texto, impuso su mayoría para aprobarlo y llegó como desafío a la otra Cámara. Alberto Fernández aceptó la señal y lo anotó inclusive para las sesiones extraordinarias. Algunos decían que sólo se trataba de extender su virtual congelamiento en Diputados.

La jugada que terminó precipitando el recambio en el ministerio de Justicia, con la salida de Marcela Losardo, movió otra vez el tablero. Martín Soria asumió como reemplazante con la declarada prioridad de reanimar la reforma del MPF. El ministro, que parece haber perdido volumen en este terreno -en rigor, los hilos del ministerio siguen en manos de Juan Martín Mena-, renovó entonces la presión en Diputados.

Resultado, hasta ahora: tensionó el ambiente pero a la vez expuso que el oficialismo sigue sin reunir el número para consagrar la jugada. Y produjo un giro en Juntos por el Cambio, que unificó posiciones antes encontradas en su interna y terminó expresando voluntad de tratar el pliego de Rafeca. Un modo de considerar que la designación del juez podría cerrar la puerta a la ofensiva kirchnerista y colocar al Presidente en posición de definir la propia interna oficialista. Un gesto hasta el momento sin resultados prácticos.

El kirchnerismo decidió desde el primer día congelar la movida presidencial. Según el análisis de algunos legisladores que siguen de cerca el tema, resulta evidente que antes de discutir el nombre de un nuevo jefe de los fiscales, el objetivo de la reforma sería contar con el instrumento que le permita desplazar al procurador interino, Eduardo Casal. Ese paso sería estratégico en la visión de CFK.

Un cruce de esta semana entre oficialismo y oposición, en la Bicameral de Seguimiento y Control del MPF, ratificó la decisión asumida por el kirchnerismo duro. Sus representantes dejaron en claro el rechazo al planteo de JxC para votar el pliego de Rafecas y expusieron como objetivo propio el cambio de la ley que rige para designar y remover al jefe de los fiscales, entre otras medidas.

Cristina Kirchner en su último acto público. La ex presidente impulsa la reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal
Cristina Kirchner en su último acto público. La ex presidente impulsa la reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal

El problema vuelve a ser en la práctica la capacidad política para lograr el puñado de votos que le faltan para coronar la pieza deseada en Diputados. Y el agregado es que ya se entró en camino de campaña. Nada indica que los cuatro diputados que responden al PJ cordobés -y en concreto, al gobernador Juan Schiaretti-, los tres “lavagnistas” y otros legisladores que buscan mantener un perfil alterativo cambien de parecer y den su apoyo. Después, dependerá de los resultados electorales y de cuánto sumen o pierdan oficialistas y opositores.

En esa línea, los dichos del jefe de Gabinete pueden ser entendidos como la aceptación de que lo que ocurra con la estructura de los fiscales seguirá dependiendo del cambio legal. Eso está atado al modo en que se inclinó la interna y si se prolonga, a las urnas. Lo dijo en dos tiempos, para tratar de salvar las formas. Pero el mensaje fue claro. “El candidato del Presidente sigue siendo Daniel Rafecas, eso no varió y eso no se está discutiendo”, dijo, y de inmediato dejó sin aire esa candidatura: “Lo adecuado es que quien termine siendo designado cumpla con el nuevo marco normativo”.

Rafecas ya dijo que se bajará de esta postulación si son alteradas las reglas de juego que demandan una amplia mayoría para consagrar al jefe de los fiscales. Se trata de una posición personal, que no ha variado, y que hace a la real dimensión del desafío: personal y a la vez institucional.

Los principales cambios que anota el proyecto en cuestión están referidos a la elección y también a la remoción del Procurador General. Se pasaría de los dos tercios de los votos de los senadores a la mitad más uno para su designación. Y si se trata de desplazarlo, alcanzaría con mayoría de mitad más uno en Diputados para iniciar el trámite y -dato mayor- para suspenderlo y designar a un procurador interino.

El tema para cualquiera es que este cambio significaría dejar todo en manos de una mayoría legislativa simple. En otras palabras, las designaciones y remociones podrían quedar a tiro de piedra del oficialismo de turno en lugar de depender de consensos amplios, que es actualmente una exigencia legal.

Eso expone en buena medida lo que está en juego. El MPF fue concebido con el valor de la autonomía y la independencia dentro de lo que se denomina globalmente como sistema de administración de justicia. Fue parte del renovado marco institucional que se buscó consagrar en la reforma de la Constitución, en 1994. Esos criterios son los que está puestos en discusión.