El bloque de concejales de Juntos por el Cambio en Avellaneda pedirá en las próximos horas que se derogue la polémica ordenanza que impulsa la expropiación de terrenos baldíos en ese municipio. La norma, adelantada por Infobae este domingo, determina que los dueños de los terrenos vacíos o con edificaciones frenadas tendrán un plazo máximo de ocho años para construir. Durante ese tiempo, además, también deberán pagar más impuestos.
La ordenanza crea el “Registro Público Municipal de Inmuebles Baldíos, Inmuebles con Edificación Derruída o con Edificación Paralizada”, que deberá publicarse en el boletín oficial de Avellaneda. Todos los inmuebles que ingresen al registro deberán pagar un 50% más de impuestos. A partir del tercer año, siempre y cuando el dueño del inmueble no haya comenzado una obra, se agrega una alícuota especial, que incrementa la cuota todos los años.
Transcurrido los ocho años, y luego de superar una carga impositiva exorbitante, el Municipio quedará habilitado para declarar de utilidad pública el inmueble y expropiarlo, previo paso por la Legislatura de la provincia de Buenos Aires y el pago de una indemnización.
La ordenanza fue aprobada el jueves pasado por el Concejo Deliberante, sin previa discusión en comisiones. El Frente de Todos impuso su mayoría y la norma salió con 16 votos a favor y 6 en contra.
Apenas una horas antes, en un acto en la localidad de Mercedes, donde anunció obras para urbanizar lotes, el presidente Alberto Fernández había dicho que “no tiene sentido tener tierras improductivas”, una frase que no cayó nada bien en sectores del campo. “No tiene sentido tener improductivas cuando alguien está necesitando un terreno, y no tiene sentido guardarlo para el día que se muera lo herede”, lanzó ese día el Presidente junto al ministro Ferraresi.
Ahora, el bloque de Juntos por el Cambio decidió pedir la derogación, aunque el intendente local, Alejo Chornobroff, todavía tiene disponible la herramienta del veto. “Estamos evaluando si se realiza con la firma de vecinos o solo con los miembros del bloque”, dijo una fuente de Juntos por el Cambio.
Chornobroff responde de manera automática al ministro de ministro de Vivienda, Jorge Ferraresi, actualmente de licencia en su cargo de intendente. Justamente, Ferraresi se involucró en la polémica y ayer le mandó un mensaje a los inversores privados. “Que se queden tranquilos, no existe esa intención”, dijo.
“La ordenanza es clara y habla explícitamente de expropiación. No es lógico que (Ferraresi) plantee que no es así. Como dijo alguna vez el Dr. Fayt: ‘el comentario es libre, los hechos son sagrados’ y no vamos a permitir que avancen en esta medida inconstitucional”, respondió el concejal Lucas Yacob en diálogo con Infobae.
Los dichos de Ferraresi no calmaron a los privados, que ahora analizan ir a la Justicia. Entre lunes y martes hubo reuniones de los concejales de Juntos por el Cambio con propietarios y desarrolladores urbanos que están preocupados con el alcance de la medida.
Un terreno vacío, una pequeña obra en construcción que quedó paralizada por la crisis, y hasta grandes edificios podrán ser expropiados por parte del Estado, luego de una ley aprobada por la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.
Otro punto polémico es el punto 6 de la ordenanza, que establece que los plazos para construir no se modificarán aunque el terreno cambie de dueño. “Si alguien vende en el segundo año de la implementación de este Registro, porque no puede pagar los impuestos, los plazos siguen corriendo para el comprador”, se quejó una fuente de la oposición.
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