La Corte de la provincia de Buenos Aires rechazó un amparo para que vuelvan las clases presenciales

El máximo tribunal bonaerense dijo que no es la competencia originaria para tratar el caso. Dos municipios de la oposición también tienen expedientes iniciados

Un grupo de chicos se prepara para entrar en un colegio de Buenos Aires (Foto: EFE / Imagen de archivo)
Un grupo de chicos se prepara para entrar en un colegio de Buenos Aires (Foto: EFE / Imagen de archivo)
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La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires rechazó un amparo presentado por los padres de dos nenas que asisten a un colegio de San Isidro para que se retomen las clases presenciales en los distritos bonaerenses donde se dictan de manera virtual por la pandemia del coronavirus.

Los jueces del máximo tribunal de la provincia Luis Genoud, Daniel Soria, Sergio Torres e Hilda Kogan, resolvieron el viernes pasado que la Suprema Corte no es el tribunal originario para iniciar la causa, sino que debe presentarse en un juzgado de primera instancia. Así, los magistrados calificaron de “inviable” la presentación. Esta es una de otras demandas que se presentaron contra la virtualidad de las clases. Los municipios de Vicente López y San Isidro, gobernados por Juntos por el Cambio, también recurrieron a la justicia.

El abogado Diego Isabella presentó un amparo contra los decretos 241 y 287 del gobierno de Alberto Fernández y contra los del gobernador Axel Kicillof, a los que adhirió, en los que se estableció la educación virtual en el conurbano bonaerense por el avance de los casos contra el coronavirus. Isabella, ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri, sostuvo entre otros argumentos que la decisión no estaba fundada en datos epidemiológicos, sino en estadísticas genéricas. También que la decisión viola la autonomía de la provincia y que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que le dio la razón al gobierno porteño sobre la educación presencial incide en esta causa.

La Corte bonaerense había rechazado el 26 de abril una medida cautelar y ahora hizo lo propio con el amparo. Los jueces explicaron que la demanda es contra una decisión del gobierno nacional y que por lo tanto no son la instancia originaria para intervenir. “Es inviable entonces promover en esta sede, como núcleo argumental de la acción, el cuestionamiento a una disposición federal”, explicaron en su resolución a la que accedió Infobae.

Los magistrados tampoco admitieron que el fallo de la Corte Suprema sobre las clases en la ciudad: “Se refirió únicamente al aspecto competencial del conflicto desatado a raíz de las restricciones al servicio educativo presencial” en la ciudad de buenos aires.

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Las clases virtuales en la provincia comenzaron a regir desde el 19 de abril por el avance de los casos de coronavirus, el aumento de la cantidad de fallecidos y el riesgo de un colapso del sistema de atención médica. El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, dijo hoy que lo mejor es continuar con esa modalidad después del 11 de junio, cuando finalicen las actuales medidas de restricción. “Tenemos dos semanas de caídas de casos, pero fue una caída desde un pico muy alto, de más de 12 mil casos; ahora estamos en 10 mil casos promedio, se redujo un 17%. No sería recomendado volver a las clases presenciales”, dijo hoy el funcionario.

Otras causas

Los municipios de Vicente López, a cargo de Jorge Macri, y de San Isidro, con Gustavo Posse, también presentaron amparos que están en trámite. Ambos tuvieron idas y vueltas por distintos fueros e instancias de la justicia federal y local de la provincia de Buenos Aires.

El amparo que inició Macri tramita en la justicia provincial de San Isidro. La jueza Estela Robles avaló la legitimidad del Municipio para iniciar la causa judicial y rechazó un pedido de la Fiscalía del estado bonaerense para cerrarla. Además, la magistrado le pidió al gobierno de Kicillof que presente la Evaluación Epidemiológica que haya realizado el Ministerio de Salud de la provincia sobre los riesgos de las clases presenciales. El municipio presentó un plan de testeos y transporte de alumnos para que regresen las clases presenciales.

Y la causa de la Municipalidad de San Isidro está en la Corte Suprema nacional a la espera de una definición sobre en qué juzgado debe tramitar el caso. La Procuración General de la Nación dictaminó que debe ser en uno de la justicia provincial.

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