Los Colegios de Abogados y el Club Político Argentino criticaron la reforma de la Procuración: “Viola gravemente la independencia”

Cada vez son más las instituciones que alertan sobre el peligro que encierra el proyecto de ley que impulsa el Gobierno para modificar el Ministerio Público Fiscal. Ahora se sumaron la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), el Club Político Argentino y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

A través de un extenso pronunciamiento, la FACA advirtió que la reforma de las leyes 27.148 y 27.149, que ya cuenta con media sanción del Senado, “vulnera gravemente la independencia y autonomía funcional del Ministerio Público conforme lo dispuesto por el artículo 120 de la Constitución Nacional”.

La entidad que nuclea a la abogacía organizada del país, realizó una serie de objeciones metodológicas y consideraciones críticas con respecto a las leyes de los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa, tal como quedaron redactadas tras su paso por el Senado de la Nación.

En el documento se señala que “el avance de la política sobre el Ministerio Público Fiscal, atento el poder que a partir del régimen acusatorio detenta sobre la acción penal puede generar su conversión en una espada del poder político del gobierno de turno para perseguir opositores, o en un escudo para asegurar la impunidad de quienes faltaren a la ley”.

Y agrega: “Resulta imprescindible atender especialmente a los regímenes de designación como de destitución del jefe máximo de los fiscales, a fin de evitar su manipulación nombrando con facilidad, al adicto al régimen y echando con la misma facilidad al rebelde, buscándose por el contrario que el factor decisivo de su nombramiento sea su excelencia técnica e idoneidad moral para el desempeño del cargo”.

El pronunciamiento, que lleva la firma del presidente de la FACA, José Luis Lassalle, y del secretario, Marcelo Scarpa, sostiene que “las amplias facultades que se depositan en la figura del Procurador General requiere que su designación sea producto de un amplio consenso entre los diferentes sectores políticos. Como responsable de la implementación de la política criminal del estado y la puesta en marcha en las jurisdicciones faltantes del sistema acusatorio, es preciso que cuente con un respaldo político sustantivo, de modo tal que sus decisiones y desenvolvimiento estén libres de suspicacias y cuestionamientos en orden al amplio respaldo recibido al tiempo de su nombramiento. Ello sólo puede traducirse a través del concurso de una mayoría calificada, por lo que resulta necesario mantener para su designación la exigencia del voto de los dos tercios (2/3) de los miembros del Senado”.

En cuanto a la remoción del Procurador General de la Nación, la FACA estima que “debe mantenerse el régimen previsto en la ley actual que remite a los arts. 53 y 59 de la C.N., requiriéndose a ese efecto el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la Nación; e igual mayoría exigirse para promover su acusación por parte de la Cámara de Diputados”. Así, rechazaron la norma del proyecto que reduce esta última exigencia de la mayoría absoluta de sus miembros.

Por su parte, el Club Político Argentino, alertó que el intento del oficialismo por aprobar una ley que reforma al Ministerio Público Fiscal busca subordinar al Procurador General de la Nación y a los fiscales federales y nacionales. “La esencia del proyecto es facilitar al oficialismo la designación y remoción del Procurador, permitiendo que la actual mayoría senatorial (y las futuras también) controle un órgano que la reforma constitucional de 1994 definió como ‘independiente’, y ‘con autonomía funcional y autarquía financiera’”.

El Club Político rechaza la reforma propuesta por ser “gravemente perjudicial para los equilibrios institucionales consagrados en nuestra Constitución” y, además, “observa con profunda preocupación que se la priorice en un momento en que el país enfrenta gravísimos problemas”.

“La Argentina es una de las naciones que peor desempeño económico ha tenido en los últimos dos años (y también en los últimos 10 y 50 años), sufre de una altísima y creciente tasa de pobreza, presenta una de las inflaciones más altas y persistentes del planeta, y en la actual pandemia se ha encaramado cerca del podio global en cantidad de contagiados y muertos per cápita. Que en estas dramáticas circunstancias el gobierno nacional emplee buena parte de sus recursos políticos y legislativos en la reforma del Ministerio Público Fiscal confirma la sospecha de amplios sectores de la sociedad: que la prioridad central del Presidente Fernández y la Vice-presidente Fernández de Kirchner es enlentecer, entorpecer y eventualmente desactivar las numerosas causas judiciales que enfrentan actuales y anteriores funcionarios y funcionarias”, enfatizaron.

Finalmente advirtieron que la ley que el oficialismo intenta aprobar es “parte de una estrategia más amplia, que incluyó la reforma judicial lanzada el año pasado y que se manifiesta también en las frecuentes diatribas lanzadas desde el gobierno nacional contra jueces no subordinados, e incluso contra la propia Corte Suprema de Justicia”.

“El mundo enfrenta hace varios años años una ola de retroceso democrático. Está caracterizada no por repentinos golpes o autogolpes, sino por oficialismos elegidos democráticamente que gradual pero persistentemente erosionan ‘desde adentro’ las instituciones más básicas de la vida republicana y democrática: la libertad de expresión, la división de poderes y la independencia judicial. Llamamos a los Diputados Nacionales a que impidan que la Argentina avance en esa dirección. El destino último del viaje es el autoritarismo, del que el país se libró (ojalá para siempre) en 1983”, concluyeron.

Desde el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, recordaron que el objetivo central perseguido por la reforma constitucional fue el de “independizar” el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal de los poderes políticos y del propio poder judicial, otorgándole expresamente el carácter de “órgano independiente”.

Para el directorio de la entidad, el proyecto actualmente bajo consideración de la Cámara de Diputados “amenaza seriamente esa independencia funcional garantizada por la Constitución”.

“Por un lado, propone eliminar la mayoría agravada de dos tercios de los miembros del Senado necesaria para la elección del Procurador, que obliga -por lo general- a consensuar la designación entre las diferentes fuerzas políticas representadas en esa Cámara. Sin ese consenso, se facilita la designación de alguien por parte de la fuerza política circunstancialmente mayoritaria, con el riesgo de que ese candidato eventualmente carezca de la independencia necesaria para el cargo, requisito fundamental para cumplir con la independencia que el citado artículo 120 reclama. Por otro lado, el proyecto disminuye la representación de los sectores independientes en el Tribunal de Enjuiciamiento de los fiscales y aumenta la representación de sectores vinculados con la política partidaria. Ello daría mayor relevancia a la política partidaria en la decisión de evaluar funcionalmente a sus miembros, con los peligros que sin duda conllevaría, tal como ya sucedió con la reforma a la ley del Consejo de la Magistratura”, sostuvieron en un comunicado.

Para el Colegio de Abogados de la Ciudad, estas dos reformas, entre otras, significan un gran retroceso institucional. “En vez de buscar una participación más plural en la designación del Procurador General, se permitiría que una sola representación política pueda designarlo o formar mayoría para sancionar a los fiscales en asuntos que afectaren intereses partidarios. Ello pondría indudablemente en riesgo la independencia que la Constitución Nacional ha buscado otorgar al Ministerio Público y lo haría de un modo regresivo, condenado por tratados internacionales. Por ello, este Colegio se opone a la aprobación de esas reformas que tanto daño infligirían al funcionamiento independiente del Ministerio Público y, en última instancia, a la República”, concluyeron.

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