Fabián “Pepín” Rodríguez Simón formalizó el pedido para ser refugiado político en Uruguay y por 90 días no podrá ser extraditado

Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el principal operador judicial de Mauricio Macri, formalizó hoy el pedido de refugio político en Uruguay y por 90 días no podrá ser extraditado, que es el plazo que tiene el país para definir su situación legal, según informaron a Infobae fuentes del gobierno uruguayo.

Según la Ley Nº 18.076 de Uruguay de “derecho al refugio y a los refugiados”, toda persona tiene derecho a solicitar y recibir refugio “en salvaguarda de su vida, integridad física, moral e intelectual, libertad y seguridad”. Y agrega que será reconocido como refugiado toda persona que “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de pertenencia a determinado grupo étnico o social, género, raza, religión, nacionalidad, u opiniones políticas se encuentre fuera del país de su nacionalidad”.

También aquellos que han “huido del país de su nacionalidad porque su vida, seguridad o libertad resultan amenazadas por la violencia generalizada, la agresión u ocupación extranjera, el terrorismo, los conflictos internos, la violación masiva de los Derechos Humanos o cualquier otra circunstancia que haya perturbado gravemente el orden público”.

Anoche, Simón hizo pública una carta en la que argumentó su pedido de asilo político: “Ya existe la decisión previa de privarme de mi libertad en cuanto regrese al país”, indicó. El ex funcionario había viajado a Uruguay autorizado por la propia justicia argentina que lo investigaba en una causa que busca determinar si integró una asociación ilícita organizada con el objetivo de perseguir empresarios.

“Pepín” Rodríguez Simón tuvo durante la gestión de Macri dos cargos, pero ninguno vinculado al quehacer judicial: director de YPF por el Estado Nacional y representante por Argentina en el Parlasur. Sin embargo, estuvo detrás de la organización de toda la ofensiva judicial para acusar a los dueños de C5N y otros medios, Cristóbal López y Fabián De Sousa. Por las acusaciones que planteó el “cerebro jurídico” del PRO, ambos terminaron durante varios años presos.

“Esta campaña de difamación se convierte en una campaña de odio y hostigamiento en las redes sociales que me lleva a temer, además de por mi libertad, por mi seguridad personal si regreso a la Argentina”, asegura Rodríguez Simón en la carta.

De acuerdo a la normativa uruguaya, una vez solicitado el pedido de refugio, y mientras dure el plazo para determinar si es aceptado o no, Simón tiene derecho a no ser rechazado en la frontera, ni ser devuelto, expulsado o extraditado al país “donde su vida, integridad, libertad o seguridad estén en peligro, mientras se tramita su solicitud de refugio”.

También a permanecer y transitar libremente en el país, obtener una cédula de identidad provisoria durante el procedimiento, acceder a los sistemas públicos de salud, educación y a trabajar legalmente, no ser discriminado por ninguna razón y a reunificarse con sus familiares en caso de que sea reconocido como refugiado.

Si Uruguay finalmente reconoce su condición de refugiado, el ex funcionario de Cambiemos tendrá derecho a residir en forma permanente en el país. En ese caso, la Dirección Nacional de Migración le otorgará un certificado de refugiado, con el cual deberá presentarse ante la Dirección Nacional de Identificación Civil para tramitar la cédula de identidad para extranjeros, la que deberá ser renovada cada 3 años.

En el inicio de su carta, el operador de Macri informó que pidió “asilo como refugiado político en Uruguay en los términos de la Convención de Ginebra de 1951 y otras normas internacionales complementarias”. “Esto implica que no voy a volver a la Argentina hasta que cese la persecución en mi contra. Tengo temores fundados de que si lo hiciera sería privado indebidamente de mi libertad, con peligro para mi seguridad personal, en el marco de causas judiciales amañadas como pretexto para encarcelarme”, añadió.

Rodríguez Simón fue citado por la jueza María Servini a prestar declaración indagatoria en la causa que investiga si existieron presiones sobre Cristóbal López y Fabián De Sousa para que cambien su línea editorial. Con la decisión de pedir el asilo o la protección como refugiado político, el ex integrante de la Mesa Judicial decidió evitar el principal acto de defensa que tiene cualquier acusado, que es la declaración indagatoria, en la cual recibe la precisión del delito que se le achaca y se permite esgrimir sus argumentos.

Durante la mañana de hoy, el presidente Alberto Fernández habló sobre la situación del ex funcionario de Cambiemos y lo vinculó con el rechazo de la oposición a la reforma del Ministerio Público Fiscal que busca impulsar el Gobierno.

“Esta reacción tiene que ver con la desesperación por sacar la causa del Correo (Argentino) de la justicia comercial para llevarla a la ciudad (de Buenos Aires); es la misma desesperación que expresa alguien que pide asilo en Uruguay en una causa en la que todavía no fue llamado a indagatoria. Él (por Rodríguez Simón) dice pedir asilo porque no tiene posibilidad de defenderse en la argentina, a Cristina (Kirchner) le inventaron 30 causas, ocho indagatorias en un día, y nunca se fue de su casa, siempre concurrió cada vez que la citaron”, expresó el mandatario en una entrevista con Radio 10.

“‘Pepín’, no se cómo se llama... Rodríguez Simón, hablemos en serio; toda la justicia sabía que usted era el emisario del gobierno nacional, usted operaba en las causas. Estas cosas se saben”, agregó.

La causa

Simón quedó complicado en las últimas semanas en la causa que lo investiga por asociación ilícita luego de que se detectaran, según constancias a las que accedió Infobae, que durante su actuación tuvo más de 700 comunicaciones con el Gobierno de la Ciudad y más de 400 con la Secretaría General de la Presidencia. Pero hay muchos más llamados a otros teléfonos registrados a nombre de esas dependencias.

También figuran 162 llamadas al entonces ministro de Justicia Germán Garavano y 139 a un teléfono de la Jefatura de Gabinete de Ministros que antes habría estado a nombre de Farmacity SA. Más de cien comunicaciones a la Jefatura de Gabinete; Fernando Sánchez, el “lilito” que después pasó a trabajar en la órbita del gobierno de Macri; el vocero Jorge Grecco o directamente a la Presidencia de la Nación.

Con 15 contactos está José Torello, también señalado como integrante de la mesa judicial de Macri. Figuran 27 llamadas con el radical Ernesto Sanz, pieza clave en el armado de Cambiemos; y contactos con la firma Caputo SA, la empresa del mejor amigo de Macri que fue vendida en 2018.

En esa línea también se identifican un centenar de llamados a las firmas Casino Buenos Aires SA o Casino Club SA; y unos 27 a la Asociación de Agentes de Loterías y Casinos y a Dolores Pujol, integrante del directorio de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires. También hay llamadas con teléfonos del Banco Finansur, que perteneció a Cristóbal López y cuya quiebra determinó la Justicia en 2018.

Los llamados de “Pepín” en el teléfono estudiado también abarcan contactos con estudios de abogados como Llerenea Asociaciones Abogados SA, Sáenz Valiente o Mariano Cúneo Libarona. Otros contactos se registraron a nombre de “El Tehuelche SA”, firma de Eduardo Costa, el senador por Santa Cruz que estuvo casado con Mariana Zuvic. Figuran además contactos con el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, la Unidad de Gobierno de la provincia de Buenos Aires o la Municipalidad de Lanús. También muchos con la Cooperativa de Trabajo Argentina de Marketing y Servicios Limitada, entre otros.

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