La pelea detrás del “proyecto pandemia”: el Gobierno cree que Juntos por el Cambio lo rechaza por un interés electoral

“Primero decían que la vacuna rusa era veneno. Aún con la aprobación de la ANMAT. Después, cuando salió publicada en la revista The Lancet, dijeron que habían llegado pocas vacunas. Ahora dicen que faltan segundas dosis y rechazan el proyecto para regular las restricciones por la segunda ola. Solo quieren golpear el plan de vacunación y la gestión de la pandemia. Hay un interés electoral detrás”.

Palabras más, palabras menos, el mismo concepto salió de la boca de al menos tres funcionarios de primera línea de la Casa Rosada durante la última semana, luego de que el Poder Ejecutivo enviara al Congreso un proyecto de ley para regular las restricciones, como parte de las medidas para enfrentar las segunda ola de coronavirus.

Juntos por el Cambio está plantado en una posición. No acompañará el proyecto de ley que ingresó en el Senado el último lunes y que habilita al Gobierno a intervenir con medidas restrictivas en las localidades que estén bajo la categoría “Alerta Epidemiológica”, donde se encuentran los distritos con mayor cantidad de casos de Covid-19 y un sistema sanitario comprometido por la alta ocupación de camas de Terapia Intensiva.

“El proyecto es inconstitucional. Es una respuesta al fallo de la Corte Suprema”, aseguró un legislador de la UCR, enojado y dispuesto a trabajar para buscar más apoyos en el peronismo disidente y así evitar que la ley no salga. La coalición opositora no solo va rechazar el proyecto, sino que va a trabajar para ampliar esa resistencia con otros sectores de la oposición.

En el gobierno nacional no tienen dudas sobre los motivos del rechazo inmediato y de la decisión de descartar la posibilidad de acompañar el proyecto de ley, incluso antes de que el Poder Ejecutivo lo envíe al Congreso en el inicio de la semana. “Detrás de esta postura hay un interés electoral. Por eso boicotean todo, todo el tiempo”, reflexionó una voz cercana al Presidente.

Desde que comenzó el año en la Casa Rosada hay dos ejes claros sobre los que debe deslizarse la gestión para lograr un acompañamiento de la sociedad en las elecciones legislativas: la recuperación económica y la efectividad del plan de vacunación. Por un lado, reducción de inflación, aumento de salarios y la activación de la rueda de consumo. Por el otro, vacunar a toda velocidad para reducir la tasa de mortalidad y desinflar la segunda ola de coronavirus.

En las últimas semanas el Gobierno logró rencausar el plan de vacunación con la llegada de más dosis. En abril arribaron al país 5.927.340 de dosis, mientras que en lo que va de mayo ya llegó un millón de dosis más. Antes de que culmine el mes la gestión de Fernández podrá contar con 4 millones más de las vacunas de AstraZeneca.

En total llegaron cerca de 12.500.000 de dosis desde diciembre. Los últimos arribos fueron noticias positivas para la gestión sanitaria que se licuaron entre las internas por la salida del subsecretario de Energía, Federico Basualdo, y la discusión con los movimientos sociales por la ampliación de la tarjeta Alimentar.

El Balcarce 50 entienden que mientras el plan de vacunación avanza, Juntos por el Cambio redobla los esfuerzos para cuestionarlo. Por la falta de más dosis, por las negociaciones truncas con algunos laboratorios o porque lo consideran un fracaso rotundo frente a lo que han logrado otros países de la región. Siempre hay un motivo, asumen, para limar el operativo.

Hay una cuenta concreta y poco sutil que empezó a reflejarse en algunas encuestas y que en el interior del Gobierno sacan en privado. Cada vacuna puesta es un voto más. La población vacunada respalda la gestión de Alberto Fernández. La que no lo está, hace hincapié en la economía y la cuestiona. No es tan lineal, ni tan certero, pero es una muestra que argumenta el plan electoral del oficialismo.

En el oficialismo sostienen que los cuestionamientos permanentes al plan de vacunación y la gestión de la pandemia se han convertido en un modus operandi opositor. En esa misma línea se movieron para rechazar el proyecto de restricciones. Es parte de un objetivo. Limar la gestión del Gobierno que puede cambiar el desarrollo de las elecciones.

En Juntos por el Cambio reducen el conflicto a una solo concepto. Creen que con esta ley el Presidente tendrá superpoderes para intervenir en las provincias con medidas con las que, potencialmente, podría no estar de acuerdo el gobernador. La medida principal es la suspensión de las clases presenciales, que dio origen al conflicto entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta.

El proyecto de ley ingresó por el Senado. Allí no tendrá problemas para pasar el filtro opositor. El Frente de Todos tiene mayoría y podrá aprobarlo sin inconvenientes. Las complicaciones para el oficialismo llegarán cuando pase a la Cámara de Diputados, donde tendrán que negociar voto a voto para sacar la ley. Al día de hoy el oficialismo no tiene el número para lograr la aprobación.

El último miércoles hubo una reunión del bloque oficialista en la que Máximo Kirchner bajó una línea de trabajo. Pidió mostrarse predispuestos a negociar con Juntos por el Cambio y, en primera medida, intentar un consenso político con el sector más amplio de la oposición. Si no se logra, buscarán los votos suficientes para lograr la mayoría simple y sacar la ley.

Es un paso estratégico para dejar parada a la coalición opositora como un espacio que no quiere sentarse en la mesa a negociar cambios en el proyecto. “Si no nos quieren acompañar, que paguen el costo. Porque la pandemia todavía no terminó y los casos siguen estando muy altos”, advirtió un legislador del kirchnerismo.

El presidente del bloque de la UCR en Diputados, Mario Negri, describió la postura opositora en una entrevista que dio en la semana. Fue contundente y no dejó márgenes. “No hay ningún rechazo caprichoso. Es un rechazo a violar la Constitución, a ser sordo y ciego frente a un fallo de la Corte Suprema que ha sido ejemplar”, sostuvo. La autonomía de las provincias es la principal carta de Juntos por el Cambio para sostener su posición inquebrantable.

El oficialismo apuesta a encontrar los votos en los interbloques que conducen Eduardo “Bali” Bucca y José Luis Ramón. El primero tiene 11 legisladores, el segundo tiene 6. En el Frente de Todos juntan 118 votos. Necesitan 129 voluntades para aprobar el proyecto. Con ese escenario por delante, el tándem Sergio Massa-Máximo Kirchner entrará en acción para construir el respaldo al proyecto.

El espacio legislativo que conduce Bucca contiene a los diputados referenciados en Roberto Lavagna y Juan Schiaretti, además de dos legisladores del socialismo y uno del peronismo salteño. Al igual que en otras leyes, el interbloque pasa a jugar un rol importante por la necesidad del oficialismo de conseguir aliados para aprobar el proyecto. Tanto Lavagna como Schiaretti tienen una relación sinuosa con el Gobierno. Hasta el momento no hay una postura resuelta.

En Juntos por el Cambio avisaron que si la ley sale y el Gobierno intenta aplicarla en los distritos que gobiernan, lo más posible es que la discusión vuelva a terminar en la Justicia. Es un callejón sin salida que solo tiene como posible solución un proyecto consensuado. Sino, más temprano que tarde, la oposición judicializará la medida y Alberto Fernández volverá a toparse con una barrera para ejecutar medidas sanitarias.

La pelota la tiene el Gobierno. Para lograr el respaldo de algún sector de la oposición deberá modificar el proyecto. Proponer cambios que sirvan como anzuelo para juntar votos. El punto clave es regular el momento y la forma en la que el Poder Ejecutivo puede tomar la decisión de intervenir. Lo que viene es un ejercicio de toma y daca. Muñeca pura para que el proyecto no se hunda en el olvido.

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