El Gobierno encabeza un foro sobre economía popular y apunta a calmar el malestar con los movimientos sociales

“¿Cómo avanzamos?”. Una semana después del estallido de las críticas de los movimientos sociales por el tipo de ayudas económicas para los sectores vulnerables, el Gobierno organizó un foro con las organizaciones de la economía popular -con esa pregunta en el título- para debatir sobre la “creación de trabajo genuino”, una de las exigencias de los dirigentes afines al Gobierno que se muestran disconformes con el reciente anuncio de un incremento millonario de fondos a la Tarjeta Alimentar, una ayuda directa manejada por el Estado. Buscan, en cambio, canalizar los fondos para los planes de incentivo a la creación de puestos laborales en los sectores excluidos.

La instancia de “diálogo” fue convocado por el Ministerio de Desarrollo Social, que conduce Daniel Arroyo, uno de los impulsores de la ampliación de Alimentar, eje de las críticas. Empezó hoy a las 10 bajo el título “Economía Social, economía popular y creación de trabajo. ¿Cómo avanzamos?”. El ministro invitó al cónclave, que se celebra a puertas cerradas, además de referentes de movimientos sociales, a representantes de los sindicatos, cooperativas, cámaras empresariales, iglesias y el sector académico.

En la convocatoria, consensuada con Jefatura de Gabinete, que conduce Santiago Cafiero, mencionaron que “la mejor salida es el trabajo” con “la presencia del Estado” y “políticas sociales transformadoras, que den vuelta de verdad la situación social de la Argentina”, y consideraron “claves” a la economía social y la economía popular, y el vínculo con el sector privado.

El Gobierno también reivindicó el Plan Potenciar Trabajo, uno de los caballitos de batalla de Arroyo, lanzado en el comienzo de 2020, que apunta a crear puestos de trabajo en los sectores de la construcción, la producción de alimentos, el textil, la economía del cuidado y el reciclado, pero que es cuestionado por los movimientos sociales. “Solo ejecutaron un mínimo porcentaje de ese programa, no es suficiente”, dijo a Infobae un importante dirigente social esta semana.

En el foro se “reflexionará” sobre “políticas públicas que colaboren a profundizar el camino de la transformación de planes sociales en trabajo genuino”. La iniciativa busca poner paños fríos al malestar y se suma a las reuniones de última hora que tuvieron lugar entre el lunes y el jueves. La primera ocurrió en la Casa Rosada, convocada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, con el secretario general de Movimiento Evita, Emilio Pérsico, donde se buscó buscar soluciones para que el conflicto no escale.

La segunda tuvo lugar el miércoles, con esos dos actores, más el referente en el Gobierno de esa organización, el secretario de Relaciones Institucionales, Fernando “Chino” Navarro; el secretario de Articulación Federal de Seguridad, Gabriel Fuks -quien responde a la ministra Sabina Frederic-; y representantes del ministerio de Defensa, que comanda Agustín Rossi, y de Interior, a cargo de Eduardo “Wado” de Pedro. Allí se discutió cómo frenar los cortes de calles y la creación de una mesa de crisis para prevenir los focos de conflictos sociales en todo el país. La tercera tuvo lugar ese día, tarde en la noche, en el Ministerio de Desarrollo Social, con Arroyo a la cabeza, donde estuvieron las principales organizaciones piqueteras, para frenar las marchas con las que amenazaban para el día siguiente.

Los encuentros de última hora se convocaron mientras continuaba la saga de fuertes declaraciones públicas de referentes sociales, y amenazas de manifestaciones de los grupos piqueteros, que desataron una fuerte tensión en el Frente de Todos. El primer puntapié lo había dado Pérsico el sábado, en contra el incremento del alcance de la tarjeta Alimentar que acababa de anunciar Alberto Fernández junto a Arroyo y el ministro de Economía, Martín Guzmán, el viernes por la tarde, en el Museo del Bicentenario.

Lo siguieron las fuertes declaraciones del jefe del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, quien calificó como “estúpida” la política del plan Alimentar; y manifestaciones en el mismo sentido, aunque con tono menos belicoso, de otros dirigentes sociales. En paralelo, continuaban las amenazas de cortes de los partidos y grupos de la izquierda, que vienen ganando las calles a pesar de las medidas restrictivas por la pandemia. .

En la Casa Rosada admiten que el conflicto sigue y que las conversaciones están a la orden del día. Aunque siguen firmes en la decisión de mantener como están los planes sociales, escuchan las quejas, con las que “en el fondo” coinciden. Y de ahí la intención de este foro, para acercar posiciones y bajar el tono del conflicto.

“En un momento de crisis por la pandemia y la situación económica como el que estamos viviendo, desde ya que el ruido interno no suma”, dijo una fuente de Casa Rosada al tanto de los diálogos con los referentes de los movimientos sociales y la izquierda. En Balcarce 50 no creen que el fondo del conflicto pueda resolverse, al menos en el corto plazo. Y aunque dialogan, aseguran que la reconversión de las ayudas sociales en forma de alimentos, que como anunció el viernes el Presidente, se triplicarán, seguirán como están.

“Todos queremos que haya trabajo en lugar de planes sociales. Pero ahora no hay plata y nuestra urgencia es la grave situación alimentaria que hay en el sector más pobre, especialmente en los menores de 14 años”, dijo un vocero de la Nación a este medio

Desde la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep), una de las agrupaciones críticas de la tarjeta Alimentar, aseguraron que el reclamo de los movimientos sigue vigente a pesar del reparo que manifestó el Gobierno en distintas reuniones sobre la imposibilidad de erogar mayores fondos o modificar el tipo de asistencia en la actual situación económica. “Nunca parece ser el momento. Venimos planteando lo mismo desde que llegamos al Gobierno, queremos trabajo, no planes”, dijo un dirigente social con impaciencia. Aunque remarcó que no tienen intención de hacer “daño” al Gobierno con los planteos.

Las quejas llegan casi a continuación de la fuerte disputa que hubo entre el Instituto Patria y la Casa Rosada por el aumento de las tarifas este año. En el Gobierno evitan hacer una lectura de hechos concatenados. Mientras los separan, buscan consensuar. En el foro de hoy, ese será el espíritu.

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