
(Enviado Especial). Alberto Fernández inició su etapa española de la gira europea con una reunión a solas con Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela en Madrid, que comenzó pocos minutos antes de las 7, hora argentina, y duró 40 minutos. El Presidente solicitó el apoyo del Rey a la estrategia de negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) frente a vencimientos millonarios de la deuda externa que se deberían cancelar en los próximos meses y que la Casa Rosada pretende refinanciar hasta marzo de 2022.
Felipe VI no tiene influencia política para fijar la posición de España en el board del FMI, pero su respaldo institucional puede contribuir a crear una opinión favorable de Europa hacia la Argentina, que debe 44.000 millones de dólares por un crédito Stand-By concedido a Mauricio Macri cuando ocupaba la Casa Rosada.

Además de la compleja situación de la deuda externa, Alberto Fernández y Felipe VI abordaron las consecuencias sociales y económicas causadas por la pandemia del COVID-19. El Rey de España considera que hay una profunda asimetría en la distribución de las vacunas a nivel global y también opina que el sistema multilateral tiene que salir al rescate de los países pobres y medianos con una fuerte asistencia financiera.
Esta perspectiva de Felipe VI coincide con la mirada geopolítica del Presidente. Alberto Fernández sostiene que hay una estrategia de acaparamiento de las naciones poderosas respecto al stock mundial de vacunas y apoya la decisión de Francisco y Joseph Biden de suspender las licencias farmacéuticas para facilitar la producción y distribución global de las dosis contra el COVID-19.

La derrota de Donald Trump y la llegada de Biden al Salón Oval permitieron que las consecuencias económicas y sociales del Cambio Climático regresen a la agenda global. Felipe VI tiene formación académica y conoce la importancia de respetar las reglas y objetivos previstos en el Acuerdo de París, una premisa geopolítica que es avalada por Alberto Fernández desde el comienzo de su mandato en Balcarce 50.
El Rey está a favor del tratado que une al Mercosur con la Unión Europea (UE) y conoce las posiciones de Francia, Irlanda, Polonia y Hungría que traban su aprobación definitiva. Alberto Fernández es titular Pro Tempore del Mercosur y le planteó a Felipe VI una estrategia diplomática que diseñó con el premier portugués Antonio Costa para evitar que el acuerdo histórico languidezca con el paso de los años.
Alberto Fernández y Costa, que es presidente Pro Tempore de la UE, consideran que es posible avanzar con la redacción de una enmienda sobre Cambio Climático que podría sacar del impasse al acuerdo hasta que se encuentre una nueva coincidencia económica con Francia y sus aliados regionales.
España, Portugal y Argentina apoyan la vigencia del acuerdo Mercosur-UE por el impacto favorable que podría causar en sus producción de bienes exportables, un objetivo de mediano alcance que Francia y sus socios coyunturales (Irlanda, Polonia e Irlanda) rechazan porque podrían perder mercado de sus productos agropecuarios.
Es la primera vez que Alberto Fernández y el Rey conversaron sobre este asunto vinculado a las relaciones exteriores de Argentina y España, pero ambos asumen la importancia de ampliar los espacios comerciales en beneficio de países que necesitan crecer en el tablero mundial.

El canciller Felipe Solá (que fue recibido por Arancha González, ministra de Asuntos Exteriores Unión Europea y Cooperación de España) y el ministro de Economía, Martín Guzmán, acompañaron al Presidente a su cónclave en el Palacio de la Zarzuela. El resto de la comitiva está compuesta por los secretarios Julio Vitobello (General de la Presidencia), Guillermo Oliveri (Culto), Juan Pablo Biondi (Medios de Comunicación) y Ricardo Alfonsín, embajador argentino en España.
Tras la reunión, el Presidente se trasladará al Palacio de la Moncloa, sede del Gobierno español. Allí aguardará Pedro Sánchez, jefe del Gobierno español, para mantener un encuentro con Alberto Fernández. La agenda tendrá un asunto clave: la deuda argentina frente al FMI y la necesidad de postergar sus pagos hasta cerrar un acuerdo que no implique un programa de ajuste económico en plena pandemia del COVID-19.
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