La batalla judicial entre Nación y CABA: la Corte rechazó un planteo del Gobierno y ratificó su competencia

La Corte Suprema de Justicia envió una fuerte señal en medio de la judicialización de la disputa política que mantienen el presidente Alberto Fernández y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Rechazó en menos de 24 horas un escrito que había presentado el procurador del Tesoro, Carlos Zannini -espada jurídica de Cristina Kirchner- que desconocía la competencia del máximo tribunal para entender en conflictos entre el Gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires. La decisión no sólo fue rápida sino que fue tomada por los ministros “in limine”, es decir sin discutir los argumentos que el funcionario K había presentado para justificar la decisión de faltar a una audiencia citada para las 11 de hoy en la causa por la baja de 65 mil millones de pesos de la coparticipación federal.

El gesto de la Corte se produjo el mismo día en que la otra causa que tiene como protagonistas de Fernández y Larreta, el recurso que discute la constitucionalidad del DNU que suspende las clases presenciales en la Ciudad, tuvo novedades de alto impacto. El juez federal en lo Contencioso Esteban Furnari desautorizó a la Cámara de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires que permitió que siguieran las escuelas abiertas, ordenó que se vuelva a la virtualidad y resolvió enviar las actuaciones al máximo tribunal. Pero el jefe de Gobierno, con el mismo argumento de que es la Corte Suprema la que debe dirimir la discusión, resolvió que hoy hubiera clases.

Tanto la fuerte reducción de la coparticipación federal como el DNU terminaron en la Corte porque ninguna de las partes cedió en sus posiciones, se rompieron los puentes de diálogo y tanto el gobierno de Alberto Fernández como el de Horacio Rodríguez Larreta resolvieron dejar en manos de los jueces la imposibilidad de lograr un consenso ante dos temas clave: la gestión de la pandemia en medio de una segunda ola fuera de control y la distribución de los recursos presupuestarios.

En el caso de la coparticipación, el Gobierno quedó en una posición incómoda porque el rechazo de la Corte al escrito de Zannini obliga a que asistan representantes a la audiencia convocada para que exponga tanto Nación como CABA sus posturas. Si bien en esta instancia formal no se espera que se resuelva nada -ni siquiera estarán presentes los jueces supremos-, la convocatoria marcará un precedente importante para la próxima batalla legal por las clases presenciales. Allí también la Corte se declaró competente y le corrió vista a las partes.

La audiencia fue convocada en base al inciso 2 del artículo 36 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, según el cual el Poder Judicial puede “intentar una conciliación total o parcial del conflicto o incidente procesal, pudiendo proponer y promover que las partes deriven el litigio a otros medios alternativos de resolución de conflictos”. Ese artículo establece además que en cualquier momento “podrá disponer la comparecencia personal de las partes para intentar una conciliación”. Asimismo, los jueces tienen la facultad de “proponer a las partes fórmulas para simplificar y disminuir las cuestiones litigiosas surgidas en el proceso o respecto de la actividad probatoria”.

Los representantes de ambas administraciones expondrán sus posturas en la causa iniciada por la CABA, en rechazo a la decisión del Presidente de reasignar unos 65 mil millones de pesos del fondo de coparticipación de la Ciudad. Esa medida fue respaldada por el Congreso Nacional, que el año pasado sancionó la ley que eliminó recursos que el ex presidente Mauricio Macri le había cedido, por decreto, a Rodríguez Larreta en el 2016. Después de la audiencia de hoy, la Casa Rosada tendrá dos meses para responder a los argumentos planteados ante la Corte Suprema por la administración porteña.

Así como la Corte Suprema apuró la discusión de la coparticipación -tanto con la convocatoria a la audiencia como el rechazo al escrito de Zannini- también resolvió dar un trámite acelerado al recurso que la Ciudad de Buenos Aires presentó ante el máximo tribunal en el que discutió la constitucionalidad del DNU que suspendió las clases presenciales, por considerar que pasaba por encima de la autonomía porteña. El máximo tribunal dictó pocas horas después de presentada la petición que es competente y corrió vista al gobierno nacional para que responda a los planteos presentados por la administración de la CABA.

Más allá de esos pasos procesales, lo cierto es que la crisis política desatada por el conflicto entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta es de tal magnitud que sólo podrá resolverse por vía judicial. Si bien la segunda ola golpea con fuerza y el coronavirus ya se cobró casi 60 mil vidas, ambas partes descartan que por el momento sea posible llegar a algún tipo de acuerdo. Mientras que la Casa Rosada considera que suspender la educación presencial es fundamental para reducir el número de personas que circulan por la vía pública, desde la Ciudad insisten en que los colegios “no son focos de contagios”. Cada uno presenta datos que los reafirman en su postura. Y la que terminará dirimiendo -como en el caso de la Coparticipación- podría ser la Corte Suprema.

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