La judicialización del decreto del gobierno nacional que suspendió las clases presenciales en el AMBA no solo se dirime en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino también en la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. En el máximo tribunal bonaerense hay dos presentaciones, según confiaron a Infobae fuentes judiciales: una la inició directamente allí un padre y la segunda llegó en la causa que inició el municipio de Vicente López, a cargo de Jorge Macri.
El gobierno dictó el decreto 241 que suspendió hasta el 30 de abril las clases presenciales en el AMBA por el aumento de casos de coronavirus en esa región. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires de Horacio Rodríguez Larreta presentó la semana pasada en la Corte nacional un acción para que se declare inconstitucional. La Corte decidió ayer intervenir en el caso. Un día antes, la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo de la ciudad avaló que continúen las clases presenciales. El gobierno nacional se presentó ayer en la justicia y pidió que ese fallo se declare nulo.
Ese enjambre de causas judiciales, que desnuda la pelea política entre Alberto Fernández y Rodríguez Larreta, se trasladó a los tribunales de la provincia de Buenos Aires, donde el gobernador Axel Kicillof avaló la suspensión de las clases y dictó el decreto 181/2021 para acompañar la medida del Poder Ejecutivo Nacional.
El abogado Diego Isabella se presentó ayer en la Suprema Corte de la provincia en representación de sus dos hijas y pidió que se declare la inconstitucionalidad del decreto 181. En su demanda sostuvo que esa decisión transgrede de manera “directa a los artículos 1º (Autonomía provincial-materias no delegadas), 35º (Derecho a la educación y a aprender), 10º (derecho de propiedad y principio de legalidad y reserva), 11º (garantía de respeto de derechos reconocidos en Constitución Nacional), art. 39 (Derecho al trabajo), y art. 57 (inconstitucionalidad de las restricciones a las libertades y derechos), todos de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires”.
El abogado le pidió al máximo tribunal de la provincia que dicte una medida cautelar en la que ordene el regreso de las clases presenciales de máxima en todo el conurbano o de mínima en el colegio de sus hijas.
A la Suprema Corte llegó hoy un segundo caso. Es el amparo que presentó el municipio de Vicente López. Primero acudió a la justicia federal de San Martín, que rechazó una medida cautelar y se declaró incompetente para intervenir. Luego el expediente se tramitó en la justicia provincial, que también entendió que no era un tema para tratar, sino que directamente debía intervenir el máximo tribunal bonaerense.
“Considerando que en razón de lo dispuesto por los arts. 160, 161 inc. 2 y 196 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires los conflictos que se susciten entre una Municipalidad y el Gobierno de la Provincia son ajenos al conocimiento de los jueces ordinarios, me declaro incompetente para entender en estas actuaciones”, resolvió el juzgado civil y comercial 12 de San Isidro que ordenó: “Notifíquese al accionante de modo urgente y remítase del mismo modo a la Secretaría de Juicios originarios de la Suprema Corte”.
Así, el caso ya llegó al máximo tribunal. De todas formas el municipio de Macri apelará el fallo para que intervenga la Cámara Contencioso Administrativo de San Isidro. “La Municipalidad de Vicente López apelará esta decisión toda vez que la ley de amparo es clara en el sentido que toda persona física o jurídica que se encuentra afectada en sus derechos e intereses puede interponer la acción; y que, por otro lado, como se sostiene en jurisprudencia ´la Suprema Corte de Buenos Aires ha resuelto que cualquier juez tienen jurisdicción para entender acciones de amparo´”, explicó a través de un comunicado.
Hay otras causas en la provincia que podrían terminar en la Suprema Corte. Se trata de expedientes que inició Juntos por el Cambio. El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, inició un amparo en la justicia federal de San Martín, que también se declaró incompetente y pasó a los tribunales provinciales. Y consejeros escolares de La Matanza hicieron lo propio con un amparo con medida cautelar que quedó radicado en un tribunal laboral. Mientras tanto, rige la suspensión de clases presenciales en el conurbano bonaerense.
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