Carlos Zannini coordina la estrategia del Gobierno ante la Corte para defender el DNU de Alberto Fernández que suspende las clases presenciales

El procurador General del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, una de las principales espadas jurídicas de la vicepresidenta Cristina Kirchner, adquirió protagonismo central esta semana como coordinador de la estrategia del Gobierno frente a la Corte Suprema para defender la constitucionalidad y la aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó el presidente Alberto Fernández la semana pasada para evitar los contagios de coronavirus. El decreto, entre otras medidas, suspendió las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y es el eje de un fuerte conflicto con la administración de la Ciudad de Buenos Aires, que conduce Horacio Rodríguez Larreta.

El exsecretario de Legal y Técnica de Néstor y Cristina Kirchner adquirió alta relevancia esta semana en uno de los conflictos político-jurídicos de mayor envergadura que atraviesa el gobierno del Frente de Todos (FDT) desde que asumió el poder, donde el principal contrincante es el jefe de gobierno porteño. Como jefe de los abogados del Estado, Zannini coordina la próxima maniobra legal del Gobierno ante la Corte Suprema, en diálogo con el jefe de asesores de la Presidencia y amigo de Alberto Fernández, Juan Manuel Olmos.

El lunes, la Corte Suprema se declaró competente para avanzar con la medida cautelar que presentó el gobierno de la Ciudad para dejar sin efecto y declarar inconstitucional el decreto de Alberto Fernández. El martes corrió vista de esa acción a la Jefatura de Gabinete, que tiene un plazo de cinco días para enviar su posición y los principios sobre los que se funda. En los primeros días de la semana Gobierno estudiaba el expediente y esperaba presentarlo, a más tardar, el miércoles.

El procurador diagrama los lineamientos del documento que el Gobierno planea entregar, como dispuso el Máximo Tribunal, en un plazo inferior a cinco días. Como la Corte dio vista a la Jefatura de Gabinete, también trabajan en los detalles de la presentación funcionarios del área legal de la Secretaría Administrativa que funciona bajo la órbita del ministro coordinador, Santiago Cafiero. Según fuentes oficiales, será la Procuración General la que definirá cuándo se le dará despacho, dentro de ese período.

Zannini también estuvo a cargo del pedido que hizo Gobierno al juez contencioso administrativo federal Esteban Furnari, para que exigiera a la Justicia de la Ciudad que declarara nulo el freno que impuso el domingo la sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo porteña al decreto del Presidente. En la maniobra, paralela a la estrategia contra la cautelar que presentó Rodríguez Larreta ante la Corte, el Procurador reclamó que la Justicia porteña suspendiera sus actuaciones en la materia. El planteo de la Nación es que Cámara de la Ciudad no tiene competencia para pronunciarse sobre un DNU, que es de carácter federal. En su escrito, calificó de “escándalo jurídico” y “gravedad institucional” lo sucedido.

El martes por la noche, Zannini tuvo un triunfo -aunque por ahora, incompleto-, cuando Furnari admitió parcialmente la inhibitoria planteada por el Estado nacional, declaró la incompetencia del fuero, y dispuso que la causa se remitiera a la Corte Suprema. Sin embargo, Rodríguez Larreta decidió mantener las escuelas porteñas abiertas porque entiende que la Corte Suprema ya dijo que es competente para resolver la cuestión de fondo. Por ahora, el conflicto sigue abierto.

Argumentos

El argumento de Zannini ante el Máximo Tribunal en el expediente por la cautelar, dijeron fuentes de Gobierno, estará basado en la vigencia del Artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, que detalla la atribución del Presidente para dictar decretos por necesidad y urgencia. Planteará que el motivo de fondo de la medida se vincula a cuestiones sanitarias, pedirá que por ese motivo no se la declare inconstitucional y señalará que el gobierno de Rodríguez Larreta avaló el año pasado los DNU que rigieron para hacer frente a la pandemia. “La suspensión de las clases es un efecto, no una causa”, argumentó una fuente al tanto de los fundamentos de la presentación.

Buena parte del contenido de la presentación ante la Corte, además de jurídico, será sanitario. Los funcionarios nacionales a cargo de la redacción del documento utilizaban como insumos para el documento información epidemiológica que les provee el Ministerio de Salud, que conduce Carla Vizzotti. Harán hincapié en demostrar que la medida tomada por el Presidente está basada en datos duros sobre circulación del virus en el ámbito de los colegios, en el transporte y en la vida social que rodean la escolaridad.

Mientras tanto, desde los últimos meses el procurador del Tesoro tiene un rol central en otra causa que enfrenta a la Ciudad y la Nación: la de la quita de un punto de la coparticipación federal a las arcas porteñas. El martes, Zannini presentó un escrito ante la Corte donde planteó que no es competente para intervenir sobre la disputa planteada por la Ciudad de Buenos Aires contra el Estado Nacional por el recorte de fondos.

Pero el máximo tribunal rechazó in limine el planteo que hizo el Gobierno a través de Zannini y ratificó su competencia. Todo ocurrió horas antes de la audiencia de conciliación pautada para hoy, donde los representantes de la administración nacional podrían no presentarse.

Lazos quebrados

En el terreno estrictamente político, el Gobierno elabora un plan para enfrentar al jefe de gobierno tras la escalada por las visiones opuestas sobre la presencialidad de la educación en la segunda ola de la pandemia de coronavirus. Los lazos entre la Nación y la Ciudad están quebrados luego de que el Presidente tomara la medida de suspensión de clases sin consultar al mandatario porteño, y después de que Rodríguez Larreta decidiera acudir a la Justicia para que dirima.

En Balcarce 50 vinculaban la presentación judicial de una ONG porteña con el gobierno de Rodríguez Larreta. “No somos tontos, sabemos que están vinculados”, dijo, en off, un alto funcionario, que daba por sentado que los lazos con la Ciudad están rotos. Del otro lado, en el gobierno de Larreta, coincidían. En la Casa Rosada insistían en utilizar el término que empleó días atrás en el ministro de Justicia, Martín Soria, para referirse al fallo de la Justicia local, y calificaban el fallo de la Cámara Administrativa de la Ciudad como “mamarracho”.

En el Gobierno había consenso en que Larreta “cruzó un límite” y aseguraban que “se lo comió el ala dura de Cambiemos”. “Nos podemos bancar que nos critiquen y que haya enojo con la medida. Pero ir a la Corte y actuar para que intervenga la Justicia de la Ciudad fue demasiado”, expresó un vocero nacional. Según evaluaban, desde que la Justicia porteña hizo lugar al pedido de la sociedad civil para garantizar las clases presenciales -una decisión que tuvo el apoyo público de la Ciudad- el jefe de gobierno “tiene un problema”. “Si la Corte falla en su contra, van a tener que acatar y suspender igual. Y si le fallan a favor y los casos empiezan a subir, los contagios van a ser su responsabilidad”.

Hasta el domingo, reinaba el escepticismo en la Casa Rosada sobre la respuesta de la Corte: creían que era posible que se emitiera un fallo que diera por tierra el DNU. Pero después de la decisión de la Justicia a favor de Rodríguez Larreta en la Ciudad, que consideran “inviable” desde el punto de vista jurídico, la mirada viraba hacia el optimismo. Creían que las supuestas irregularidades podrían embarrar la maniobra del gobierno porteño. Con las distintas causas en marcha, se inició en los últimos días el capítulo judicial de los enfrentamientos políticos por las medidas contra la pandemia de coronavirus en el año electoral, y Zannini se yergue como principal espadachín del Gobierno en la arena de la pelea.

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