La Corte Suprema rechazó el planteo de Zannini y ratificó su competencia para resolver sobre la quita de fondos a la Ciudad

La Corte Suprema rechazó este martes in limine el planteo que hizo el Gobierno Nacional a través del Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, y ratificó su competencia para resolver sobre la quita de fondos a la ciudad de Buenos Aires.

Además, el Máximo Tribunal ratificó que este miércoles se realizará la audiencia de conciliación anunciada el lunes por la mañana a raíz del pleito iniciado por la administración porteña por la quita de fondos nacionales. Sin embargo, esta tarde el Gobierno Nacional adelantó que no se presentaría.

En su planteo, el procurador Zannini había argumentado que la Ciudad “no es una Provincia” conforme lo exige el artículo 117 de la Constitución Nacional y por lo tanto la demanda presentada por el gobierno porteño no debía ser tratada por la Corte Suprema.

Sin embargo, el fallo de la Corte resolvió que la Ciudad Autónoma de Buenos “tiene derecho a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (arts. 116, 117 y 129 de la Constitución Nacional y art. 1°, inc. 1° de la ley 48 y art. 24, inciso 1° del decreto-ley 1285/58, ratificado por ley 14.467; Fallos:342:533)”. Para esto se basa en el siguiente precedente: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Córdoba, Provincia de” (Fallos: 342:533).

“Por ello, se resuelve: Rechazar in limine la excepción de incompetencia opuesta por el Estado Nacional en este proceso y en la causa CSJ 1141/2020 “Gobierno de la Ciudad de Buenos Airesc/ Estado Nacional s/ amparo – decreto 735/PEN/2020”, concluye el fallo.

La doctora Elena Highton de Nolasco fue la única que votó en disidencia. “La Ciudad de Buenos Aires no es un sujeto aforado a la jurisdicción originaria de esta Corte”, argumentó.

La historia del conflicto por la coparticipación

Las protestas de la Policía Bonaerense a comienzos de septiembre de 2020 forzaron al Gobierno de la provincia de Buenos Aires a conseguir una inyección de fondos para afrontar el costo fiscal de un acuerdo salarial con la fuerza. Para eso, el presidente Alberto Fernández resolvió firmar un DNU que le restaba recursos al fisco porteño para derivárselo al que administra el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

El jefe de Estado anunció el 9 de septiembre la creación de un Fondo de Fortalecimiento Financiero Fiscal por el cual le quitó recursos de la coparticipación a la Capital Federal y se los transfirió a la provincia de Buenos Aires. La readecuación de la alícuota federal que reciben las arcas porteñas no era un tema ajeno a la agenda entre la Casa Rosada y el gobierno porteño, pero las conversaciones que se habían iniciado a comienzos de 2020 se vieron interrumpidas por la emergencia sanitaria que implicó la pandemia.

El oficialismo luego envió al Congreso un proyecto de ley que cristalizaba esa poda de recursos federales para la Ciudad, pero además implicaba un recorte todavía mayor que el inicial.

El DNU generó una respuesta inmediata de la Ciudad, que decidió acudir a la Corte Suprema.

La lógica detrás de esa determinación de la Casa Rosada fue que el gobierno porteño solo reciba los fondos necesarios para los gastos del traspaso de la Policía Federal, en lugar de cubrir esas erogaciones con coparticipación. El 10 de diciembre, el Congreso sancionó por norma la reducción de la alícuota que recibe el Gobierno porteño de la coparticipación federal de 2,1 puntos porcentuales, un recorte que terminó siendo mayor que el anunciado. Según estimaciones de fuentes porteñas, para 2021 el dinero que la Ciudad dejaría de recibir ronda los $65.000 millones.

Para afrontar esa caída en el flujo de coparticipación, el gobierno de Rodríguez Larreta aprobó un presupuesto con un “programa de ajuste transitorio” y medidas que apuntan a aumentar la recaudación y recortar gastos, mediante impuestos nuevos y ajuste en el plan de obras.

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