El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, convocó de urgencia a su gabinete a la sede Uspallata, en el barrio porteño de Parque Patricios, para definir los pasos a seguir tras el fallo judicial de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo, que integran los jueces Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Machiavelli, que ordenó de manera unánime que haya clases presenciales mañana, lunes.
Está previsto que el Jefe de Gobierno ofrezca una conferencia de prensa pasadas las 21 para dar su posición con relación al conflicto que generó el DNU publicado por el presidente Alberto Fernández que, entre otras medidas, dispuso la suspensión de las clases presenciales por 15 días para frenar la circulación y contener así los contagios de coronavirus.
En la mañana de este domingo, la fiscal ante la Cámara de Apelaciones de la Ciudad, Karina Cichero, resolvió a favor del pedido de dos organizaciones no gubernamentales para mantener las escuelas abiertas, pese al decreto del Gobierno que prohibió el dictado de clases presenciales en la Capital Federal. Los amparos habían sido presentados por un grupo de docentes nucleados en la ONG Abramos las Escuelas y el espacio Centro de Estudios de Políticas Públicas.
Estas dos organizaciones interpusieron dos amparos donde pidieron la nulidad de los alcances del DNU de Fernández, respecto a la suspensión por 15 días de las clases presenciales, al considerar que era fundamental priorizarlas. Luego, la Sala IV de Apelaciones porteña pidió la opinión de los fiscales y, finalmente, resolvió la Cámara de Apelaciones que integran Alfonsín, Perugini y Machiavelli.
La votación del tribunal fue unánime. La recusación presentada por un abogado particular contra Nieves Machiavelli, hermana del ministro de Medio Ambiente del gobierno porteño, Eduardo Machiavelli, para que no participe en la decisión, fue rechazada. De esta forma, según le informaron a Infobae fuentes judiciales, la hermana del funcionario formó parte de la votación.
La prohibición del dictado de clases presenciales alcanzaba a 2.359 unidades educativas que agrupan a una población de 600.000 alumnos. El último sábado Rodríguez Larreta visitó a Alberto Fernández en la Quinta de Olivos y le pidió en privado lo que ya le había adelantando públicamente: mantener la presencialidad de las clases. El Presidente le manifestó que el problema no son las aulas, sino la circulación que se genera en la ciudad para que las clases se lleven adelante.
Durante la reunión el Presidente le mostró a Rodríguez Larreta una serie de gráficos que respaldaban su postura de suspender las clases. Luego, en una conferencia de prensa desde la residencia de Olivos, planteó: “Desde que volvieron las clases, la curva de contagios ascendió precipitadamente. Le he mostrado los gráficos que avalan lo que digo al jefe de Gobierno porteño”.
Pero la discusión sobre la presencialidad no quedó solo en el plano político. Minutos antes de ingresar a la reunión con Fernández, el mandatario porteño interpuso una acción declarativa de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema para intentar garantizar las clases presenciales. Una medida que busca que se declare inconstitucional el artículo 2 del DNU que dispone la suspensión de las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades desde el 19 hasta el 30 de abril inclusive.
La presentación sostiene que el decreto viola la autonomía de la Ciudad e implica una virtual intervención federal porque se arroga potestades sobre competencias eminentemente locales, en salud y educación.
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