Las variables sanitarias y políticas que analizó el Gobierno para endurecer las medidas frente a la segunda ola en el AMBA

A los indicadores epidemiológicos que evalúan en el Ministerio de Salud se sumó el análisis del costo político de la decisión de aumentar las restricciones que terminó aplicando Alberto Fernández para el área metropolitana. Hay tensión con los gobernadores por la falta de iniciativa a nivel local para paliar la suba de casos.

Alberto Fernández - Carla Vizzotti - Santiago Cafiero
La ministra de Salud, Carla Vizzotti, junto al Presidente y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero
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Ante la fuerte suba de casos -el miércoles se superaron los 25.000- y en un contexto de incertidumbre por las dificultades para comprar vacunas en el mercado internacional, las mayores restricciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que anunció Alberto Fernández el miércoles se basaron en una serie de parámetros que registra el Ministerio de Salud sobre la cantidad de camas de terapia intensiva disponibles, la cifra y la velocidad de los contagios, y en ecuaciones políticas, en un clima de tensión con los varios gobernadores, especialmente el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Para evaluar la situación en todo el país, el Gobierno mantiene mesas de trabajo todas las semanas entre los directores de Epidemiología nacional y provinciales, y convoca al Consejo Federal de Salud (Cofesa), que reúne a los ministros sanitarios. En ambas instancias se analizan distintos indicadores de carácter cuantitativo -datos duros- y cualitativo -basadas en las evaluaciones generales de las autoridades provinciales sobre los distintos contextos- sobre la pandemia, que se considera como una situación “multifactorial”.

Los parámetros para evaluar la activación de medidas en 2021 son similares a los que se utilizaron el año pasado, aunque se incorporaron nuevas variables. Uno de los principales indicadores para tomar medidas a nivel nacional es el que define el “riesgo”, que obtienen a través de la razón del aumento de casos durante las dos semanas anteriores al análisis (que se registra según la fecha de inicio de síntomas) y la incidencia. Este parámetro epidemiológico se analiza semanalmente. Mientras que la cantidad de contagios por jurisdicción se evalúa a diario. “Esos dos indicadores son buenos, los usamos en 2020 y son muy sensibles”, dijeron desde la cartera sanitaria.

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La ministra de Salud, Carla Vizzotti, analiza una serie de parámetros epidemiológicos para definir las medidas

También se analizan la velocidad de contagios -un indicador considerado central porque permite prever el riesgo de que haya una tensión en el sistema de salud-; y la ocupación de camas de terapia intensiva. Estas cifras se cruzan con las tasas de mortalidad, letalidad y diagnóstico de cada provincia; con la cantidad de llamados a las líneas de atención por Covid, y con la valoración de las autoridades sanitarias de cada provincia.

Los datos se evalúan en las reuniones semanales de todos los Directores de Epidemiología nacional y locales, pero también en conversaciones bilaterales cuando las situaciones puntuales en determinados distritos así lo requieren, y en el Cofesa. “Sabemos que en dos o tres semanas vamos a ver un aumento de la enfermedad grave y a través de esas instancias tenemos el termómetro de lo que pasa en las provincias”, dijeron en la cartera nacional. Destacaron también que las decisiones se toman con el aporte de cada área del Gabinete, en especial la económica. “La toma de decisiones es integral”, aseguraron en el Gobierno.

Epidemiología y costo político

A diferencia del año pasado, cuando la Casa Rosada centralizó el grueso de las medidas sanitarias, el plan de Alberto Fernández frente a la segunda ola es que sean los gobernadores los que apliquen el grueso de las restricciones, en coordinación con la Nación. Ante la falta de respuesta de las autoridades provinciales, frente a la marcada suba de casos en el AMBA, y en sintonía con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el Presidente terminó anunciando el miércoles por la noche nuevas medidas que sorpresivamente incluyeron el freno de la educación presencial, y responsabilizó a las autoridades locales, inclusive municipales, por la aplicación.

Desde el Ministerio de Salud aseguraron a Infobae que la política se basa en el aprendizaje del manejo de la pandemia durante el 2020. “El país es tremendamente grande y las realidades son distintas. El Estado nacional va a estar presente, va a apoyar y va a tomar las decisiones que tenga que tomar. Pero cerrar o abrir cuando no amerita no está bien. Hoy sabemos que es fundamental que, con realidades federales tan distintas, la toma de decisiones esté en el nivel local o jurisdiccional”, dijo una fuente nacional.

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Alberto Fernández, el miércoles durante el anuncio de medidas más restrictivas durante dos semanas

En el discurso donde anunció medidas más duras para las próximas dos semanas a través de un mensaje grabado en la Quinta de Olivos tras obtener el alta por coronavirus, el Presidente deslizó: “Espero que los gobernadores entiendan que deben acompañar en este momento difícil, pero es responsabilidad de cada gobernador e intendente hacer cumplir. En lo que a mí concierne, como Presidente preservaré la salud de todos y todas las argentinas. En especial los que viven en la Capital Federal”, dijo Alberto Fernández el miércoles a la noche en una crítica soslayada a Rodríguez Larreta.

En los últimos días escaló la tensión entre la administración central y las provinciales por la aplicación de medidas. No solo opositores, como el jefe de gobierno de la Ciudad, uno de los más reacios en avanzar con restricciones para evitar mayores daños en la actividad económica y educacional, sino con jefes provinciales afines.

Según pudo saber Infobae, la Casa Rosada evaluó en los últimos días el costo que pueden acarrear las restricciones para la imagen del Presidente en el año electoral. El riesgo político es por el impacto ante la opinión que pueda tener en la sociedad la implementación de medidas antipáticas, pero también por la eventual falta de cumplimiento de las órdenes. “La decisión nacional es que se descentralicen las decisiones, pero los gobernadores miran para otro lado. Nadie quiere afrontar el costo de cerrar”, dijo una fuente de Presidencia. “Hay malestar porque si no actúan los gobiernos provinciales, no se puede hacer un cierre quirúrgico para preservar la economía”, agregó un alto funcionario de la Casa Rosada, en alusión a la fuerte crisis que afronta el país después del impacto de la extensa cuarentena del año pasado.

En el Gobierno evaluaban que en definitiva serán los gobernadores ellos quienes deberán pagar el costo de eventuales colapsos sanitarios a nivel local. “Más allá de si toman o no las medidas, el sistema de salud ya está descentralizado. Los enfermos los van a tener que atender ellos. Son los que gestionan a nivel local los que tienen la responsabilidad”, lanzaron desde Balcarce 50.

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