
Los máximos líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13), la Pandilla 18 y el denominado Cártel del Diablo podrían enfrentar solicitudes de extradición hacia Estados Unidos, advirtió el director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, al referirse al endurecimiento de las acciones contra las organizaciones criminales.
El funcionario señaló que el reconocimiento de estas estructuras como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos abre la posibilidad de que sus principales cabecillas sean requeridos por las autoridades de ese país.
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“De la MS, cabecillas de la Pandilla 18, incluso del Cártel del Diablo, que pueden ir a parar a Estados Unidos con peticiones de extradición, porque estos grupos ya fueron reconocidos por el país como asociaciones terroristas en la región y con Estados Unidos”, manifestó Oseguera.
El jefe policial instó a los integrantes de estas organizaciones a abandonar las estructuras criminales, al advertir que las acciones de seguridad tendrán un alcance mayor y utilizarán nuevas capacidades operativas y tecnológicas.

“La persecución va a ser implacable y no solo de Honduras, de la región, del mundo, con tecnología, con capacidades logísticas distintas. Lo que viene el otro año es mucho más duro de lo que estamos viendo”, expresó.
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Sus declaraciones anticipan un endurecimiento de las operaciones contra las organizaciones delictivas durante 2027, con una estrategia que, según explicó, no se limitará al territorio hondureño, sino que involucrará esfuerzos de cooperación internacional.
En paralelo a las advertencias sobre el combate a las estructuras criminales, más de 70 personas privadas de libertad, acusadas del delito de terrorismo, permanecen recluidas en el área de Máxima Seguridad del Centro Penitenciario Nacional de Támara.
Las autoridades penitenciarias informaron que esta medida forma parte de las acciones destinadas a fortalecer el orden, la disciplina y el control dentro de los establecimientos carcelarios del país.
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Como parte de estas disposiciones, durante esta semana se coordinaron nuevos traslados de privados de libertad procedentes de diferentes centros penitenciarios, quienes fueron incorporados al régimen de máxima seguridad.
De acuerdo con la información oficial, los movimientos buscan garantizar el cumplimiento de las normas institucionales, reforzar el sometimiento a la autoridad y mantener una vigilancia estricta sobre los internos clasificados bajo estos regímenes.
La permanencia de más de 70 personas acusadas de terrorismo en el área de máxima seguridad se enmarca en las medidas implementadas por las autoridades para evitar que estructuras criminales mantengan capacidad de organización y control desde los centros penitenciarios.
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Las advertencias del director policial y los recientes movimientos en el sistema penitenciario se producen en medio del endurecimiento de las medidas de seguridad contra las organizaciones criminales que operan en Honduras.

Bajo este régimen, los movimientos de los internos y sus condiciones de reclusión están sujetos a controles especiales, de acuerdo con las disposiciones institucionales.
El traslado de privados de libertad desde diferentes centros penitenciarios también responde a la reorganización de la población carcelaria y a los criterios de clasificación establecidos por las autoridades.
Estas acciones buscan evitar que los integrantes de organizaciones delictivas conserven espacios de influencia dentro de las cárceles, donde históricamente se han identificado problemas relacionados con el control de actividades ilícitas y la comunicación entre miembros de estructuras criminales.
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En el caso de Honduras, el combate a las maras y pandillas constituye uno de los principales desafíos en materia de seguridad, debido a la capacidad de estas organizaciones para desarrollar actividades delictivas dentro y fuera de los centros penitenciarios.

Por esa razón, las autoridades han planteado la necesidad de reforzar los controles y mantener una coordinación entre los organismos encargados de la seguridad pública y la administración penitenciaria.
A nivel internacional, la cooperación entre organismos de seguridad también adquiere relevancia en las investigaciones relacionadas con estructuras criminales que operan en diferentes territorios.
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