Jorge Prado, quien fue destituido de su cargo de intendente de la localidad salteña de Aguaray por el robo de caños del Gasoducto del Noreste Argentino (NEA), irá a juicio oral junto a otros nueve imputados.
Desde febrero de 2020 la Justicia Federal investiga la causa en la que están imputados el ex jefe comunal, su secretario de Hacienda, Fredy Céspedes y varios empresarios, entre los que se encuentra Diego Alos -presidente de OSYP S.A- acusados de “fraude a la administración pública y robo agravado”.
El pasado 28 de julio se amplió la acusación hacia otros empresarios y trabajadores del rubro del transporte que habrían participado de las maniobras que apuntaban al robo de caños por un tramo de 35 kilómetros, que atraviesa la localidad de Aguaray y parajes vecinos dentro del territorio salteño. El Gasoducto del NEA es una obra de infraestructura proyectada en 2003 para llevar gas importado desde Bolivia, a través de Salta, a cuatro provincias que aún dependen de garrafas y que nunca llegó a cumplirse en su totalidad.
El avance de la investigación permitió recuperar más de 250 caños, secuestrados en la zona y en provincia de Buenos Aires.
Este lunes, fuentes del Ministerio Público Federal informaron la decisión de que Prado y los otros 9 imputados vayan a juicio oral y público ante un tribunal colegiado. La misma se adoptó en una extensa audiencia dirigida por el juez federal de Revisión, Alejandro Castellanos, y coordinada por la Oficina Judicial Salta. Durante la audiencia, el fiscal general Eduardo Villalba rebatió planteos defensivos y consolidó así la acusación penal por la cual el ex intendente irá a juicio.
“Se trata de un caso de enorme trascendencia local y nacional, en el que la fiscalía tomó en cuenta el trabajo de los distintos medios periodísticos”, expresó Villalba, quien señaló que los acusados concretaron una maniobra con el único objetivo de apropiarse ilegalmente de bienes del Estado Nacional, en este caso caños del Gasoducto del NEA, para obtener un provecho económico con su comercialización.
El fiscal indicó que “para lograr este negocio millonario, los acusados actuaron en dos etapas. La primera se puso en marcha días antes de que Prado asumiera como intendente de Aguaray, cuando Alos presentó una nota para extraer los caños bajo el pretexto de que se trataban de pasivos ambientales”. Ya al frente del Ejecutivo comunal, Prado permitió la desafectación de los caños, a partir de una resolución municipal que sirvió para que se produjera el delito por parte de los distintos actores implicados.
A mediados de octubre del año pasado la Cámara de Senadores de Salta logró la destitución de Prado luego de que se lo imputara por los delitos mencionados. “El extremo de gravedad institucional se encuentra acreditado en este caso, porque está realmente comprometida la paz social del municipio por la gravedad de los delitos que se le imputan al intendente, por lo notorio y evidente de las pruebas que existen en su contra y porque se encuentran comprometidas las instituciones básicas del municipio”, argumentó el senador por el departamento Rosario de la Frontera, el justicialista Javier Mónico.
Tras su destitución y el pedido del fiscal Villalba, el juez federal de Orán Gustavo Montoya, ordenó la detención del ex intendente a mediados de noviembre de 2020. Sin embargo su arresto se dio a partir de que fuera imputado por malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público. Esta investigación se sumó a la del robo de caños del gasoducto.
Para imputar a Prado, el fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón tuvo en cuenta publicaciones de medios de comunicación en las que Adrián Zigarán -interventor de Aguaray- informó que el exjefe comunal recibió en diciembre de 2019 un municipio saneado y con depósitos bancarios en las cuentas del municipio por $7.900.000.
Diez meses después, y al ser intervenido, el déficit es de 19 millones de pesos, sin que se hayan determinado los compromisos que dejó mediante la emisión de cheques diferidos que vencerán en los próximos meses, explicó Zigarán a fines del año pasado, quien hizo referencia a gastos de combustible y deudas salariales.
Con información de la agencia Télam
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