Destituyeron a un intendente salteño acusado por el robo de caños del Gasoducto del NEA

La Cámara de Senadores de Salta aprobó este jueves la intervención del Departamento Ejecutivo del municipio de Aguaray, luego de que se imputara al intendente Enrique Prado por el robo de caños del Gasoducto del Noreste Argentino (NEA).

Desde febrero la Justicia Federal investiga la causa en la que están imputados el jefe comunal, su secretario de Hacienda y varios empresarios, acusados de “fraude a la administración pública”.

Prado llegó al Ejecutivo municipal hace menos de un año como candidato del Partido de la Victoria (Frente de Todos). Luego de la intervención de la Justicia y del Senado salteño, fue destituido este jueves y ahora será el Gobierno provincial el que deberá nombrar al interventor que quedará a cargo de Aguaray hasta 2021.

La Cámara Alta provincial aprobó de manera unánime la intervención del Departamento Ejecutivo del municipio. “El extremo de gravedad institucional se encuentra acreditado en este caso, porque está realmente comprometida la paz social del municipio por la gravedad de los delitos que se le imputan al intendente, por lo notorio y evidente de las pruebas que existen en su contra y porque se encuentran comprometidas las instituciones básicas del municipio”, argumentó el senador por el departamento Rosario de la Frontera, el justicialista Javier Mónico.

Mónico fue miembro informante de la Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional que elaboró el dictamen con el que el proyecto llegó a ser tratado este jueves.

El mismo, que dispone la intervención de Departamento Ejecutivo del municipio de Aguaray hasta el 10 de diciembre de 2021, fue sancionado por unanimidad, por los 22 senadores presentes y elevado al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Al término de la sesión, Mónico aseguró que hubo “un profundo análisis, con el respeto que merece cada uno de los vecinos de Aguaray y de toda la provincia” y agregó que “somos respetuosos del sistema federal, de la descentralización del poder, de la autonomía municipal y de los derechos de los ciudadanos de elegir con su voto a sus gobernantes”.

“No obstante, nuestro esquema institucional y nuestra organización política prevén algunas herramientas para situaciones extremas, extraordinarias y de gravedad institucional”, incluidas en el artículo 179 inciso 2 de la Constitución salteña.

Sobre la imputación a Prado y la investigación a cargo del fiscal Eduardo Villalba, Mónico sostuvo que “tienen que ver con el avasallamiento y la falta de respeto sobre los bienes del Estado”. En ese sentido, señaló que "a poco de asumir, el intendente disponía de casi 35 kilómetros de caños de una obra del Estado Nacional para la construcción del Gasoducto del NEA”.

Por su parte, el legislador Manuel Oscar Pailler agregó que “el intendente ha llevado a cabo un acto administrativo unilateral, de manera clara y manifiesta, mediante la cual dispuso de bienes patrimoniales del Estado nacional que tenían la finalidad de la construcción del gasoducto del NEA y que fueron extraídos y utilizados en funciones completamente distintas a las establecidas”.

El senador del Frente para la Victoria dijo que Prado “se extralimitó en sus funciones con una simple resolución municipal firmada por él y su secretario de Hacienda, sin el consentimiento del Concejo Deliberante y sin consultar a los gobiernos provincial o nacional”.

En la causa en la que se investiga el robo en el gasoducto del NEA ya son diez los imputados. En tanto, se recuperaron 260 caños que equivalen a 34 kilómetros de la obra. Para el fiscal Villalba la principal hipótesis apunta a que el intendente Prado permitió la desafectación de los caños, a partir de una resolución municipal que sirvió para que se produjera el delito por parte de distintos actores implicados, -entre ellos, el secretario de Hacienda municipal y empresarios-.

En declaraciones a Cadena 3, el senador Guillermo Durán Cornejo comentó que “más allá del monto y el daño al Estado, está el estrépito que ha causado”. El legislador destacó la tarea de sus pares y de la Justicia “que no dejó de avanzar”. “Si no todo este tiempo el funcionario podría haber alterado las pruebas”, remarcó.

Con información de Télam.

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