El Gobierno estableció que los empleadores “podrán convocar al retorno a la actividad laboral presencial a los trabajadores” que hayan recibido “al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida” contra el coronavirus. Así lo anunció a través de la Resolución Conjunta 4/2021, publicada este viernes en el Boletín Oficial.
De esta forma, todas las personas en relación de dependencia que cumplan con esa condición podrán regresar a sus puestos “independientemente de la edad y la condición de riesgo, transcurridos 14 días de la inoculación”.
Esta norma también aplica para el personal de la salud con alto riesgo de exposición, aunque en este caso recién estarán autorizados a volver a sus puestos dos semanas después “de haber completado el esquema de vacunación en su totalidad”.
Las únicas excepciones a esta medida son: los empleados con inmunodeficiencias congénitas, asplenia funcional o anatómica (incluida anemia drepanocítica) y desnutrición grave; con VIH dependiendo del status (< de 350 CD4 o con carga viral detectable); con medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis (mayor a 2 mg/kg/día de metilprednisona o más de 20 mg/día o su equivalente por más de 14 días).
También quedan excluidos los pacientes con enfermedad oncohematológica hasta seis meses posteriores a la remisión completa; con tumor de órgano sólido en tratamiento, y trasplantados de órganos sólidos o de precursores hematopoyéticos.
Según la Resolución firmada por los ministros de Salud, Carla Vizzotti, y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni, los trabajadores que sean convocados por sus empleadores “deberán presentar constancia fehaciente de vacunación correspondiente o manifestar, con carácter de declaración jurada, los motivos por los cuales no pudieron acceder” a la dosis.
En este último supuesto, quienes “tengan la posibilidad de acceder a la vacunación y opten por no vacunarse, deberán actuar de buena fe y llevar a cabo todo lo que esté a su alcance para paliar los perjuicios que su decisión pudiera originar a los empleadores”.
Entre los considerandos de la norma, el Gobierno señaló que “con los resultados disponibles al momento, las vacunas utilizadas en Argentina demostraron una adecuada eficacia para la prevención de las formas graves y de la muerte por la enfermedad, lo cual disminuye el riesgo y posibilita el retorno de los trabajadores y las trabajadoras a sus lugares de trabajo”.
Por esta razón, las autoridades nacionales vieron “necesario implementar estrategias que permitan recuperar la capacidad” productiva de los diferentes sectores y “establecer las condiciones” para la reincorporación de los empleados con licencia.
Se destacó que “la coordinación entre las jurisdicciones permite el establecimiento de pautas para el retorno a la actividad laboral presencial en contexto de pandemia” y que, en este marco, ya hay “protocolos específicos para cada sector a fin de prevenir y cuidar la salud” del personal involucrado.
Por otra parte, también se recordó que la Argentina declaró todo tipo de vacunación como algo “de interés nacional” y “una estrategia de salud pública preventiva y altamente efectiva”, además de un “bien social, sujeta a principios de gratuidad, interés colectivo, disponibilidad y amplia participación”.
Asimismo, el año pasado se fomentó “la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición” de dosis “destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19 en el marco de la emergencia sanitaria con el objetivo de asegurar la cobertura de la población” con inyecciones “seguras y eficaces contra esta enfermedad”.
En este sentido, el Poder Ejecutivo remarcó que ese objetivo es “determinante para lograr controlar el avance” de la pandemia a nivel local, “ya sea disminuyendo la morbimortalidad o bien la transmisión del virus”. “En consecuencia, contar con vacunas no solo permite mejorar sustancialmente el cuidado de la vida y la salud de los y las habitantes del país, sino también ir restableciendo en plenitud las actividades económicas y sociales”, explicaron las autoridades nacionales.
La resolución se comunicó en medio de un paquete de nuevas restricciones que desalientan la circulación. Desde las 0 de este viernes entraron en vigor las medidas anunciadas el pasado miércoles por el presidente Alberto Fernández ante el fuerte aumento de los contagios de coronavirus. Según detalla el decreto de necesidad y urgencia publicado ayer, queda prohibido el tránsito entre las 0 y las 6 de la mañana salvo para el personal esencial, autorizado o aquellos que regresen del trabajo.
Entre otros puntos, en el Área Metropolitana de Buenos Aires, sólo podrán utilizar el transporte público de pasajeros los trabajadores considerados esenciales, toda la comunidad educativa y aquellos que ya fueron expresamente autorizados. Colectivos, trenes y taxis seguirán funcionando durante la noche.
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