Odebrecht: las revelaciones de un arrepentido brasileño apuran definiciones en la causa por coimas contra Julio De Vido

La declaración de uno de los principales arrepentidos de una de las causas Odebrechet, que investiga el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, finalmente llegó a los tribunales de Argentina. Se trata de las revelaciones del brasileño Luiz Antonio Mameri, vicepresidente de la constructora, quien en 2016 aseguró en su país que un representante de la empresa líder del consorcio que resultó adjudicada –IECSA- llegó a un acuerdo con funcionarios entre 2008 y 2013 para pagar coimas al gobierno argentino, en esa época en manos de Cristina Kirchner. Y afirmó que cuando se murió Néstor Kirchner, el intermediario había sido el empresario Jorge “Corcho” Rodríguez.

“Llegó la declaración de Mameri y se mandó a traducir. Todavía no lo pudimos ver”, confirmó a Infobae una fuente de la investigación. Los dichos de Mameri, sin embargo, habían sido aportados al expediente por una vía indirecta: fue el periodista Hugo Alconada Mon, del diario La Nación, quien los relató en el expediente e incluso las defensas habían intentado cuestionar esa prueba como válida, algo que fue desechado. “Yo autoricé retornos identificados hasta el momento por el valor de 2,9 millones de dólares”, dijo Mameri ante los fiscales brasileños, según consta en los videos de su confesión.

En la Argentina el juez Marcelo Martínez De Giorgi y el fiscal Franco Picardi investigan si hubo maniobras de fraude a la administración pública y presuntos pagos de sobornos del Grupo Odebrecht y sus socios locales a funcionarios integrantes de la estructura del Ministerio de Planificación Federal durante el último gobierno kirchnerista.

Se sospecha que esos pagos se realizaron para obtener la adjudicación y continuidad en la distintas etapas de la obra del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, que benefició a un consorcio integrado –según su anterior denominación- por las firmas IECSA S.A., Constructora Norberto Odebrecht S.A., GHELLA Societa Per Azioni y COMSA S.A.

Mano derecha de Marcelo Odebrecht, Luiz Antonio Mameri fue uno de los arrepentidos claves de la causa por la cual su jefe terminó tras las rejas, condenado a 19 años y medio de prisión en el marco de la megacausa Lava Jato. Con la promesa de ver reducir su condena, Mameri habló de aportes ilegales de campaña y sobornos en distintos países, como la Argentina. Según sostuvo, los pedidos de sobornos eran informados desde las distintas reparticiones de Odebrecht y la conducción de la firma era la encargada de autorizarlo y concretarlo.

En su relato, en donde aportó datos y documentos, Mameri identificó a dos argentinos como presuntos intermediarios de las coimas: Javier Sánchez Caballero, ejecutivo de la constructora Iecsa y mano derecha de Ángelo Calcaterra, primo del ex presidente Mauricio Macri; y al empresario Jorge “Corcho” Rodríguez. De acuerdo a la versión de Mameri, el consorcio debía efectuar los desembolsos de los “valores indebidos” a cada liberación de pago de facturas a la UTE.

Tanto Sánchez Caballero como “Corcho” Rodríguez rechazaron esas acusaciones en la causa y ante consultas de la prensa.

La información de Brasil llega en un momento clave de la causa: desde hace más de un año el juez Marcelo Martínez De Giorgi tiene que resolver las situaciones procesales de medio centenar de indagados, que van desde el ex ministro de Planificación kirchnerista Julio De Vido o el ex secretario de Obras Públicas, el condenado por los bolsos José López, hasta el primo de Macri y el empresario Rodríguez.

En agosto de 2019, la Cámara Federal había anulado la resolución dictada por Martínez De Giorgi porque los procesamientos para los ex funcionarios por delitos menores y la falta de mérito para los empresarios no habían sido debidamente valoradas. La Cámara le dijo al juez que debía profundizar la investigación tomando en cuenta todos los delitos, incluido el pago de sobornos o el fraude al Estado.

Según indicaron a Infobae fuentes judiciales, con el ingreso de esta prueba al expediente el fiscal Franco Picardi haría algún requerimiento puntual. Y de ahí el juez tendrá que analizar si define las situaciones procesales o si, eventualmente, decide volver a indagar en base a las pruebas que llegaron al expediente.

Lo cierto es que las defensas, mientras tanto, ya están en guardia. No solo porque tienen pendiente una definición en la Corte Suprema sobre el acuerdo firmado entre la Argentina y Brasil para acceder a las pruebas que se obtuvieron en el país vecino a través del mecanismo de la delación premiada, sino porque mientras en los tribunales de Retiro se están recibiendo ahora estas pruebas.

La causa que llevó a prisión al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, viene registrando distintas nulidades y objeciones por cómo llevó adelante el proceso que comandó Sergio Moro, señalaron a Infobae las fuentes consultadas.

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