La causa por el llamado “Operativo Puff”, un supuesto complot organizado desde la cárcel por “presos k” para desactivar la causa de los cuadernos y conocido justo cuando explotaba el expediente D’Alessio en Dolores, seguirá abierta. Es que la Cámara Federal porteña decidió este martes revocar la decisión del juez Marcelo Martínez De Giorgi que había dispuesto cerrarla por inexistencia de delito. Pero, en una resolución a la que accedió Infobae, la Sala II del tribunal de apelaciones decidió hacer lugar a la apelación de Carlos Stornelli en su rol de querellante y reabrir la investigación. No fue una decisión univoca: los jueces Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens firmaron el voto de mayoría (cada uno con sus propios argumentos), mientras que Eduardo Farah se pronunció por confirmar el cierre.
A criterio de Bruglia, al cerrar la causa, Martínez De Giorgi tuvo una mirada “limitada y escasa” y pese a que existían “concretos cursos instructorio propuestos tanto por el acusador público como por el querellante” se tomó una interpretación “contradictoria y sesgada”. “Solo cabe encomendar al juez de grado a que lleve a cabo todas las diligencias necesarias a fin de corroborar o descartar los hechos denunciados”, dijo.
En la misma línea, Llorens afirmó que la labor del juez “no resultó suficiente para descartar, definitivamente, la inexistencia de un plan que pudiera tildarse de delictivo”. “Entiendo que los agravios expuestos tanto por la querella como por el representante de la vindicta pública poseen argumentos sólidos y suficientes que me conducen a revocar el archivo”, agregó. A contramarcha de ambos, el juez Farah se pronunció en soledad por cerrar el curso de la causa.
La llamada causa “Operativo Puf” nació casi en paralelo a la investigación sobre el falso abogado Marcelo D’Alessio. Fue en febrero de 2019, apenas se conoció que el juez Alejo Ramos Padilla estaba investigando al falso abogado Marcelo D’Alessio, denunciado por un empresario llamado Pedro Etchebest que lo había grabado y filmado. Fue la propia Elisa Carrió la que difundió por Twitter que se estaba poniendo al descubierto una operación montada por el kirchnerismo.
Stornelli hizo una denuncia y el caso cayó en manos del juez Luis Rodríguez y el fiscal Jorge Jorge Di Lello, recientemente fallecido. Según indicó, a Stornelli le habían llegado anónimamente la desgrabación de unas conversaciones a su despacho. Al día siguiente, las legisladoras aliadas a Carrió, Paula Oliveto y Mariana Zuvic, radicaron otra denuncia con las mismas conversaciones. El caso, esta vez, cayó en el del juez Claudio Bonadio.
Las sospechas contra esos detenidos, entre los cuales estaba Roberto Baratta y Juan Pablo Schiavi, tuvieron distinta suerte en Comodoro Py. Mientras en el juzgado de Rodríguez, el fiscal Di Lello entendió que no había exisitido delito y la causa fue cerrada, en el juzgado de Bonadio la causa avanzó, con Stornelli como querellante. Por la causa pasaron seis fiscales, hasta que quedó radicada en manos del fiscal Franco Picardi.
La denuncia se sustenta en interceptaciones telefónicas hechas por un juez de Lomas de Zamora, Federico Villena, para conocer los diálogos en prisión del narcotraficante Mario Segovia, conocido como el “Rey de la efedrina”, que está detenido en Ezeiza.
Tras la muerte de Bonadio, el juez Martínez De Giorgi -que lo reemplazó- evaluó que el caso debía cerrarse. Si la hipótesis era que se buscó poner en peligro la causa de los cuadernos, el caso ya había sido elevado a juicio oral. Con eso, archivó el caso. El fiscal Picardi no apeló. En cambio, Stornelli como querellante sí y fue apoyado por el fiscal de Cámara.
Ahora, tras más de seis meses de deliberaciones, la Sala II de la Cámara Federal -sin el juez Martín Iurzun, su histórico integrante- resolvió por dos votos a uno mantener abierta la investigación hasta que se profundice la investigación. El juzgado, ahora, está en manos del juez Julián Ercolini.
La decisión es una excelente noticia para Stornelli, quien exhibe esta investigación (Puff) como prueba de su defensa en la causa Dolores, donde el juez Alejo Ramos Padilla lo había procesado como integrante de una asociación ilícita que llevó adelante distintos delitos. La revisión de la ampliación de su procesamiento está siendo revisado en la Cámara Federal de Mar del Plata, mientras mantiene recursos abiertos en Casación.
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