El caso de Cristian Daniel López no tiene antecedentes en la administración pública. En 2017 fue apartado de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) porque había omitido consignar dos causas penales en su declaración jurada. Lo peor vendría después: López entregó un auto oficial que le habían prestado pero se olvidó una factura de $125.652,90 por la compra de un reloj suizo. Lo llamativo fue que la factura, emitida por una joyería ubicada en el shopping Dot Baires, estaba a nombre de un arquitecto que era proveedor del Estado.
López fue denunciado penalmente por el entonces titular de la AABE, Ramón Lanús, y ahora tuvo que enfrentar un juicio oral ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Ramiro González. Nunca cambió su relato: durante su indagatoria y en el juicio aseguró que la factura estaba a nombre del arquitecto Gonzalo Arana, con quien tenía un supuesto vínculo a través de un familiar, para “no tener un problema en su casa”, pero que el reloj lo pagó con su dinero. “Me quería dar un gustito”, agregó durante su declaración, según contaron a Infobae fuentes judiciales.
La causa judicial tiene otro dato insólito. Cuando allanaron su casa, López recibió a la Policía con el reloj de la marca Tag Heuer puesto. La Justicia luego secuestró la factura original en la joyería “Testorelli 1887” y terminó de confirmar que la misma había sido emitida a nombre del arquitecto el 31 de octubre de 2017.
López había ingresado a la AABE al comienzo del gobierno de Mauricio Macri. En 2016 fue designado director nacional de Planeamiento. Luego escaló a gerente de “Playas Ferroviarias de Buenos Aires SA”, que administra importantes terrenos en zonas privilegiadas de la Ciudad, y terminó como Director Suplente de “Nuevos Aires del Sur SA”.
Sus problemas comenzaron cuando un sumario administrativo determinó que tenía al menos dos procesos penales en su contra. En una de esas causas, la “15.174/2012″, ya estaba procesado por una defraudación, aunque luego el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 6 le concedió una probation. El otro expediente, radicado en el juzgado de Javier López Biscayart, terminó con un sobreseimiento.
López había omitido esos antecedentes en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. Por ese motivo fue apartado del cargo y tuvo que entregar del vehículo que tenía asignado para sus funciones, un Peugeot Partner, dominio NZL 085.
Los funcionarios de la AABE se sorprendieron al encontrar en el auto una factura por la compra de un reloj suizo. No es todo: la misma estaba a nombre de un arquitecto que era proveedor del organismo. De hecho, el estudio de arquitectura Arana y/o Gonzalo Raúl Arana había facturado $1.028.500 en concepto de “venta de obra y/o servicios para la playa ferroviaria de Palermo”, que era administrada por “Playas Ferroviarias SA”, es decir, por López.
López finalmente fue denunciado por los delitos de falsificación de documento público, aceptación ilegal de cargos, defraudación en perjuicio de la administración pública, cohecho y admisión simple de dádivas. “La declaración jurada apócrifa habría constituido el ardid necesario para engañar a la Agencia que represento, pues fue debido a la presentación y utilización de la documentación falsa que logró inducir a error al organismo estatal para que lo contrate y/o prorrogue su designación en la AABE, así como en “Playas Ferroviarias SA”. De tal manera, consiguió devengar durante casi dos años una remuneración que no le correspondía, provocando disposiciones patrimoniales injustas a su favor por una suma de $2.011.841,24 y ocasionando así un perjuicio al Estado Nacional”, dice la denuncia original.
Luego de un juicio por Zoom que llevó apenas cinco audiencias, ayer el juez Casanello condenó a López a un año y seis meses de prisión por el delito de dádivas y a cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. El arquitecto que figuraba en la factura ya había recibido una probation y deberá realizar tareas comunitarias durante un año.
El delito de dádivas está previsto en el artículo 259 del Código Penal y prevé una pena de 1 mes a 2 años para “el funcionario público que admitiere dádivas, que fueran entregadas en consideración a su oficio, mientras permanezca en el ejercicio del cargo”.
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