Cristina Kirchner utilizó su descargo en la causa dólar futuro para justificar la avanzada oficial contra jueces y fiscales

Cristina Kirchner apuntó con el dedo amenazador contra los camaristas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, sumó en su andanada a los medios de comunicación, y aseguró que la actual situación económica y social de la Argentina es el resultado de una conspiración política que Alberto Fernández intenta remediar con su reforma judicial y la anulación definitiva de la practica de Lawfare que se aplicaría sin sosiego en Comodoro Py y la Corte Suprema.

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“Usted me quiere convencer a mi que hay Justicia en este país, y que hay un poder judicial en serio, por favor”, dijo CFK al juez Petrone acusándolo de continuar con la causa de Dólar Futuro que, desde su perspectiva, es un armado del establishment para perseguirla a ella y al peronismo.

La exposición de la Vicepresidente -54 minutos exactos desde su despacho- complementa la presentación que hizo Alberto Fernández -148 minutos- ante la Asamblea Legislativa. Fue un tándem que se movió a un ritmo vertiginoso, utilizando palabras que conmocionaron a los tribunales y apuntando a un sólo objetivo: reformar al Poder Judicial, que en cada una de sus instancias tiene bajo revisión la conducta penal de Cristina Kirchner, sus familiares directos, sus amigos de la Patagonia y sus aliados económicos.

No fue casual que CFK avanzara contra el juez federal Claudio Bonadio -que ya falleció- y el fiscal federal Carlos Stornelli. Ambos funcionarios de Comodoro Py realizaron la investigación en la causa Cuadernos que colocó a la Vicepresidente en una compleja situación penal.

Stornelli y su jefe directo, el procurador interino Eduardo Casal, no pueden ser removidos pese a los deseos Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Y la única chance política que el Presidente y su socia tienen es que la mayoría kirchnerista de Diputados sancione la reforma a la Procuración General.

Si ello ocurriera, Stornelli y Casal serían eyectados de sus cargos en apenas dos días hábiles.

“Estamos en un momento muy grave institucional de la Argentina, no pueden seguir comportándose como una corporación, va a llegar un momento de crisis tan grave que va a ser revisado la totalidad del poder; no es sano el ejercicio del poder con funcionarios que parecen una aristocracia”, señaló la ex presidenta cuando promediaba su alegato.

Alberto Fernández propuso modificar las condiciones básicas de la Ley 48 (Recurso Extraordinario), reformular la aplicación directa del artículo 280 del Código de Procedimientos que ejecuta la Corte Suprema, establecer los juicios por jurados incluso para delitos federales, crear un tribunal de garantías con apoyo de todos los gobernadores y establecer una comisión bilateral para controlar al Poder Judicial.

No hay jueces o fiscales federales que rechacen in totum estas propuestas formales del Presidente. Pero no creen su palabra, y menos aún después de escuchar a CFK durante su presentación ante la Cámara de Casación.

Comodoro Py asume que la propuesta del jefe de Estado es un inasible Caballo de Troya: si aceptan el obsequio de remozar ciertos instrumentos jurídicos, a la madrugada aparecerá la Vicepresidente colonizando al Poder Judicial y cerrando todas las causas penales en su contra.

“Este es el sistema que está podrido y perverso”, opinó CFK sobre el sistema judicial.

Y antes había asegurado que toda la justicia federal y los medios de comunicación habían conspirado para lograr que Mauricio Macri derrotara a Daniel Scioli en el balotaje de noviembre de 2015.

Desde una perspectiva política, el alegato de Cristina confirma la fuerte sintonía que existe con Alberto Fernández respecto a la intención de forzar una reforma judicial desde ambas cámaras del Congreso.

En cambió, si la perspectiva de poder se ubica en Comodoro Py y la Corte Suprema, la Reforma Judicial propuesta por el Presidente será una disputa política muy parecida a los enfrentamientos de trinchera en la Primera Guerra Mundial.

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