El día que Alberto Fernández dijo que no iba a reformar la Justicia: “Grábelo, yo no miento”

“No voy a hacer eso, grábelo, lo vamos a guardar de recuerdo porque no me va a poder retrucar nada. Guárdelo, yo no miento, el que miente es Macri. Yo soy hijo de un juez, respeto el Estado de derecho y hace 30 años que enseño en la Facultad de derecho; no borro con el codo lo que escribo con la mano”.

La frase fue pronunciada por Alberto Fernández el 19 de julio de 2019 en medio de la campaña que finalmente lo llevó a la Presidencia. Respondió así a una pregunta del periodista cordobés fallecido Mario Pereyra sobre su intención de realizar reformas en la Justicia. El jefe de Estado, hace 593 días, fue contundente: “Yo no dije eso y no lo voy a hacer”.

Eran días en que Fernández intentaba mostrarse como un dirigente moderado frente a ideas que habían expresado públicamente Mempo Giardinelli y Eugenio Zaffaroni, dos lúcidos pensadores vinculados al oficialismo que recomendaban avanzar con una reforma constitucional. La propuesta de Giardinelli había generado una fuerte polémica porque incluía la “eliminación” del Poder Judicial.

El compañero de fórmula de Cristina Kirchner no mantuvo sus promesas durante su Presidencia. Apenas asumió, anunció que enviaría al Congreso una reforma judicial y cumplió. El texto fue discutido y aprobado el año pasado en la Cámara de Senadores. Está dormido en Diputados, donde el kirchnerismo no cuenta con los votos necesarios para transformarlo en ley.

La actitud reformista del Presidente con respecto al Poder Judicial no se quedó ahí. Esta semana anunció frente a la Asamblea Legislativa que avanzará con un paquete de medidas que incluye no solo la creación de una comisión para investigar a jueces, sino también reformas en el Consejo de la Magistratura y hasta en los recursos que se sustancian ante la Corte Suprema. Fernández dijo además que impulsará la creación de un tribunal para limitarle el poder al máximo tribunal.

Existe una máxima en política que indica que a los políticos no hay que tomarlos muy en serio cuando están en campaña. El ex presidente del Banco Central Federico Sturzenegger confesó en una charla en la Universidad de Columbia que el asesor ecuatoriano Jaime Durán Barba le aconsejó que evite definiciones concretas durante la campaña. “Cuando seas gobierno hacés lo que vos creas, pero ahora no lo digas”, le pidió. El cambio significativo entre lo que decía el Alberto Fernández moderado de la campaña y lo que dice ahora el Alberto Presidente confirma que la teoría excede al PRO.

Las reformas

Para argumentar su cambio de postura, el jefe de Estado planteó ante el Congreso que el Poder Judicial está en crisis y que sus integrantes están al margen de la República.

“Vivimos tiempos de judicialización de la política y politización de la Justicia, que terminan dañando a la democracia y a la confianza ciudadana porque todo se trastoca. Asistimos a condenas mediáticas instantáneas y sin posibilidades serias de revisión. Sufrimos la discrecionalidad de los jueces expresada en demoras inadmisibles de procesos judiciales que afianzan el clima de impunidad. Padecemos la manipulación de decisiones jurisdiccionales en función de intereses económicos o partidarios que conducen a medir los hechos con distintas varas”, sostuvo.

Alberto Fernández le pidió a la Cámara de Diputados que trate y apruebe dos proyectos de reforma judicial que cuentan con media sanción del Senado y que son resistidos por la oposición. Uno es la reforma al fuero federal en el que amplía la cantidad de juzgados de Comodoro Py, donde se investigan las causas de corrupción, con la unificación del fuero penal económico y una parte de la Justicia nacional de instrucción. “Con eso estaríamos dando un primer paso en favor de mejorar la administración de justicia”, sostuvo.

Lo mismo planteó con la reforma al Ministerio Público Fiscal que aprobó el Senado y está en Diputados. Allí se busca ganar con una mayoría simple de votos la elección del procurador general y su destitución. El Presidente no hizo referencia a la postulación del juez Daniel Rafecas como jefe de los fiscales. Fernández lo propuso en diciembre de 2019, apenas asumió, y desde entonces su pliego está congelado.

El mandatario también anunció que a lo largo del año enviará al Congreso proyectos basados en las recomendaciones que le hizo la comisión de juristas que convocó para analizar el funcionamiento de la Justicia.

Una de esas iniciativas, adelantó, será la creación de un Tribunal Federal de Garantías que estará por debajo de la Corte Suprema, “que tendrá competencia exclusivamente en cuestiones de arbitrariedad y al que se podrá llegar por vía del recurso extraordinario”. Y agregó: “De ese modo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría circunscribir su competencia a aquella temática que la Constitución Nacional expresamente le ha dado”.

La decisión implica que el máximo tribunal solo intervendrá cuando se plantee la inconstitucionalidad de alguna norma y el nuevo tribunal en los restantes aspectos, entre ellos, las apelaciones por condenas penales. La creación de ese tribunal será consultada con los gobernadores del país.

Otra será la revisión del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial. Se trata del artículo que le permite a la Corte Suprema rechazar cualquier pedido por considerarlo arbitrario. Fue el que utilizó para confirmar la condena al ex vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone, lo que generó críticas en el oficialismo.

También anunció una reforma en el Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano encargado de la selección y acusación de los jueces nacionales y federales. “Debemos despolitizar ese ámbito, para que los mejores y más capaces magistrados lleguen a ocupar sus funciones sin condicionamientos, sin favores a devolver y sin la contaminación con los poderes corporativos o políticos”, sostuvo. El Consejo está integrado por 13 miembros, de los cuales siete son representantes de la política.

Por último adelantó que enviará al Congreso un proyecto para aplicar el juicio por jurados para delitos federales. Eso significa que la culpabilidad o inocencia en causas como corrupción, narcotráfico y otros delitos de crimen organizado será decidida por ciudadanos. El juicio por jurados se aplica en varias provincias pero nunca a nivel federal a pesar de que está en la Constitución Nacional desde 1853.