Un fiscal pidió que la Cámara resuelva la situación de Rodríguez Larreta en la causa por la construcción del Paseo del Bajo

El fiscal ante la Cámara Federal, José Luis Agüero Iturbe pidió que la Sala I de ese tribunal resuelva “a la brevedad” la apelación del sobreseimiento dictado para el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta en el caso en el que se investiga la licitación para construir el Paseo del Bajo.

Agüero Iturbe, en un dictamen al que accedió Infobae a través de fuentes judiciales, señaló que los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens tienen pendiente de resolución desde junio pasado la apelación presentada por la fiscal Alejandra Mángano y por Sergio Rodríguez quien encabeza la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA)

Ambos habían apelado por “prematuro” el sobreseimiento dictado el 27 de diciembre de 2019 por el fallecido juez Claudio Bonadio. En aquella resolución 2019 Bonadio también había sobreseído al ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y al presidente de Autopistas Urbanas S.A Carlos María Frugoni, entre otros imputados. Con aquella decisión, se archivó la investigación que también salpicaba a empresarios vinculados a la obra, como Ángelo Calcaterra, primo del ex presidente Mauricio Macri.

En la causa se investiga si se adjudicó de forma indebida, mediante direccionamiento y a un precio mayor que el que hubiese correspondido, el tramo más oneroso de la licitación pública internacional en cuestión, en favor de la empresa IECSA, por entonces propiedad de Calcaterra.

Según consta en el expediente judicial el presupuesto destinado a la obra del Paseo del Bajo era de $8.700.000.000, financiados en un 43% con fondos de la Ciudad y en un 57% con aportes nacionales, provenientes estos de un préstamo de hasta USD 400.000.000 otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF). Mediante un decreto de Macri, se delegó en el ministro de Finanzas la suscripción del convenio y se designó al ministerio de Transporte de la Nación- a cargo de Dietrich- como “Organismo Ejecutor”. Ese ministerio nacional delegó la ejecución de la obra en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires. En definitiva la contratación de las obras fue realizada por Autopistas Urbanas S.A. (AUSA).

La obra del Paseo del Bajo contemplaba tres tramos, designados en el pliego de licitación como “A”, “B” y “C”. El último el más costoso de los tres tenía un presupuesto estimado de $ 4.480.000.000.

Los fiscales que apelaron el sobreseimiento sostienen que debe investigarse si hubo irregularidades en la adjudicación del último tramo de la obra. Fue favorecida con el contrato la unión transitoria de empresas conformada por IECSA y Fontana Nicastro S.A. La hipótesis de los acusadores señala que la adjudicación fue realizada mediante la alteración de las normas previstas para el proceso de selección de la licitación, a través de circulares sin consulta libradas por funcionarios de AUSA. Esto habría permitido eliminar a otros posibles candidatos a quedarse con este tramo, y de ese modo se habría beneficiado indebidamente a la UTE conformada por IECSA y Fonatana Nicastro. Hay otros dos ejes más de la investigación que los fiscales quieren mantener abierta que son la inclusión de las obras de infraestructura civil del llamado “RER” y la remoción de un gasoducto.

Cuando dictó el sobreseimiento de los imputados Bonadio había dicho que “No cabe más que concluir en la inexistencia de actos irregulares o ilícitos en los hechos denunciados. Nada de todo lo actuado, extensamente considerado, indica que se haya favorecido a IECSA- ­Fontana Nicastro en forma ilegal y deliberada, en ninguno de los supuestos denunciados. La totalidad de los procedimientos observados, no exhiben cuestiones susceptibles de encuadrar en alguno de los tipos penales previstos en nuestra legislación”.

El juez había señalado que no existió “incumplimiento a los deberes de funcionario público” porque “ningún funcionario ha actuado de modo contrario a derecho”. Tampoco había detectado “alguna de las defraudaciones invocadas desde que no hubo ardid ni perjuicio económico”. “Las licitaciones fueron asignadas a empresas que cotizaron por porcentajes sensiblemente inferiores a los propios presupuestos estimados por el Estado al inicio de las licitaciones. Tampoco se probaron engaños, promesas ni dádivas”, había concluido Bonadio. También fueron sobreseidos Franco Moccia, ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando se hizo la obra y Natalia Bustos, jefa de Compras de Autopistas Urbanas S.A.

Los fiscales no estuvieron de acuerdo con lo decidido por el juez. Cuando apelaron en 2020 Mángano y Rodríguez habían argumentado que “existen fuertes indicios de irregularidades administrativas sumado a beneficios económicos hacia empresas contratistas de obra pública sobre los que recaen dudas verosímiles acerca de su transparencia y legalidad”. Y habían señalado que “la investigación no había alcanzado la certeza necesaria para afirmar que en ningún tramo de la maniobra en cuestión se hubiera cometido delito alguno. El análisis de la documentación secuestrada reveló la existencia de indicadores de direccionamiento de las licitaciones y permitieron abrir nuevas líneas para profundizar la pesquisa, en lo que respecta a las diferentes aristas de la maniobra”.

En junio de 2020 cuando el caso llegó-pandemia de por medio- a la Sala I de la Cámara Federal Agüero Iturbe había respaldado los argumentos de la apelación de los fiscales y también había solicitado que “sea considerado por ese Tribunal la viabilidad de aconsejar al instructor la delegación de las actuaciones en cabeza de este Ministerio Público Fiscal. Esto con el propósito de realizar las distintas medidas probatorias que a lo largo de la instrucción se fueron requiriendo y que no han tenido concreción, conforme se explaya esta acusación en la apelación. Esto permitirá dar celeridad a la investigación, a los efectos de arribar a un estado de conocimiento sobre el objeto procesal que sí habilite el dictado de una resolución válida”.

En el pedido de celeridad para que se resuelva la apelación el fiscal Agüero Iturbe caracterizó el hecho como “de corrupción en la administración y gestión de obra pública”. Según fuentes judiciales uno de los tres jueces tiene decidido su voto desde hace varios meses. Falta el voto de los otros integrantes de la Sala I de la Cámara Federal.

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