Las organizaciones opositoras nicaragüenses agrupadas en la Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE) solicitaron a los Estados democráticos y a los organismos internacionales implementar de inmediato los mecanismos legales y diplomáticos disponibles contra el régimen de Nicaragua, dirigido por Daniel Ortega y Rosario Murillo, a quienes acusan de vulnerar los derechos humanos en el país.
En una declaración, estas organizaciones afirmaron: “Nicaragua lleva años sumida en una noche oscura bajo una dictadura que ha cometido crímenes de lesa humanidad. La solidaridad internacional y la acción responsable son fundamentales para proteger al pueblo nicaragüense”, e instaron a “actuar por Nicaragua”.
Sostuvieron que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua ha recopilado pruebas que involucran a Ortega, Murillo y a 52 altos funcionarios, entre ellos el jefe de la Policía Nacional y el jefe del Ejército, en delitos como asesinato, tortura, encarcelamiento arbitrario, desaparición forzada y persecución política sistemática desde abril de 2018.
Advirtieron que “estos crímenes no prescriben y pueden ser perseguidos bajo el principio de justicia universal, sus autores pueden ser llevados ante la Corte Internacional de Justicia por violaciones reiteradas a convenios internacionales de los que Nicaragua es parte, como la Convención contra la Tortura y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, y pueden enfrentar también a la Corte Penal Internacional por los crímenes de lesa humanidad cometidos”.
Destacaron que el informe más reciente de los expertos expone de qué manera la dictadura empleó fondos públicos para financiar la represión, destruyó el sistema de justicia y extendió la represión más allá de las fronteras nacionales.
Según la declaración, “la dictadura sandinista persigue a ciudadanos con una red transnacional de inteligencia activa en Costa Rica, Honduras, Guatemala, España y Estados Unidos, utilizando espionaje digital, agentes encubiertos y la instrumentalización fraudulenta de INTERPOL”.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua denunció en Ginebra que el régimen de Ortega y Murillo opera una red transnacional de vigilancia e inteligencia, con participación destacada del cocanciller Valdrack Jaentschke, destinada a intimidar a “cientos de miles de nicaragüenses en el extranjero”.
Añadieron que Jaentschke habría integrado un grupo de alto nivel encargado de coordinar acciones de represión transnacional contra exiliados en distintos países.
Las organizaciones opositoras señalaron también que 452 nicaragüenses han perdido su nacionalidad debido a su postura política.
Reconocieron en su comunicado que “la responsabilidad principal de la justicia recae en los nicaragüenses”, aunque consideran que “la comunidad internacional tiene la responsabilidad subsidiaria de proteger a un pueblo indefenso y garantizar el respeto a los derechos humanos”.
Los expertos de la ONU, que han calificado las violaciones cometidas por las autoridades nicaragüenses desde 2018 como crímenes de lesa humanidad, trabajan sin la cooperación del régimen de Ortega y Murillo, que en el último año se retiró del Consejo de Derechos Humanos y de otras instituciones de la ONU.
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