La Confederación General del Trabajo (CGT) analizará esta tarde el acuerdo de precios y salarios que impulsa el Gobierno, aunque el secretario adjunto de la central obrera, Andrés Rodríguez (UPCN), advirtió: “Nosotros no vamos a poner ningún límite a ninguna paritaria”.
En el encuentro que tendrá lugar a las 15, en la sede del Sindicato de Sanidad, la mesa chica cegetista también evaluará los detalles del plan oficial de viviendas sobre el que hablaron con el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi. En principio hablan de 1.200 casas dentro de un programa habitacional en terrenos sindicales y con un amplio financiamiento del Estado.
Pero la atención estará centrada en las distintas posturas sobre el acuerdo de precios y salarios. La posibilidad surgió durante una reunión del gabinete económico y luego fue trasladada informalmente al sector sindical y al empresarial. En la CGT hay diferencias al respecto. Algunos dirigentes creen que puede ser eficaz para controlar la inflación, mientras que otros la cuestionan porque es una herramienta que nunca funcionó en la Argentina y será difícil de instrumentar en medio de la crisis.
Uno de los ejes del acuerdo tripartito que busca el Gobierno será el compromiso de que las paritarias tengan un tope del 30% anual para los aumentos salariales, pero los sindicalistas no quieren estampar su firma en ningún pacto de ese tipo para no quedar desacomodados ante sus bases ya que las consultoras privadas anticipan que la inflación de enero podría superar el 4% y si se mantiene esa tendencia el costo de vida de 2021 se ubicará mucho más cerca del 50%.
La CGT ya le pidió una audiencia al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, para hablar del tema. En la central obrera, pese a las diferencias internas, podrían aceptar sumarse a un acuerdo de precios y salarios si se incluye una cláusula de revisión que permita compensar el desfase inflacionario.
“Todos tenemos que bregar por que la inflación baje, los índices que se vislumbran para el primer mes del año no son positivos”, dijo Rodríguez, secretario general de UPCN, para quien “el presupuesto prevé un 29% de inflación, pero parece muy difícil mantener ese número”.
“El Gobierno está hablando sobre la necesidad de que las paritarias cierren 2 o 3 puntos por encima de la inflación -destacó-. Si lo logramos, es un paso adelante. Nosotros vamos a poner el hombro para que esto suceda. Pero es el Gobierno tiene que tomar las medidas necesarias para que los precios no se disparen. Nosotros no nos podemos poner en una posición de contralor”.
Para los empresarios tampoco está claro cómo comprometerse a mantener el nivel de los precios y prefieren que, como en 2020, las paritarias se acomoden a las posibilidades de cada sector. En el sector continúa el malestar con el Gobierno, además, por la prórroga por 90 días de la prohibición de despidos y la extensión de la doble indemnización hasta fines de año.
La Casa Rosada está preocupada por el alza de la inflación y comenzó a aplicar medidas como el relanzamiento del programa Precios Cuidados y el acuerdo que permitirá la venta con descuento de diez cortes de carne. Aun así, en la CGT alertan: “Los trabajadores van a al supermercado y saben que los precios siguen subiendo, así que por el momento no existe un escenario ideal para pensar en poner límites a las paritarias”, afirmó a Infobae el titular de un importante sindicato industrial.
Para los dirigentes gremiales es difícil aceptar que se pongan topes a la negociación salarial en un contexto inflacionario y, sobre todo, cuando en 2021 tendrán lugar las postergadas elecciones en muchos sindicatos y se deberá renovar la conducción de la CGT. Aferrarse a la bandera de unas paritarias condicionadas dejará al sindicalismo con menor recursos ante las bases y las oposiciones internas y, según teme, podrían peligrar las reelecciones de muchos de sus representantes.
Ese es el telón de fondo de la discusión que comenzará esta tarde la CGT, en un escenario en el que, para colmo, todavía no se despejó la inquietud por la reforma del sistema de salud que impulsa el kirchnerismo y que es vista como una forma de apropiarse de “la caja” de las obras sociales.
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