
En medio de la disputa por la quita de los fondos de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, el diputado porteño Sergio Abrevaya presentó este viernes un proyecto de ley en el que pide que el Gobierno Nacional se haga cargo de los gastos que le genera a la Capital Federal. El mismo solicita un reembolso por los fondos que se destinan a la infraestructura urbana, y el mantenimiento del espacio y la seguridad en territorio porteño.
El proyecto de Abrevaya solicita al Estado Nacional “el reembolso por los gastos devengados por la utilización de la infraestructura urbana, el mantenimiento y cuidado especial del espacio público y la seguridad pública integral, todo ello con carácter de especial por el uso directo e indirecto, en ocasión de actividades públicas motivadas, impulsadas o vinculadas a políticas nacionales” en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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A modo de explicación de los motivos que llevaron a impulsar este proyecto, se especifica que en la Ciudad se encuentran emblemáticos espacios verdes como la Plaza de Mayo, la Plaza de la República y la Plaza de los Dos Congresos, entre otros, que en muchas ocasiones son escenario de grandes acontecimientos históricos que están vinculados a cuestiones de relevancia a nivel nacional. Estos eventos a veces se dan en un marco de desorden y descuido que acarrean detrimentos, de los que se hace cargo el Gobierno porteño.

“Cualquier evento, movilización o manifestación a estos centros neurálgicos, espacios frente a la residencia del Poder Ejecutivo Nacional o al Congreso, que en los últimos tiempos podrían contabilizarse casi uno por día, tiene un costo para la ciudad promedio de casi 3.500.000 de pesos por cada uno”, reza el proyecto.
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Los principales gastos se destinan a la organización y logística previa del evento, el acondicionamiento inicial del espacio público, el control del acceso, la seguridad, los vallados y desvíos en el tránsito, la coordinación y asignación de personal de distintas áreas de gestión, la provisión y plantación de césped y canteros, la multiplicación de costos de mantenimiento y del servicio de barrido y recolección de residuos, la limpieza de pluviales, la reparación de daños a espacios públicos y privados, y la reposición de mobiliario urbano y luminarias vandalizados.

Como ejemplo, se citan dos eventos de gran magnitud y de relevancia nacional que tuvieron lugar a fines del año pasado: el velatorio de Diego Maradona, realizado en la Casa Rosada, y el debate por la ley de interrupción voluntaria del embarazo, en el Congreso. Para la seguridad, la limpieza y el arreglo de los espacios afectados por la primera movilización, tuvieron que destinarse 8.323.000 pesos. Mientras que para el segundo fueron 8.529.00 pesos.
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En diálogo con Infobae, el diputado porteño por el partido GEN, liderado por Margarita Stoblizer, señaló: “El proyecto de ley incluye todos los eventos que tengan que ver con lo nacional o que haya organizado Nación, como el velatorio de Diego Maradona o lo que se hizo por el Bicentenario. Esos son ejemplos claros, pero una manifestación por una medida tomada a nivel nacional también está contemplada. Suponete que por una reforma provisional o porque están atrasados los pagos por ayudas sociales hay una movilización… ¿Quién es el único que puede regularizar esas cuestiones? Nación”.
“Puede suceder que en algunos casos el límite sea fino. En ese caso, la Ciudad le dirá a Nación ‘esto es tuyo’, Nación le dirá que no y ahí debatirán. Es un riesgo pero me parece que la norma general es perfectamente factible de cumplir y que en la mayoría de los casos la responsabilidad no es compartida”, detalló.
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Según el funcionario, es de suma importancia que esta ley sea sancionada en territorio porteño por la cantidad de manifestaciones que se producen en las inmediaciones de la Casa Rosada y la Legislatura, pero también le parece lógico que en las provincias o en otras ciudades se tomen medidas similares. Por ejemplo, en el marco de un corte de ruta o una marcha realizada como consecuencia de una ley nacional.

Asimismo, el proyecto contempla que el Gobierno porteño “colabora y atiende diariamente” los requerimientos de las autoridades federales (tanto para que cumplan su mandato como miembros de las Cámaras del Congreso de la Nación, como para que el Presidente, el Jefe de Gabinete y sus Ministros ejerzan sus funciones y para que los Jueces Federales y Nacionales administren la justicia, entre otras actividades) para garantizar su desplazamiento, funcionalidad y seguridad. Otro de los aspectos que debería solventar Nación en caso de que se apruebe el proyecto.
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Para el reembolso de los gastos, el ministerio de Ambiente y Espacio Público, el ministerio de Justicia y Seguridad y la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) serán los encargados de efectuar los cálculos correspondientes. La aplicación estará a cargo del ministerio de Economía de la Ciudad.
Asimismo, el proyecto faculta a ambos ministerios nacionales y a la administración a “dictar las normas complementarias para la determinación de circunstancias, eventos, plazos, formas de ingreso, presentación de declaraciones, documentos, intereses, actualización, establecer anticipos y demás aspectos vinculados a la obligación del reembolso”.
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Concluye Abrevaya: “Este proyecto no es consecuencia de la quita de fondos a la Ciudad porque es un tema que está presente hacer rato. Pero sin dudas el apremio que eso te produce te obliga a hacerlo con más rapidez. Como autonomista que soy, hace rato que creo que hay que ordenar el tema de las cuentas. Ahora le pongo más fuerza porque a la Ciudad le están sacando plata por todos lados, aunque no es la primera vez, sino la cuarta: pasó con el subte, con la Policía y el Banco Ciudad. Hay tantas cuentas que quieren regularizar de manera unilateral, que deberíamos regularizar otras cosas también”.
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